Guerra interna en la Fiscalía tras las acusaciones del ‘número dos’

La guerra interna se ha desatado en el ministerio público, una batalla larvada desde el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, que los miembros conservadores de la carrera y la derecha política interpretaron como una operación para ponerla al servicio del Gobierno. El informe que desestimó secundar las querellas por la gestión del Ejecutivo ante la pandemia, y las posteriores acusaciones de su autor, el número dos de la carrera, Luis Navajas, contra algunos compañeros han prendido ahora la chispa del enfrentamiento.

De la gravedad de la situación da idea el comunicado difundido este jueves por la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, de tendencia conservadora, que arremete con dureza contra Dolores Delgado y sostiene que “nunca se ha dado una situación como la actual, con el mayor descrédito de la carrera fiscal”. La asociación lo atribuye al “nombramiento, sin solución de continuidad, de la diputada del PSOE y ministra de Justicia como fiscal general”.

El texto constituye una cerrada defensa de Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, dos fiscales del Tribunal Supremo definidos por Navajas como “contaminados ideológicamente” y que, según él, le presionaron para que se sumase a las querellas presentadas contra el Gobierno por entidades privadas, particulares y Vox. Según Navajas, un fiscal de larga trayectoria, a punto ya de la jubilación, ambos le advirtieron de que se estaba jugando su prestigio profesional. En esas querellas se acusaba al Gobierno de delitos como omisión del deber de socorro e incluso homicidio. La Inspección de la Fiscalía ha abierto unas diligencias informativas preliminares para investigar las declaraciones de Navajas a los medios y decidir si debe instruirse un expediente disciplinario.

La apertura de esa investigación, relacionada con dos miembros de la carrera situados en posiciones conservadoras —Madrigal fue fiscal general del Estado con el PP—, ha encrespado los ánimos. Para la Asociación de Fiscales la actuación que habría que investigar es, por el contrario, la de Navajas por sus “descalificaciones y falta de consideración hacia sus compañeros”. Ante eso, añade la asociación, la fiscal general ha mantenido un “intolerable” silencio. Navajas se hizo eco también de los comentarios de un exabogado de Podemos que atribuyen, sin aportar pruebas y a pesar de que la Fiscalía General del Estado ha archivado ya tres quejas a este respecto, una relación al fiscal anticorrupción Ignacio Stampa con la letrada de la formación política Marta Flor, ambos personados en la instrucción del llamado caso Dina. “Cuando me enteré [de esa supuesta relación] me dio asco”, declaró el teniente fiscal del Supremo en una entrevista con Ok Diario.

El conflicto también tiene raíces en lo sucedido durante el juicio del procés. Dos de los cuatro fiscales que actuaron en la causa contra los líderes independentistas catalanes fueron Madrigal y Cadena, que, como el resto, mantuvieron la acusación de rebelión posteriormente desechada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Era una tesis controvertida en el ámbito jurídico y que tampoco suscitaba unanimidad en la Fiscalía. El propio Navajas ha revelado ahora que él no compartía que los hechos fuesen tipificados como rebelión, pero que aun así apoyó a sus compañeros por lealtad con el principio de unidad de acción del ministerio público. La acusación de rebelión fue impulsada por el fallecido fiscal general José Manuel Maza, nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras la llegada de los socialistas al poder, los fiscales mantuvieron ese criterio mientras la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, defendió una acusación por sedición —que fue finalmente el delito por el que condenó el alto tribunal—.

Dolores Delgado se impuso como fiscal general la tarea de hacer valer su autoridad al frente de la institución apelando a los dos grandes principios del estatuto del ministerio público, la dependencia jerárquica y la unidad de acción. En su equipo son mayoría los miembros que pertenecen, como ella, a la Unión Progresista de Fiscales. Lo que ahora está en juego es ver si lo conseguirá o si se va a instalar en la Fiscalía una situación de cisma con un núcleo crítico permanente.

El sector conservador intentó someter la discusión sobre las querellas contra el Gobierno por la pandemia a lo que decidiese la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano consultivo. La cúpula de la Fiscalía General del Estado interpretó desde el principio esta propuesta como un subterfugio para condicionar a Delgado e imponer la decisión de los conservadores de actuar contra el Gobierno. La convocatoria de dicha Junta no es preceptiva para adoptar decisiones procesales, como en este caso, y de hecho hay numerosos ejemplos de asuntos polémicos para los que no se convocó.