Invisibles tras los muros de la cárcel

Mar es funcionaria de prisiones desde hace 21 años. Vigila los módulos y los patios de la cárcel de Ocaña I, un pequeño presidio en la provincia de Toledo en el que están recluidos cerca de 450 internos. Su trabajo ha sido catalogado por el Gobierno como esencial, aunque es invisible para gran parte de la sociedad. Desde que se decretó el estado de alarma, dos cosas llaman la atención de Mar al llegar a su puesto de trabajo: un olor a lejía más intenso de lo que era habitual y la mayor distancia que todos, presos y funcionarios, mantienen entre sí. “Lo primero que hacemos es desinfectar todo con lo que vamos a tener contacto: cerrojos, teléfonos, las llaves…”, señala. Esta funcionaria asegura que los presos han estado “inquietos” —el jueves se produjo un conato de plante en esta cárcel—, sobre todo durante los primeros días del aislamiento, justo después de prohibirse a mediados de marzo visitas de familiares y permisos de salida. “Estamos haciendo una importante labor didáctica con ellos”, señala.

Ella es una de los cerca de 24.000 trabajadores penitenciarios que se encargan de custodiar a 50.800 reclusos en las cárceles dependientes de Interior. Hasta el pasado miércoles, se habían registrado 185 positivos por coronavirus entre los funcionarios y 21 más entre los reclusos. Una interna de la prisión de Estremera (Madrid) y un funcionario de la de Fontcalent (Alicante) han fallecido. Además, alrededor de 810 trabajadores penitenciarios y 390 reclusos están bajo observación médica o cuarentena, según datos oficiales. La mayor incidencia de la enfermedad entre los funcionarios que entre la población reclusa se traslada a las conversaciones entre ambos colectivos. “Muchos presos nos piden que nos cuidemos; saben que el virus lo podemos traer de fuera. Es curioso. Antes éramos nosotros los que temíamos que ellos nos transmitieran enfermedades”. Quien habla así es Juanjo, un trabajador penitenciario con 22 años de servicio ahora en la prisión de Alcalá-Meco, en Madrid. Su principal queja estos días ha sido la tardanza de Instituciones Penitenciarias en dotarles de mascarillas. También reclama que, como servicio esencial que son, se les hagan los test para detectar los contagios. “Los presos están tranquilos y no hay más conflictos que antes de la crisis, pero si esto se extiende en el tiempo y hay más contagios, no sé qué puede pasar”, señala.

Nuestro trabajo no podrían hacerlo ni policías ni militares”

dice un funcionario

Marcos está destinado en la prisión de A Lama (Pontevedra). Vigila el módulo de aislamiento, donde están los presos más conflictivos. Allí sí se ha notado “algo” un aumento de la tensión por el coronavirus. “Algunos internos lo utilizan como baza para presionarte. Te echan en cara que ya no pueden comunicarse con sus familias. Son presos que no están acostumbrados a la frustración y muchos no quieren ver lo que está pasando en España con la enfermedad”, señala. Marcos también ha tenido que cambiar sus rutinas por el virus. “Nos hemos tenido que acostumbrar a trabajar a más distancia con los otros compañeros, lo que a veces no es fácil, cuando no imposible”. Su vida privada también se ha visto afectada. “No veo a mis padres desde el 4 de marzo”, se lamenta.

Daroca (Zaragoza) es una cárcel pequeña, con algo más de 400 reclusos. Allí trabaja Daniel, funcionario de prisiones desde hace 15 años. “Al ser un centro pequeño ha sido más fácil organizarse ante el coronavirus”, asegura. Charlas a los presos para que extremen la limpieza de sus celdas y de los espacios comunes, y crear grupos de trabajo estancos para que si se detecta un infectado sea fácil limitar el contagio han sido algunas de las medidas que se han tomado en esta cárcel. “Hemos ido por delante de las decisiones de Interior”, destaca.

Daniel insiste en que su trabajo es tan invisible como imprescindible: “Muchos creen que lo podrían hacer los policías o los militares, pero no es así. Además de custodiar, hacemos una labor de reeducación que ellos no podrían asumir”, recalca. En ese sentido, admite que una de sus preocupaciones es ocupar el tiempo de los presos ahora que se han suspendido las comunicaciones con familiares, no hay permisos ni actividades educativas ni funcionan los talleres. “Por mucho que la gente lo olvide, la reinserción es la función última de las cárceles. Lo dice la Constitución”, explica.

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