Dos semanas para desactivar la bomba política de Madrid

En público, el Gobierno traslada la imagen de que la crisis de Madrid está en vías de solución gracias al estado de alarma. Pero en privado, varios ministros y miembros del Ejecutivo consultados asumen que el debate interno y la preocupación es creciente porque el problema político que tiene el Gobierno en Madrid no ha hecho más que empezar.

La capital, y sobre todo su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, que fue un hombre clave del aznarismo son, en la interpretación de varios ministros, una bomba de relojería política que puede estallar en cualquier momento. Y el Gobierno no tiene buenos instrumentos para controlarla. Ni jurídicos —España es un Estado cuasi federal— ni políticos.

En La Moncloa se muestran mucho más confiados, creen que el Gobierno tiene muchas fórmulas para regular una situación así y, sobre todo, están convencidos de que Ayuso se ha equivocado completamente y notará el desgaste, que ya se detecta en algunas encuestas recientes. Pero otros miembros del Ejecutivo tienen muchas más dudas y creen que Ayuso puede lograr arrastrar al Ejecutivo a una imagen de descrédito generalizada de la política que también empiezan a detectar varios sondeos.

El Gobierno ha cerrado filas por completo ante la necesidad de tomar el control de la pandemia en su epicentro europeo y salvar vidas, pero eso no implica que no haya dudas sobre cómo afrontar la larga batalla política que plantea el Gobierno de Madrid. El horizonte de un posible adelanto electoral, que Ayuso podría precipitar para reforzar su posición frente a Ciudadanos, está en la cabeza de muchos. Pero la mayoría de los miembros del Gobierno consultados creen que finalmente no llegará a tanto porque es una maniobra demasiado arriesgada para el PP, que mantuvo la Comunidad por un estrecho margen de cuatro escaños en los que los 26 de Ciudadanos y los 12 de Vox son imprescindibles para gobernar.

El Gobierno ha logrado ahora dos semanas de margen, lo que dura el estado de alarma. Salvador Illa, el ministro de Sanidad, ha trasladado a los demás ministros que está convencido de que las cifras bajarán lo suficiente en este tiempo como para no necesitar una prórroga. ¿Pero qué pasa si eso no sucede? El escenario de un nuevo calvario en el Congreso para aprobarlo es un mal sueño para todos después de la agónica búsqueda de votos de mayo. Un auténtico infierno parlamentario que el Ejecutivo evitará. De hecho, La Moncloa ya está buscando fórmulas a través de la ley de 1986 para evitar esa prórroga. Aunque el problema llega siempre al mismo sitio: si Madrid no colabora, y ya está asumido que no lo hará, nada es seguro.

La crisis de Madrid se ha gestionado entre muy pocas personas, como es habitual en el Gobierno de Sánchez. En el momento crítico, cuando se decidió aplicar el estado de alarma ante la resistencia de Ayuso a retomar las medidas que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había tumbado, el presidente, recién aterrizado desde Argelia, estaba con los más cercanos: la vicepresidenta Carmen Calvo, el propio Illa, Iván Redondo, su jefe de Gabinete, y Félix Bolaños, secretario general de Presidencia. Por teléfono avisó a Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, la otra pata de la coalición. Pocos más compartieron esa decisión trascendental.

Casi toda la crisis se ha llevado así, desde La Moncloa, a toda velocidad, sin mucho debate interno. Sin embargo, en el Consejo de Ministros que lo aprobó, el viernes, sí hubo un debate profundo, sobre todo jurídico pero también político, aunque dentro del cierre de filas que domina el ambiente interno del Ejecutivo de coalición durante la pandemia. Iba a ser una reunión de trámite, sin el presidente, y finalmente duró dos horas. Varios ministros temen que Ayuso utilice el estado de alarma para eludir su responsabilidad y culpar al Ejecutivo de todo lo que pase. Incluida la crisis económica que se avecina en Madrid.

Después de un intenso debate jurídico, finalmente, el Gobierno ha optado por dejar la autoridad de una forma muy difusa en el artículo 4 del decreto: “A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno”. No el ministro de Sanidad, ni cuatro ministros, como en el corazón de la pandemia. Y sobre todo decidió dejar intactas las competencias de Madrid. Eso es lo que preocupa a varios miembros del Ejecutivo: que la pandemia sigue en manos de Ayuso —los rastreadores, los test, el seguimiento, las decisiones clave— y no pueden hacer nada para mejorar la gestión. Y, sin embargo, Madrid dirá que están intervenidos y todo es responsabilidad del Gobierno.

En algunos sectores del Ejecutivo hay dudas sobre la decisión inicial de acercarse tanto a Ayuso, con la famosa fotografía de las 24 banderas en la Puerta del Sol. Creen que se ha permitido a la presidenta y su gurú Rodríguez que arrastren a su pelea política al presidente y al ministro Illa, ahora convertido en la diana de la oposición. “Ayuso no es Merkel. Y se la trató como si lo fuera. Era mejor proteger al presidente y no permitir que lo bajen a ese barro”, señala un ministro. “Hemos sido un poco ingenuos. Estaba claro que ellos iban a liarla así. Y se lo pusimos fácil. Se podía haber actuado antes”, remata otro.

Sin embargo, otros creen que era imprescindible intentar un acuerdo. La foto de las banderas, explican, llegó después de que el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, pidiera a La Moncloa un acuerdo. Los que defienden la estrategia seguida creen que ha quedado muy claro quién quería un pacto y quién lo ha boicoteado.

El problema de fondo es que la crisis no ha desaparecido. Ni la sanitaria ni la política. Madrid sigue siendo la madre de todos los conflictos. Y el riesgo de que Ayuso la agrave aún más con una convocatoria electoral “contra Sánchez” inquieta en algunos sectores. “Corremos el riesgo de ayudarla a convertirse en la heroína de la derecha, está buscando ocupar el espacio de Vox”, analiza un miembro del Ejecutivo.

Otros están mucho menos inquietos. Creen que es imposible que Pablo Casado permita a Ayuso ir a elecciones porque serían unos comicios “contra Ciudadanos” —el principal perjudicado— y pondrían en riesgo no solo el Gobierno de Madrid, la joya de la corona, sino todos los que dependen del partido de Inés Arrimadas. Demasiado en juego incluso para personas tan imprevisibles como Ayuso y Rodríguez.