El día que Luis Navajas levantó la voz

Hasta el pasado lunes, todos en la Fiscalía sabían que Luis Navajas (Granada, 71 años) jamás había levantado la voz y estaban convencidos de que nunca lo haría. Por eso, la sorpresa y la incredulidad acompañaron a la difusión de las declaraciones del teniente fiscal del Tribunal Supremo, número dos del ministerio público, a Onda Cero y OK Diario. Para estupefacción general, el comedido Navajas arremetía contra los que le habían criticado tras su informe opuesto a las querellas presentadas por entidades, particulares y Vox contra el Gobierno por su gestión de la pandemia. El desconcierto fue tal que cuando uno de sus antiguos colaboradores recibió el enlace de la información sobre las entrevistas en su teléfono móvil, solo leyó el titular y les dijo a sus acompañantes: “Bah, seguro que esta es una fake news de esas”. Las acusaciones de Navajas contra algunos de sus compañeros han provocado tal terremoto interno que la Fiscalía General del Estado anunció este martes la apertura de una investigación interna.

Navajas, en efecto, nunca fue un fiscal rebelde. Todo lo contrario. Desde los tiempos en que preparaba oposiciones se ganó fama de estudioso y reservado. Nacido en una familia de juristas —su padre fue también fiscal del Tribunal Supremo—, hasta esta semana solo había provocado una sonora polémica hace ya tres décadas con el documento que llevó su nombre, el llamado informe Navajas, escrito durante su etapa San Sebastián. En ese texto desveló las ramificaciones del tráfico de droga en el País Vasco, con alusiones a la implicación de personas del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. El asunto causó un profundo desagrado en la propia Fiscalía del Estado.

Aquel informe acabaría archivado, pero hay quien piensa que detuvo la progresión de su carrera, que tuvo sus fases iniciales en Almería y Badajoz, hasta la llegada a Gipuzkoa, en 1987. Llevaba 16 años en el País Vasco, cuando en 2003 consiguió dar el salto al Tribunal Supremo. El fiscal general era Jesús Cardenal, nombrado por el Gobierno de José María Aznar, que también había estado destinado muchos años en Euskadi. Al consultar con sus colaboradores, el parecer fue unánime: “Si quiere venirse, se lo ha ganado”.

El siguiente salto llegó en 2013, cuando fue promovido a número dos de la carrera como teniente fiscal del Supremo, puesto que ha ocupado hasta ahora, a menos de tres meses para su jubilación. Le nombró Eduardo Torres Dulce, en la fase final de su mandato como fiscal general. Fue tras la consulta ilegal del 9-N de 2014 en Cataluña, con un Gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy. Los fiscales de Cataluña se habían opuesto a presentar una querella contra el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, por convocar la consulta. Una Junta de Fiscales en el Supremo decidió enmendar la plana a sus colegas de Barcelona y, con el respaldo de Navajas, promovió la querella que tiempo después acabaría inhabilitando al president.

Luis Navajas ha sabido acomodarse a las etapas sucesivas con cinco fiscales generales distintos porque su criterio siempre ha sido que la Fiscalía es una institución en la que, más que la jerarquía —que también—, debe imperar la lealtad mutua. En parte por eso se ha revuelto de tal modo con las críticas que ha sufrido su informe sobre las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. Es de los que cree que las discrepancias se ventilan en casa, y no en los medios de comunicación. Esa había sido siempre su pauta de comportamiento. Hasta ahora, cuando se ha sentido víctima de un cambio en las reglas del juego del ministerio público.

Muchos en la Fiscalía se preguntan por qué. Algunos dicen que a Navajas le han calentado los cascos para que salga a dar dentelladas. Él afirmó en sus entrevistas que no le guía ambición alguna y bromeó con que solo podrían tentarle con la titularidad de la Embajada ante la Santa Sede. Navajas ha desarrollado 44 años de carrera fiscal sin buscarse enemigos. Pero esta vez ha enfriado, si no congelado, algunas amistades. Entre ellas, las de los fiscales del Supremo Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, identificados como los que acudieron a su despacho a recomendarle que apoyase, si no todas, al menos parte de las querellas contra el Gobierno. Seguramente, no lo habría desvelado de no ser por la lluvia de descalificaciones que le cayó por ese dictamen. Sobre todo una, la de que le llamaran “abogado del Gobierno”, cuando fue él quien decidió, por ejemplo, pedir el archivo de las actuaciones contra el presidente del PP, Pablo Casado, por su máster universitario, justo cuando acababa de asumir el liderazgo del partido.