FEMP

Los alcaldes rebeldes preparan un plan alternativo al de Hacienda

El real decreto ley se encamina al fracaso en el Congreso

Ediles del PP protestan frente a la Delegación del Gobierno en Sevilla el pasado 20 de agosto.
Ediles del PP protestan frente a la Delegación del Gobierno en Sevilla el pasado 20 de agosto. / Europa Press

El plan del Ministerio de Hacienda se encamina hacia un fracaso en el Congreso. Todos son conscientes de ello: el ministerio lo sabe; la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo presidente firmó el acuerdo, lo sabe; y, en especial, los alcaldes rebeldes —el frente variopinto de 13 partidos que ha levantado la voz contra el decreto— lo saben. Es precisamente por eso que, en un último intento por dar marcha atrás a lo inevitable, esos regidores prepararán un texto alternativo para que el Ejecutivo apruebe un acuerdo de mínimos, en un real decreto exprés, que recoja los puntos en los que todos estén de acuerdo. La propuesta será discutida el martes, cuando 29 alcaldes se reúnan telemáticamente, un día después de la comparecencia de la ministra María Jesús Montero en el Hemiciclo.

Hacienda acumula frentes abiertos. El municipalista se suma al de la espinosa negociación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. El alzamiento de los ediles explotó cuando la FEMP aprobó —solo con apoyo del PSOE y gracias al voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero— el acuerdo con el departamento de Montero a inicios de agosto. En él se daba una solución a una petición de las entidades locales: usar sus ahorros en los bancos (algo que ahora no pueden hacer, debido a distintas legislaciones aprobadas en el contexto de la crisis de 2008).

La fórmula ideada por Hacienda era la siguiente: las corporaciones tendrían que entregar —voluntariamente— sus remanentes al Estado para que este se los devolviera paulatinamente a lo largo de diez años. Esa “apropiación”, en palabras de algunos alcaldes, levantó ampollas, así como la creación de un fondo de 5.000 millones que se daría únicamente a los municipios que hicieran el ingreso. Esto dejaría fuera a quienes tienen problemas de liquidez.

Los regidores contrarios al decreto han visto cómo las opciones al diálogo se han cortado. El ministerio de María Jesús Montero no reconoce a los rebeldes como interlocutores del municipalismo, por lo que pidió a su líder de facto, Jorge Azcón, que arreglara una reunión con la FEMP para poder sentarse a hablar con los disconformes. Esta posibilidad tampoco se ha podido concretar.

La sesión de la Diputación Permanente de esta semana fue solo un prefacio. En ella, todos los grupos políticos (incluyendo a Unidas Podemos) cargaron contra el acuerdo y aprobaron la comparecencia de Montero. Fuentes del ministerio admiten que en Hacienda son conscientes de la situación, pero siguen apostando por que los partidos que no estén de acuerdo con el contenido del pacto puedan introducir cambios en el trámite legislativo, algo que resultaría imposible si el texto no logra ser convalidado.

Es precisamente la comparecencia de Montero la excusa que ha servido para que la próxima reunión de los ediles se realice al día siguiente. En esencia, los alcaldes rebeldes aprovecharán el rechazo generalizado al texto como un aval para su lucha. Ese bloque entiende que Hacienda se encuentra entre la espada y la pared, y una contrapropuesta (que incluya algunos de los puntos en donde hay consenso) sería una vía de escape. Además, servirá para detener el cronómetro y negociar, con más tiempo, un nuevo acuerdo. Sin embargo, hay otra cosa que les motiva: si el decreto cae, todos pierden. Más allá de que no agrade, el texto publicado en el BOE es por el momento la única alternativa que hay sobre la mesa para que los Ayuntamientos utilicen sus remanentes para paliar los daños económicos de la covid. La hucha no es menor: cerca de 15.000 millones.

La del próximo martes será la segunda reunión entre los regidores díscolos. La primera fue el 7 de agosto, cuando 11 de ellos exigieron que Hacienda retirase el decreto. A esta asamblea acudirán 29 alcaldes de 13 formaciones, entre ellas partidos que facilitaron la investidura como el BNG, ERC y Compromís. Y con una importante adhesión: Barcelona, gobernada por la confluencia catalana de Unidas Podemos.

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