Unidas Podemos rechaza el nuevo decreto de Hacienda para los Ayuntamientos

Nuevo revés del Gobierno en el frente municipal. Esta vez, el problema se ha originado por el último desencuentro entre los dos socios del Ejecutivo. Unidas Podemos se ha sumado este miércoles al rechazo del resto de partidos al nuevo real decreto para los Ayuntamientos que el Ministerio de Hacienda planteó después de que no fuera convalidado en el Congreso el 10 de septiembre. En un comunicado conjunto, Pedro del Cura, Jorge Azcón, Rosa Huguet y Luis Salvador, portavoces en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de IU-Podemos-Comunes, PP, Junts per Catalunya y Ciudadanos, respectivamente, consideran el borrador de Hacienda “completamente insuficiente”. Así lo han hecho constar en la Junta de Portavoces del organismo municipal. El decreto permitiría suspender la regla de gasto para los Ayuntamientos en 2020 e incluye medidas por un valor de 3.000 millones.

“Rechazamos la nueva propuesta de Hacienda”, han remarcado, destacando que los votos que suman en la FEMP superarían a los del PSOE. La Junta está formada por 25 miembros: 12 del PSOE, 10 del PP y uno de Ciudadanos, otro de IU-Podemos-Comunes y un último de Junts per Catalunya. El voto de calidad de Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo y presidente de la FEMP, resolvió en agosto la votación en la que se dio el visto bueno al anterior real decreto del Gobierno. Pero entonces Unidas Podemos se abstuvo. Un mes después, el decreto no logró el apoyo del Congreso con la oposición de todos los partidos salvo del PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe. Los socialistas se consolaron con haber evitado al menos que los partidos del Ejecutivo votasen de diferente manera. Los más reacios dentro de Unidas Podemos eran los comunes.

La formación de Pablo Iglesias y el resto de partidos solicitan a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que negocie de forma urgente con la FEMP para elaborar un real decreto “justo y satisfactorio para las necesidades reales de los municipios ante las graves repercusiones de la pandemia”. Las exigencias son tres: un fondo de 5.000 millones de euros no reembolsables que se repartiría por criterios de población ―aunque no se descartan excepciones para los municipios de zonas despobladas―, otro fondo de mil millones para financiar el transporte público y el empleo de los 14.000 millones en remanentes acumulados en los bancos, sin poder usarse, desde la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del PP en 2012. Alcaldes de 29 ciudades y de nueve partidos diferentes reclamaron por enésima vez el martes el uso libre de sus ahorros y la creación de los fondos, con un montante de 6.000 millones.

La fórmula ideada por Hacienda para que los Ayuntamientos saneados pudiesen disponer de parte de sus remanentes está detrás de la revuelta municipal. Montero propuso que las localidades con superávit cediesen voluntariamente de 10 a 15 años sus ahorros al Gobierno. Este les compensaría con un anticipo del 35% de ellos entre 2020 y 2021 a fondo perdido. En un último intento de salvar el decreto, Hacienda ofreció que el 60% de los 5.000 millones que se iban a destinar a los municipios que cediesen sus remanentes se repartiese sin exclusiones Los 2.000 millones restantes se mantendrían para las localidades que decidiesen dar sus remanentes. Pero las negociaciones llegaron demasiado tarde y el Gobierno inició el curso político con su primera gran derrota parlamentaria. “Un fondo de 3.000 millones es indefendible. Ya ha obtenido el rechazo del Congreso. Pedimos que sea de 5.000 millones”, insistió este miércoles Azcón, alcalde de Zaragoza.

La FEMP celebrará este jueves una reunión de carácter técnico para avanzar en una propuesta económica que se remitirá al Ministerio de Hacienda. “Es imprescindible el fondo de 5.000 millones, el fondo de transportes y poder usar los remanentes”, afirmó Caballero.