Corrupción

Los principales acusados por el amaño del plan urbanístico de Alicante se acogen a su derecho a negarlo todo

El empresario Enrique Ortiz y el exalcalde Luis Díaz Alperi desmienten ante el tribunal el intercambio de dinero y regalos a cambio de favores en el PGOU alicantino

La exalcaldedsa de Alicante Sonia Castedo a su llegada a la Audiencia Provincial para la reanudación del juicio por el presunto amaño del PGOU (Plan General de Urbanismo de Alicante) entre 2008 y 2010, una de las ramas del denominado 'caso Brugal'.
La exalcaldedsa de Alicante Sonia Castedo a su llegada a la Audiencia Provincial para la reanudación del juicio por el presunto amaño del PGOU (Plan General de Urbanismo de Alicante) entre 2008 y 2010, una de las ramas del denominado 'caso Brugal'.Morell / EFE

Dos de los principales acusados en el juicio sobre el presunto amaño del plan urbanístico (PGOU) de Alicante, el exalcalde Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz, se han acogido al derecho a negarlo todo en su comparecencia ante el tribunal."No, nunca, en ningún caso, de ninguna manera" han sido sus respuestas más repetidas. Alperi, de manera escueta y solo a preguntas de su abogado. Ortiz, en una declaración más extensa frente al fiscal.

El fiscal del caso, Felipe Briones, ha tenido que eludir cualquier mención a las escuchas, cuya validación en el juicio sigue pendiente de la decisión del tribunal presidido por la magistrada Montserrat Navarro. Bajo esa premisa, Briones ha decidido ir de frente. Y Ortiz ha asegurado que del presunto amaño del PGOU se enteró por la prensa. “Nunca me han dado ningún plano, ni Sonia [Castedo] ni Luis [Alperi] ni ningún técnico del Ayuntamiento”, sostiene. Sí admite que presentó alegaciones al plan, que fueron rechazadas. “Pedir no es delito, el delito sería que me lo dieran”, ha declarado.

El magnate urbanístico, el mayor propietario de suelo de la ciudad, subraya que ninguna de las operaciones por las que se sienta en el banquillo salió adelante. Ni el proyecto de reforma del estadio Rico Pérez, de cuyo equipo titular, el Hércules CF, es propietario, ni el del plan Rabasa, ni el APA-9, ni el PAU 3, ni la Ciudad de la Economía que nunca se construyó. Todos ellos, planes que pasaron por la mesa en que se tramitaba un PGOU que, finalmente y tras el escándalo que desembocó en el juicio, también quedó definitivamente anulado.

En el ámbito estricto del ladrillo, Ortiz ha aleccionado al tribunal sobre cómo funciona su negocio. “La iniciativa privada siempre va por delante de la administración”, señala. “Tenemos más medios que el Ayuntamiento, que carece de personal para elaborar informes, [la concejalía de] Urbanismo es un desastre”. Con esa documentación, prevén antes que los redactores urbanísticos municipales lo que va a pasar. “Cuando compramos suelo, el propietario ya sabe lo que vende”, indica. Eso sí, siempre, cuando la calificación del terreno ya se conoce por un avance público del contenido de un plan. “Si los empresarios fuéramos al ritmo de la administración, estaríamos muertos”, afirma.

El siguiente capítulo de su declaración ha sido el de los regalos. No pagó los viajes de Castedo a Ibiza y Andorra, en los que él la acompañó. No pagó el vuelo de Alperi a Creta. “De hecho”, recuerda, “se lo pagó un amigo suyo y en vez de esta persona, aquí estoy yo sentado en el banquillo”. No le regaló un Mini Cooper a una empleada municipal, amiga de Castedo. “El coche era mío y decidieron regalárselo Sonia y sus amigos, que me lo compraron por cinco o seis mil euros”, relata. Sí ha admitido que ha “contratado a personas recomendadas por todos los partidos políticos” de la ciudad, Castedo incluida, “gente necesitada que no tenía para comer”. Y que, aunque Alperi le pidió que ayudara a su hijo, lo único que hizo fue “darle un préstamo de 30.000 euros” para que montara una empresa. “Me dijo Luis [Alperi] que desde que dejó de ser alcalde, no le hacía caso nadie”.

Tranquilo, con camisa blanca sin corbata y la mascarilla quirúrgica en la mesa junto a una botella de agua, Ortiz se ha negado a declarar nada más, salvo a puntualizar algún detalle junto a su defensor, Francisco Ruiz Marco. No ha comentado las escuchas porque “están incompletas y llevan a conclusiones erróneas” ni ha aludido al pacto al que llegó con la Fiscalía, en el que admitía todos los cargos a cambio de una multa y una sustanciosa reducción de pena, de ocho a dos años, y del que finalmente se retractó. Quien sí ha reconocido un acuerdo similar es el empresario Ramón Salvador, que se ha ratificado en la declaración prestada con la que valida la comisión de todos los delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias que pueden costar diez años de prisión a los exalcaldes y ocho a Ortiz.

Mucho más directa y breve ha sido la intervención de Alperi. Su abogado, Vicente Grima, le ha lanzado bolas blandas y el exalcalde las ha bateado todas. Ni favoreció a Ortiz ni influyó en sus técnicos, ni ha entregado planos o fichas de terrenos, ni ha recibido regalos, ni ayuda para el alquiler o compra de las viviendas de sus hijos. Solo se ha extendido a la hora de explicar si disfrutó de algún palco en el estadio del Hércules. “Tuve intención de comprar uno pero luego no se materializó”, ha respondido. Del resto de acusados, Virgilio Ortiz, hermano y empleado del promotor urbanístico, se ha acogido a su derecho a no declarar. La intervención de otro trabajador de una firma de Ortiz, Santiago Bernáldez, ha puesto fin a la sesión, que continúa mañana con el interrogatorio de Castedo, el empresario Pablo Rico y los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa.

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