El Gobierno presiona a los alcaldes para evitar su primera gran derrota en el Congreso

El PSOE es el único partido que, pese a la división de sus alcaldes, apoya el real decreto que ha sublevado a regidores de todos los colores políticos a pesar de que desbloquearía el uso de los 14.000 millones de superávit que los municipios tienen congelados. Aun así, el Gobierno confía en que la presión sobre los grandes ayuntamientos del PP y el resto de partidos críticos permitirá convalidar la próxima semana en el Congreso la fórmula de Hacienda y evitará su primera gran derrota parlamentaria tras el fin del estado de alarma.

El decreto ha suscitado un rechazo transversal nada habitual, con el PP y los nacionalistas en el mismo barco. Pero Hacienda juega a su favor con que no hay otra alternativa para acceder por ahora a los ahorros municipales. Aunque sea de forma limitada. En plata, los Ayuntamientos que exigen disponer de todos sus ahorros sin cortapisas no podrían acceder ni a una parte si el real decreto decae. Como mucho los podrían utilizar para reducir deuda, pero no para inversiones municipales justo en un momento de la máxima gravedad económica y social.

Otro factor de peso es que el decreto, que les ofrece un adelanto inmediato del 35% y se da 10 años para devolver el resto, incluye un fondo de 5.000 millones para los Ayuntamientos que den sus remanentes al Gobierno. Y anula con carácter excepcional el cumplimento de la regla de gasto para las entidades locales en 2020. “A los Ayuntamientos que tienen recursos suficientes se les hurta: si me das todos tus ahorros te dejo una parte y la gastas en lo que yo te diga. Y a los que no tienen ahorros les niegan la capacidad de acceder al fondo de 5.000 millones que crea el Ministerio”, cargó el martes en la Diputación Permanente del Parlamento Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del PP. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impide utilizar los superávits municipales y ha terminado llevando a esta situación.

El Ejecutivo cree que el decreto saldrá adelante debido al revés que supondría para los alcaldes de las grandes ciudades no contar este año y el que viene con la inyección de liquidez que contempla el real decreto. Madrid, gobernada por José Luis Martínez-Almeida (PP), no podría disponer de 374 millones, el 35% de los 1.070 millones del remanente de Tesorería que tenía en 2019. El impacto también sería considerable para otros ayuntamientos del PP como Málaga (31,8 millones), Santander (28,4), Alicante (26,7), Badajoz (25) u Oviedo (22,3). Pero los Ayuntamientos del PP afirman que no entregarán sus ahorros a Hacienda.

Barcelona, cuya alcaldesa, Ada Colau, líder de los comunes, también se ha sumado a las críticas, recibiría 79 millones por sus remanentes. Jaume Asens, de su partido y presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, fue el martes de los más ácidos con el decreto: “Es más un pacto del PSOE con el propio PSOE que con el resto de formaciones políticas. Es poco coherente pretender que los Ayuntamientos se conviertan en los bancos del Gobierno”, apostilló. Colau participará mañana en la reunión de 29 alcaldes de 13 partidos, que presentarán un plan alternativo.

Pese a que en juego está iniciar el curso político con una derrota severísima, sin ningún aliado y con el Gobierno dividido, la ministra de Hacienda se niega a negociar un nuevo decreto como le reclaman algunos de los socios más estrechos del Ejecutivo. María Jesús Montero defenderá hoy en el Congreso, en una comparecencia extraordinaria solicitada por todos los grupos, el método diseñado para regatear la Ley de Estabilidad Presupuestaria y permitir que los Ayuntamientos saneados dispongan de su superávit. En la práctica supone entregar voluntariamente sus remanentes y que el Gobierno los devuelva a lo largo de una década. Una opción que es voluntaria, insisten en el Gobierno, donde recuerdan que los Ayuntamientos que participen se ahorrarían los intereses que pagan ahora por tener sus remanentes en el banco.

En vez de amainar, la bronca se ha recrudecido desde que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), controlada por el PSOE, aprobó el 3 de agosto el plan de Hacienda. El voto de calidad de Abel Caballero, presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, resolvió el empate entre los 12 votos socialistas y los 10 del PP y de los representantes de Cs y Junts. El de IU se abstuvo. Todo eso después de cuatro aplazamientos de la votación y de cuatro versiones del documento que se aprobó.

Montero insistirá hoy en el Parlamento que el decreto se tramite como proyecto de ley. Y que sea entonces cuando las formaciones presenten sus propuestas. “La alternativa que se da a los Ayuntamientos es el fuego o la sartén. O esto o te aplico la dura Ley de Estabilidad Presupuestaria y te dejo las manos atadas por muchos ahorros que tengas, sin utilizar en una época como la actual... Suena a broma, es un planteamiento confiscatorio. Esto no se soluciona con enmiendas. La dificultad viene ya de raíz. Lo que corresponde es sustituir este decreto por otro. No es admisible. Es un tema tan serio como el propio Presupuesto del Estado”, advirtió Aitor Esteban, portavoz del PNV en la Diputación Permanente. El aviso encendió las alertas en el PSOE, donde algunos ya se resignaban a perder la votación. Y se hacían a la idea de que lo harían solos. Sin Unidas Podemos.