El Gobierno negocia a última hora para no perder el decreto de los Ayuntamientos

Las negociaciones de última hora no están surtiendo efecto y en el Gobierno ya se resignan a perder la convalidación este jueves del real decreto municipal. Una derrota que se ve venir desde hace meses, pese a las advertencias en la misma dirección del PSOE. El punto de discordia es la polémica fórmula para que los alcaldes accedan a parte de los 14.000 millones que los Ayuntamientos tienen congelados. Los socialistas, los únicos que han defendido el decreto en todo momento -la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lo aprobó solo con los votos del PSOE y gracias al voto de calidad de su presidente, el alcalde de Vigo, Abel Caballero- se afanaban este miércoles en que al menos los dos socios del Gobierno votasen a favor. Ni siquiera eso estaba claro. A su vez había conversaciones dentro de Unidas Podemos para que ninguna de las fuerzas que lo forman, en especial En Comú Podem, se desmarcase. La confluencia catalana se opone, como ha manifestado Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, que se encontraba en Madrid, ha mantenido diversos encuentros en el Congreso.

La propuesta que el Ministerio de Hacienda ha planteado esta semana en conversaciones discretas a múltiples bandas no convence a la mayoría del Congreso: tramitar el decreto como proyecto de ley para que se presenten enmiendas -la oposición advierte que los trámites se alargarían meses frente a una situación de extrema necesidad de liquidez por la pandemia- y que 3.000 de los 5.000 millones que la ministra María Jesús Montero quería reservar para los municipios que cediesen de 10 a 15 años sus remanentes al Gobierno se repartan a fondo perdido y sin exclusiones. Los 2.000 millones restantes se mantendrían para las localidades que decidiesen dar sus remanentes, explican fuentes conocedoras de las negociaciones. Es decir, sería para los municipios saneados, la idea original de Hacienda. A cambio recibirían un anticipo del 35% de sus ahorros entre 2020 y 2021 que no tendrían que devolver.

Pero las negociaciones, dejadas para el final, no satisfacen las demandas de la oposición. El decreto suscita un rechazo transversal, algo nada habitual en un contexto de profunda polarización. Al menos el PP, ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, Compromís, PRC y el BNG no han cambiado de opinión y mantienen su voto en contra, según confirman a EL PAÍS desde todos estos grupos. El voto negativo de Vox también se da por seguro. El PNV mantenía este miércoles conversaciones y todavía no había decidido su voto. Fuentes gubernamentales advierten que si el decreto decae no se presentará uno nuevo. Esto es, que los remanentes seguirían sin poder usarse en los bancos. La modificación de la ley de estabilidad presupuestaria de 2012, que imposibilita el empleo del superávit de las entidades locales, es una demanda generalizada de los aliados del Gobierno. Pero es un proceso que llevaría meses, insisten en el Ejecutivo.

Entretanto, la movilización de alcaldes de toda España y de diferentes partidos para asistir al debate en el Parlamento sigue adelante. 31 regidores de 13 partidos distintos reclamaron la semana pasada un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los Ayuntamientos. Se inspiraron en el fondo de 16.000 millones que el Gobierno ha diseñado para las comunidades autónomas. El fondo municipal se repartiría por criterios de población. Los alcaldes rebeldes también solicitaron otro fondo de 1.000 millones para la financiación del transporte municipal. Estos Ayuntamientos también piden la ampliación del plazo de las inversiones financieras sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021.