Patrimonio cultural

Un tesoro de dominio público

La justicia considera patrimonio cultural 237 monedas de oro halladas en un edificio ruinoso de Valladolid

Vista del lugar donde se han hallado un número indeterminado de monedas de oro antiguas, previsiblemente del siglo XIX, en el derribo de un inmueble en Valoria La Buena.
Vista del lugar donde se han hallado un número indeterminado de monedas de oro antiguas, previsiblemente del siglo XIX, en el derribo de un inmueble en Valoria La Buena.NACHO GALLEGO / EFE

En 2016, la propietaria de una panera de Valoria la Buena (Valladolid, 640 habitantes) ordenó derribar ese almacén de grano, que sirvió de cárcel durante la Guerra Civil y que amenazaba ruina. Los operarios contratados para la demolición hallaron, escondida entre los muros de adobe bajo una escalera, una extraña vasija de la que nadie tenía constancia y que contenía al menos 237 monedas de oro. Tras cuatro años de vaivenes, la parte de ese tesoro que los operarios, vecinos del pueblo, no llegaron a gastar en burdeles cercanos ni empeñaron en establecimientos de compro oro, pasará al patrimonio cultural de la Junta de Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad considera que el conjunto pertenece al dominio público y ha apagado las aspiraciones de la familia dueña del inmueble, que reclamaba las monedas por haber sido encontradas en su propiedad.

Las monedas, de “indudable valor histórico”, según la sentencia, se acuñaron entre 1773 y 1882, durante los reinados de Carlos III, Carlos IV, Isabel II y Alfonso XII. Uno de los obreros, arrepentido, confesó la apropiación a uno de los dueños de la vieja panera meses después del delito, y le entregó 199 piezas. El propietario del inmueble denunció el caso a la Policía, que se coordinó con la Guardia Civil para rescatar el resto del botín. La operación reveló fuertes desembolsos en clubes de alterne por parte de un cliente que presumía de poseer monedas antiguas y permitió localizar alguna. Los agentes peinaron los establecimientos de numismática de Valladolid y Palencia, donde los obreros acudieron para vender piezas. Asimismo, constataron que varias monedas recalaron en el mercado negro.

César Jiménez, sobrino de los propietarios, calcula que el botín ascendía a 600 monedas, pero que los posteriormente condenados por hurto se gastaron buena parte en burdeles o lo convirtieron en efectivo en casas de empeño. Jiménez recomienda irónicamente a quienes posean alhajas, que “no las guarden bajo una escalera y se mueran”: no entiende que a pesar de llevarlas a la comisaría y denunciar el hurto se las quede la Administración. La panera es suya, dice, “desde que existen registros de propiedad”.

Las monedas recalaron en el Museo Provincial de Valladolid, a cargo de la Junta. Un juzgado condenó en 2018 a los operarios. Posteriormente, el director de Patrimonio Cultural autonómico denegó que se le devolviera el oro a los Jiménez, que acudieron a los tribunales. Su objetivo frustrado: recuperarlas o que les abonaran su valor. El Museo las tasó en 65.050 euros, si bien la familia presentó un análisis pericial, rechazado después, que lo elevaba a 75.012 euros, según el precio del oro, y a 95.740 euros de valor numismático. Jiménez critica que se tasaron “por debajo del valor del oro”. Eloísa Wattenberg, directora del museo, explica que actuaron como “peritos para el juez”.

El tribunal superior autonómico considera que esta fortuna constituye dominio público e integra el patrimonio cultural de Castilla y León, sin necesidad de declararlas de interés cultural o inventariado. Según la justicia, las monedas que se ha conseguido recuperar sirven para entender los procesos de acuñación y proporcionan información sobre la economía y el comercio en Castilla.

El artículo 351 del Código Civil establece que si alguien encuentra de manera casual un “tesoro oculto” su valor debe repartirse a medias entre los propietarios del terreno en el que se encuentra y los descubridores. La ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León matiza que si aparecen de manera fortuita “objetos y restos materiales” que representen valores culturales, “en ningún caso” se aplicará dicho artículo 351.

El consuelo que le queda a la familia de Valoria supone un “premio” que otorga la consejería de Cultura y que corresponde a la mitad del valor de los objetos encontrados. Esta cantidad debería dividirse entre los propietarios y los halladores. Los Jiménez obtendrían así unos 16.000 euros. Wattemberg apunta que esa norma solo se aplica “si hay buena fe”, y que los condenados no deben recibir nada. César Jiménez se resigna: solicitarán esa cuantía, pero le dolería repartirla con quienes hurtaron la vasija escondida hace quién sabe cuánto en la vieja escalera.

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