El Gobierno cierra la puerta a negociar su plan con los alcaldes

El Gobierno se mantiene imperturbable. Una semana después de que estallase la revuelta de los alcaldes, el Ejecutivo continúa sin ceder a la principal exigencia: renegociar con ellos el acuerdo entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para facilitar un desahogo financiero a los Ayuntamientos. Este viernes, la ministra María Jesús Montero dejó claro que el documento, que solo cuenta con el apoyo del PSOE, se mantendrá intacto. Los cambios, señaló Montero, deberán negociarse durante la tramitación del plan en el Congreso, donde no tiene por ahora apoyos para aprobarlo.

Poco a poco, los socialistas revelan sus cartas en una partida que se complica más y más con el paso del tiempo. Las declaraciones de Montero confirman lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó entrever el miércoles tras reunirse con Felipe Vl en Palma de Mallorca. El socialista aseguró que tiene “la mano tendida” con los “Ayuntamientos y los grupos parlamentarios” para negociar y dialogar. Ese primer acercamiento parecía, en principio, una concesión a la revuelta, ya exacerbada con la decisión de Barcelona —gobernada por un partido que se sienta en el Consejo de Ministros (En Comú, del grupo confederal de Unidas Podemos)— de no aportar los ahorros de sus municipios a cambio de entrar en el reparto de un fondo de 5.000 millones de euros. Las puertas de la negociación no parecían cerradas tras las palabras de Sánchez, pero la gran pregunta era si el diálogo sería con los alcaldes, como estos exigen, o directamente con los partidos con representación parlamentaria. La ministra de Hacienda zanjó esa duda. Las modificaciones solo podrán realizarse en el Parlamento.

Con la nueva maniobra, el Ejecutivo solo gana tiempo. Sin embargo, este diálogo corre el riesgo de entorpecerse al no tomar en cuenta las demandas de los alcaldes rebeldes. De hecho, el pasado lunes Jorge Azcón, regidor popular de Zaragoza y cabecilla del frente de ediles, envió una carta a Montero para pedirle una reunión urgente. Hasta el momento, no hay un encuentro pactado entre la ministra y los regidores. Al remitir a la vía parlamentaria, el Ejecutivo cierra automáticamente cualquier posibilidad de que el acuerdo se pueda negociar desde cero, como exigen los alcaldes descontentos, entre ellos los de algunas de las principales ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. Fuentes de este bloque opositor confirmaron que el regidor aragonés recibió una llamada de Hacienda, pero el contenido de la conversación no trascendió.

Desde que se desató el conflicto, los socialistas han defendido con fuerza el pacto, plasmado en un real decreto que ahora deberá someterse al refrendo del Congreso, que califican de “histórico” para el municipalismo. El texto ofrece una fórmula a fin de esquivar el impedimento legal que tienen los Consistorios para usar sus ahorros. Los municipios podrán entregar esos remanentes de forma voluntaria al Gobierno, a cambio de que se los vaya devolviendo en un plazo de diez años. El Ejecutivo se compromete a repartir además un fondo de 5.000 millones entre 2020 y 2021, aunque únicamente para las entidades locales que ingresaron el dinero al Estado. Eso dejaría fuera a Ayuntamientos con problemas financieros.

Los socialistas han intentado en los últimos días mandar el balón al tejado de los populares, al recordarles que los ahorros de los municipios no pueden ser empleados directamente por ellos por una ley orgánica aprobada en 2012 bajo el mandato de Mariano Rajoy. Montero insistió este viernes en ese argumentario: “No tiene sentido que los que defendieron la austeridad a ultranza ahora no hagan ninguna propuesta”. Fuentes populares recuerdan que la legislación fue aprobada gracias a una reforma del artículo 135 de la Constitución con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno.

Ahorros “incautados”

Ocho años después, la discusión sobre estas normas, aprobadas en medio de la crisis económica, regresa como bumerán cuando una nueva recesión amenaza con consecuencias aún más catastróficas. El eje central de la estrategia popular es arrinconar al PSOE y reforzarse por el apoyo de fuerzas de todo tipo de ideologías, desde Junts per Catalunya hasta EH Bildu, que también hablan de “incautación” de los ahorros municipales. Las exigencias del PP son compartidas por alcaldes de formaciones clave para la estabilidad del Ejecutivo, como PNV, ERC, BNG y Compromís, además de Ciudadanos.

Si el frente que se ha formado contra el acuerdo se tradujese en escaños, la cifra se elevaría a 162, a los que se unirían al menos los siete diputados de la confluencia catalana de Unidas Podemos. En caso de que se sumase Vox, que normalmente vota en contra de cualquier propuesta que salga del Gobierno, habría una aplastante mayoría para evitar que el Congreso convalide el decreto ley. Sería un fracaso estrepitoso para el Gobierno de coalición, cuyo socio minoritario, Unidas Podemos, aún no tiene una posición definida.

Ante esta posibilidad, el Gobierno comienza a abrir la mano con una última jugada: tramitar el decreto como un proyecto de ley, una fórmula que permite abrir el texto a las enmiendas de los partidos. Fuentes de Hacienda aseguran que estas negociaciones tendrán que correr a cuenta de los grupos parlamentarios, lo que supondría descartar la negociación directa que piden los alcaldes. El Ejecutivo debería convencer al resto de formaciones de que estará abierto a modificar aspectos del plan, siempre y cuando los partidos no bloqueen la tramitación del proyecto.