La exalcaldesa de Alicante niega haber favorecido a un constructor en el plan urbanístico: “No logró nada”

La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo nunca validó ninguna de las alegaciones al plan urbanístico (PGOU) de Alicante presentada por el empresario Enrique Ortiz. Sí que informó al constructor de todos los aspectos del trazado urbanístico que se estaba desarrollando, siempre que tuvieran que ver con él, porque según la ley autonómica, como agente urbanizador se convertía en agente público. Y nunca recibió regalos a cambio de favorecer los intereses del magnate alicantino. Castedo no se ha movido ni un milímetro de las tres patas de su argumentación durante su comparecencia ante el tribunal que juzga el presunto amaño del PGOU, que tuvo lugar este jueves en la Audiencia de Alicante.

Fiel a su imagen de carácter fuerte y, hasta cierto punto, bronco, Castedo ha respondido a las preguntas del fiscal, Felipe Briones, con la misma condición que puso Ortiz en su intervención: nada de hablar de las conversaciones telefónicas aún pendientes de validación por parte del tribunal. Sobre ella pesa una petición de diez años de cárcel por los delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias, al igual que sobre su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi. Y en su comparecencia, se ha aferrado a dos ideas principales para desmontar la acusación.

La primera, que Ortiz nunca obtuvo favor alguno. “¿Qué apaño puede haber si desde 2010 y hasta ahora, el PGOU está como en 1987?”, se pregunta Castedo. Admite que trató con el promotor asuntos que la sitúan en el punto de mira de la investigación, como la rehabilitación del estadio Rico Pérez y diferentes proyectos urbanísticos de la ciudad. Aunque subraya que, en el caso de que el promotor hubiera tratado de influir en sus decisiones, “todo le salió mal”. Es más, asegura que, en el caso de que hubiera salido adelante el PGOU, que finalmente desestimó el Ayuntamiento ante el escándalo generado, constructor habría perdido poder. “Con el plan de 1987 [aún vigente], Enrique Ortiz controla el 70% del suelo de Alicante; con el nuevo, habría pasado a controlar el 30%”, asevera.

La segunda idea estriba en que no pudo dar información privilegiada en ningún caso al promotor alicantino, con quien admite tener una “relación de trato familiar” que viene de largo. Y con quien no tenía más remedio que reunirse permanentemente porque Ortiz “estaba al frente de varias concesiones municipales, era agente urbanizador de varios planes y dueño del Hércules”. Reconoce que le trasladó información y documentación del PGOU relativa a los proyectos en los que Ortiz era urbanizador. Pero se ampara en la normativa autonómica. “Según el artículo 119 de la ley valenciana”, puntualiza, “el agente urbanizador de un plan se convierte en administración”. Es decir, en agente público que, por tanto, tenía que estar al corriente de todo, asegura. Pero niega que fuera información reservada. “En ese caso, no se habrían desestimado todas las alegaciones de Ortiz por las que se me acusa”, repite.

En tercer lugar, Castedo se ha pronunciado, a preguntas del fiscal y de su propio abogado, José María Asencio, en torno a los regalos que Ortiz pudo hacerle para ganarse el amaño del PGOU. Fue a Andorra con Ortiz, amigos y familiares, pero se pagó el viaje. El Mini Cooper que recibió una amiga suya se lo compró el marido de esta a Ortiz. Pidió “a Ortiz y a otros empresarios de la ciudad” con gran capacidad de contratación que ayudaran a “personas que estaban atravesando situaciones límite en plena época de crisis”. Eso no quiere decir que el favor tuviera una contraprestación delictiva, añade. Y, finalmente, fue a Ibiza en yate invitada por Ortiz. “Visto ahora, si llego a saber que esa invitación iba a considerarse un delito, no habría tenido ninguna necesidad de aceptarla”, manifiesta.