Una senadora del PP a Irene Montero: “¿Siente usted vergüenza por compartir su vida con un machista?”

La ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, cuya pareja es Pablo Iglesias, ha recibido este martes los ataques más gruesos en la sesión de control en el Senado en vísperas de la moción de censura de Vox. “¿Va a seguir defendiendo al vicepresidente en el machismo salvaje que está llevando a cabo? Defiéndase como mujer, ponga en práctica lo que defiende en su ministerio y no ceda ante un machista. Es un escándalo que usted como ministra de Igualdad siga callada. De mujer a mujer, ¿siente usted vergüenza por compartir su vida con un machista o va a seguir callada? ¿Es usted una mujer sumisa a un macho alfa?”, le ha espetado María Adelaida Pedrosa, del PP, en el momento más caldeado en la Cámara Alta. La presidenta del Senado, Pilar Llop, ha llamado la atención a Pedrosa, a la que ha pedido que evite hacer alusiones personales y cumpla el reglamento. El PSOE ha emitido un comunicado condenando las “inaceptables” declaraciones de la senadora popular.

IRENE MONTERO responde a la SENADORA del PP: "Yo me METO en la CAMA con quien ME DA LA GANA"

La respuesta de Montero ha sido la siguiente: “Yo me meto en la cama con quien me da la gana. Se lo digo con esta claridad porque yo puedo permitírmelo, hay millones de personas que han tenido que ver frustrados sus proyectos vitales porque son ustedes unos intolerantes”. La ministra de Igualdad le ha recordado al PP y a Ciudadanos que gobiernan en Madrid, Andalucía y Murcia con el apoyo indispensable de Vox. “Al final ustedes necesitan llamar machista al Gobierno para blanquear que gobiernan con la extrema derecha y fascista que le niega los derechos a todas las personas que no piensan como ellos”.

El PP justifica su estrategia en la petición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que a principios de octubre elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que solicitó que se investigue al vicepresidente segundo por el caso Dina, la pieza del caso Villarejo que versa sobre el supuesto robo del móvil de una antigua colaboradora del líder de Unidas Podemos. El magistrado atribuye a Iglesias los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con “agravante de género”, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito. Montero ha subrayado que el contenido del móvil de Dina Bousselham apareció en un registro policial al comisario José Manuel Villarejo.

Vox ha enturbiado aun más el ambiente previo a la moción de censura que la ultraderecha defenderá en el Parlamento tildando a Pablo Iglesias de “matón de barrio”. El vicepresidente segundo del Gobierno ha concentrado las cargas del PP y del partido de Santiago Abascal al Ejecutivo en la sesión de control en el Senado. “Es usted un embaucador”, “se ha propuesto convertir España en la Venezuela europea” y “con sus palabras practica el matonismo barriobajero” han sido algunas de las palabras que le ha dedicado el senador ultra José Manuel Marín al líder de Podemos. “Si cree que este Gobierno va a entrar en la inmundicia en la que ustedes quieren convertir las instituciones democráticas se equivocan”, ha esgrimido Iglesias, quien, según VOX, quiere “traer una dictadura”.

El PP ha incidido en el frente judicial de Podemos tras la petición a mediados de octubre del juez del caso Dina de que el Tribunal Supremo investigue a Iglesias por denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos y delitos de daños informáticos. “Si usted no estuviera aforado estaría imputado. ¿Sí o no a los aforamientos, señor Iglesias? ¿Quién es, el de Vallecas o el de Galapagar? Se ha convertido usted en lo que criticaba”, le ha espetado María Salom. “Podemos, con el beneplácito del PSOE, está invadiendo todo el poder del Estado para beneficiarse. Usted está empobreciendo a España con el beneplácito del PSOE de Pedro Sánchez”, ha zanjado la senadora popular.

Iglesias se ha mostrado confiado de que el recorrido judicial del caso Dina y otras investigaciones abiertas como el de la presunta financiación ilegal de Podemos terminen en nada: “[El resultado] va a ser el mismo del de todas las acusaciones que hemos recibido todos estros años”. Anticorrupción se opone a que se abra una investigación contra Iglesias en el Supremo. El juez también ha dado carpetazo a una de las líneas de investigación abiertas contra Podemos en el caso Neurona. “Nos acusan de cuentas en paraísos fiscales, de financiación irregular, de obras ilegales en nuestra sede, de destrozar a martillazos material informático, de machismo... Ustedes me están acusando de ser un dirigente del PP. Yo no soy perfecto, pero no soy un dirigente del PP”, ha replicado Iglesias en una referencia implícita a los escándalos de corrupción que ha protagonizado el PP como Gürtel y los Papeles de Bárcenas. “Se cree el ladrón que son todos de su condición”, ha rematado Iglesias.

La propuesta de elección de los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por mayoría absoluta en segunda votación en vez de por los tres quintos vigentes ha sido el otro punto de fricción entre el PP y el Gobierno. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha insistido en que “la independencia judicial no está en juego”, después de que el senador Francisco Martín calificase al PSOE de “caníbal de la democracia” y al propio ministro de “Terminator de la Justicia” por el cambio legal que impulsan los dos socios del Gobierno. “El Poder Ejecutivo está usando al Poder Legislativo para tomar por asalto al Poder Judicial, y a eso se le llama hacer trampas al más puro estilo de los tahúres del Misisipi”, ha afirmado el dirigente del PP. Al ser una proposición de ley, impulsada en el Congreso, y no un proyecto de ley del Ejecutivo, no son necesarios los informes preceptivos al Poder Judicial, al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado. El Gobierno alega que el PP impide la renovación del órgano desde hace dos años. “Han abocado al país a una crisis institucional con el bloqueo a la renovación del CGPJ. En una democracia hay que buscar salidas a los problemas”, ha observado Campo. “La independencia judicial no está en juego pero sí la credibilidad de las instituciones y del Estado, y es su obligación, como la nuestra, contribuir al funcionamiento del Estado”, ha concluido.