Las defensas de dos exalcaldes de Alicante piden anular las grabaciones en su juicio por corrupción

Dos exalcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y el empresario más influyente de la ciudad, Enrique Ortiz, han cruzado este martes las puertas de la Audiencia Provincial de Alicante. Sin apenas declaraciones, más que algún saludo, se han dirigido a la sala en la que empezaba el juicio en que se resolverá si los políticos amañaron la redacción del plan urbanístico de Alicante a favor del constructor. Son los tres principales protagonistas de una causa en la que hay nueve acusados en total, y se enfrentan a penas de 10 años, para los exalcaldes, y ocho, para Ortiz, por los presuntos delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias.

El ambiente enrarecido creado por la pandemia de la covid-19 ha marcado el que tenía que haberse convertido en el juicio más multitudinario celebrado en la Audiencia Provincial de Alicante. Sin embargo, en una sala presidida por las magistradas Montserrat Navarro, Margarita Esquivá y Cristina Costa, mascarillas, cintas de plástico para garantizar el distanciamiento social, micrófonos protegidos con bolsas y la difusión telemática de la vista para los medios han sido los protagonistas involuntarios de una jornada en la que se han cambiado los papeles. Las acusaciones se han convertido en defensoras de la celebración del juicio en sí mismo y las defensas han tratado de desmontar el entramado de la instrucción y la investigación para anularlo.

Nada fuera de lo esperado en un proceso que nació hace más de una década fuera de Alicante, pero que pone la lupa sobre la redacción de un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para la ciudad. Como en el efecto mariposa, el aleteo de unas conversaciones telefónicas en Orihuela, donde presuntamente se intentaba conceder a dedo una contrata de recogida de basuras, desencadenó un tsunami a 60 kilómetros más al norte, en la capital de la provincia, donde supuestamente Alperi y Castedo entregaban el plano de las parcelas, urbanizables o no, al principal propietario de suelo de Alicante, Ortiz. Con licencia para pintar y repintar, calificar y recalificar a su antojo, a cambio de dinero en metálico, viajes con gastos pagados a Creta, Andorra o Ibiza y hasta un vehículo modelo Mini Cooper.

La primera sesión del juicio, dedicada a las cuestiones previas, no ha cesado de cubrir el itinerario, judicial en este caso, entre Alicante y Orihuela. Los abogados defensores de los acusados han acudido al origen mismo de la investigación para socavar toda la instrucción. Primero, por el conflicto de jurisdicciones de las distintas salas que se han ido encargando del caso en todos estos años, entre los juzgados de Orihuela, la Audiencia de Alicante e, incluso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), dado que tanto Castedo como Alperi fueron, en su momento, diputados autonómicos. No obstante, el mayor muro de contención de las defensas se erige frente a una investigación llena de escuchas telefónicas que ellos entienden como ilegales.

Un pinchazo realizado por la Policía durante las pesquisas relacionadas con el caso de las basuras oriolanas fue el que derivó en toda una trama de presunta corrupción política conocida como caso Brugal, en el que estaban inmersos los principales dirigentes del Partido Popular (PP) de la provincia. Los agentes fueron extendiendo su red de escuchas hasta llegar al teléfono de Ortiz. Y de todo su entorno, sus familiares, amigos, empleados, colegas y Alperi y Castedo incluidos. Hasta veinte piezas separadas han brotado del mismo origen.

Las defensas han incidido en que estas intervenciones telefónicas no son válidas. Principalmente, porque el pasado 10 de junio, el semillero de pinchazos del que nacieron todas las demás fue anulado por la sección séptima de la misma Audiencia Provincial que dirime ahora este juicio. Los 34 acusados, todos, del caso de las basuras, incluidos dos exalcaldes oriolanos del PP, José Manuel Medina y Mónica Lorente, fueron absueltos por la irregularidad de las escuchas. Y en esa decisión se han escudado las defensas. Si la primera intervención no vale, cualquier otra que nazca de ella también es nula.

Dicha sentencia es, además, la bisagra sobre la que gira la argumentación del fiscal y de la acusación particular. En abril, Ortiz, llegó a un acuerdo con la Fiscalía por el que reconocía todos los hechos que se le imputan a cambio de una rebaja considerable de petición de pena, de ocho a dos años de prisión. Y de una multa que rondaba los 900.000 euros. El constructor alicantino admitía de esta forma la corrupción de Alperi y Castedo, casi veinte años de gobierno municipal entre los dos, a los que habría ofrecido dinero y regalos. El camino se allanaba para un fallo acusatorio. Hasta la sentencia de las basuras. En cuanto Ortiz supo de la absolución de la trama oriolana, se desdijo de su pacto. Fiscal y acusaciones han empezado la jornada de hoy cimentando este documento. Fue suscrito con todas las garantías legales y con todos los requisitos exigibles. Luego, a su juicio, sigue siendo válido. Y elocuente.

Sin embargo, tanto Ortiz como su hermano Virgilio y un empleado, Santiago Bernáldez, también acusados, se han retractado de su confesión. No lo ha hecho, sin embargo, otro empresario, Ramón Salvador, que en un acuerdo similar, asumió una condena de tres meses de prisión y una multa de 14.500 euros por reconocer el amaño. Junto a ellos, también están encausados el constructor Pablo Rico y dos abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa. Todos ellos han acudido a la sesión de hoy, la primera de un calendario fijado hasta el 12 de noviembre, y no volverán hasta la próxima, prevista para el 7 de julio.