Las defensas de los exalcaldes de Alicante ven irregularidades en la causa que los acusa de corrupción

La segunda sesión del juicio sobre el presunto amaño del plan urbanístico (PGOU) de Alicante, en el que asisten como principales encausados los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo y el empresario Enrique Ortiz, ha seguido el curso establecido en la vista inicial. Las defensas solicitan la anulación de las escuchas telefónicas que desvelaron la presunta trama de corrupción urbanística. Se basan, sobre todo, en el fallo que anuló los pinchazos del caso Brugal, del que nace esta pieza separada del PGOU de Alicante. Sin embargo, la magistrada del tribunal Montserrat Navarro ha recordado a los abogados que esta sentencia aún no es firme. Y, por tanto, no puede darse como válida en este proceso.

Las intervenciones telefónicas son fundamentales en este juicio. En ellas, quedan reflejadas conversaciones en las que, a juicio del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, se demuestra que Alperi y su sucesora al frente de la alcaldía alicantina, Castedo, supuestamente manejaron el plano del plan urbanístico a favor de Ortiz, el mayor propietario de suelo de la ciudad. A cambio, el constructor les daba dinero en metálico, viajes con gastos pagados a destinos como Creta, Ibiza o Andorra e incluso regalos como un vehículo marca Mini Cooper. La Fiscalía pide 10 años de prisión para los dos exalcaldes y ocho para Ortiz, por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias.

Los pinchazos y sus transcripciones desestabilizaron el Gobierno municipal de Alicante. Castedo dejó la vara de mando cuatro años después de que aparecieran, acosada por la presión política y judicial y a las puertas de las elecciones de 2015, en las que el PP perdió el poder tras dos décadas de mayorías absolutas. Y el plan urbanístico de la ciudad en liza fue desechado finalmente y sustituido por otro que actualmente está en fase de redacción. Junto a los tres protagonistas, también se sientan en el banquillo el hermano de Ortiz, Virgilio, y uno de sus empleados, Santiago Bernáldez, los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo —este último hermano de la exalcaldesa—, y los empresarios Ramón Salvador y Pablo Rico.

Con las transcripciones de estas conversaciones en la mano, entre otras bazas, Briones llegó a alcanzar un acuerdo con Ortiz, quien llegó a reconocer todos los hechos a cambio de una reducción de penas de ocho a dos años de cárcel, más una multa cercana a los 900.000 euros. Sin embargo, la sentencia de las basuras de Orihuela, la semilla de toda la trama Brugal, declaró nulas las escuchas por subrepticias y manipuladas, según han recordado varios de los defensores en la vista de hoy. Por tanto, las que vinieron a su rebufo, como las del caso PGOU, también son ilegales, en su opinión. Los 34 acusados de Orihuela fueron absueltos e, inmediatamente, Ortiz se desdijo del acuerdo con Briones.

Defensa de Alperi ve presuntas irregularidades en la instrucción sobre PGOU

Las defensas, no solo de los tres principales acusados, sino también las de los otros seis encausados, se han aferrado a esta sentencia, lo que ha obligado a la magistrada a recordarles que no es firme. Sin embargo, no ha sido su único argumento. En varias ocasiones han señalado que este juicio recuerda al caso Naseiro, en el que la anulación de unas escuchas condujo al sobreseimiento de la causa que juzgaba la presunta financiación irregular del Partido Popular que presidía entonces José María Aznar. También han tratado de echar por tierra la instrucción misma, que ha pasado por varios juzgados provinciales, la investigación policial e incluso los propios DVD en los que están grabadas las conversaciones presuntamente inculpatorias, que las defensas consideran manipulados e incompletos.

La exposición de las cuestiones previas, en las que también se ha aprovechado para añadir pruebas testificales nuevas, ha obligado a Navarro, que preside el tribunal de la Audiencia Provincial de Alicante junto a Margarita Esquivá y Cristina Costa, a señalar una sesión que no estaba prevista en el calendario inicial. Será el 17 de julio y está destinada a las respuestas de la Fiscalía y de las acusaciones, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Así mismo, tres de las sesiones señaladas para las declaraciones de acusados y testigos se han modificado por coincidir con un señalamiento con jurado popular.