Anticorrupción se opone a que se abra una investigación contra Iglesias en el Supremo

Balón de oxígeno para Podemos en el caso Dina. Según confirman fuentes jurídicas, la Fiscalía Anticorrupción ha enviado una nota interna a sus homólogos del Tribunal Supremo donde manifiesta su rechazo a abrir una investigación en este tribunal contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de la formación, Pablo Iglesias. Este posicionamiento se conoce después de que el magistrado Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, remitiese la pasada semana la exposición razonada donde pedía imputar al dirigente político por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con “agravante de género”, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito.

El punto de vista de Anticorrupción tiene importancia: es el organismo que ha investigado el caso Dina, una de las piezas separadas del macrosumario de la Operación Tándem, donde se cercan los presuntos negocios ilegales del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde 2017. Pero su opinión no resulta determinante, pues corresponde a los miembros de la Fiscalía del Supremo elaborar el informe final que se enviará al alto tribunal para expresar la posición del ministerio público sobre si se debe abrir una causa a Iglesias o, en cambio, dar carpetazo directamente a la exposición razonada del juez. En ese sentido, precisamente, fuentes jurídicas detallan que Anticorrupción ha enviado esa nota a sus homólogos después de que ellos se lo pidieran.

García-Castellón, que acusa a Iglesias de inventarse una conspiración para presentarse como víctima en el caso Dina abierto en la Audiencia Nacional, planteó la existencia de cuatro posibles delitos. Anticorrupción ya había rechazado que algunos de ellos —el de descubrimiento y revelación de secretos, y el de daños informáticos— tuviesen recorrido. El primero requiere una denuncia previa de la víctima, que en este caso sería Dina Bousselham, la antigua asesora de Iglesias que denunció el robo de su móvil en 2015 y su posterior difusión en varios medios de comunicación, como Okdiario. Y, según el ministerio público, la ex colaboradora de Iglesias ya ha manifestado en varias ocasiones su intención de no ejercer la acción penal contra su ex jefe, pese a que este guardó la tarjeta de su teléfono durante seis meses después de que la recuperara a través de la revista Interviú.

Respecto al delito de daños informáticos, Anticorrupción también duda desde hace tiempo que existan indicios suficientes contra el vicepresidente. De hecho, un informe de la Policía Científica concluyó que la tarjeta bajo sospecha presentaba un daño externo, pero todo apunta a que ese deterioro se corresponde con el “lijado” que le hizo una compañía especializada para intentar rescatar la información que contenía el dispositivo.

Sobre los últimos dos delitos (denuncia falsa y simulación de delito), esta Fiscalía también cree que aún no se ha terminado de aclarar ese asunto, que se apoya en la declaración de José Manuel Calvente, un antiguo abogado de Podemos enfrentado con la cúpula, que afirma que el partido celebró una reunión para urdir un “montaje” y presentarse como víctima. En todo caso, apostilla el ministerio público, le correspondería a un juzgado ordinario hacer las primeras pesquisas y ver si apuntan a Iglesias o al resto de señalados por el juez: a la propia Bousselham; a su pareja en el momento del robo, Ricardo Sa Ferreira; a Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso y exresponsable del equipo jurídico del partido; o a dos de sus letrados, Marta Flor y Raúl Carballedo.