El sumario de Kitchen redoblará la presión sobre los populares

El caso Kitchen, la investigación sobre el entramado parapolicial dirigido desde el Ministerio del Interior para arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos comprometedores sobre las finanzas del partido, no dará descanso a Génova 13, donde se ubica la sede nacional de los populares. En las próximas semanas, incluso antes de este viernes, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón tiene previsto emitir el auto en el que responda a la petición que hizo el fiscal de imputar en la causa al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal y al esposo de esta, Ignacio López del Hierro. El magistrado, que está examinando a fondo la documentación del caso antes de tomar una decisión, levantó la semana pasada el secreto del sumario, lo que hace posible que próximamente surjan nuevas revelaciones incómodas para los dirigentes populares.

La llamada Operación Kitchen de espionaje a Bárcenas, supuestamente coordinada, en la parte política, por el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y en la policial por el ex director adjunto operativo Eugenio Pino, se investiga paralelamente en dos juzgados de la Audiencia Nacional. En el Juzgado Central de Instrucción, el magistrado José de la Mata, lo ha incorporado como parte de la causa sobre los papeles de Bárcenas, la contabilidad paralela en la que los extesoreros Bárcenas y Álvaro Lapuerta consignaron entregas de dinero —hasta 7,8 millones de euros— de grandes empresarios españoles, especialmente del sector de la obra pública, entre 1990 y 2008.

El grueso del caso Kitchen se lleva en el Juzgado Central de Instrucción 6. Allí el juez García-Castellón lo investiga como una de las más de 25 piezas del macrosumario sobre los negocios del comisario corrupto José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017. En esta pieza, a partir de los papeles y grabaciones que escondía Villarejo, se ha destapado una presunta trama para torpedear desde el Ministerio del Interior y la cúpula policial en tiempos del PP la investigación judicial de la caja b de Bárcenas y Lapuerta que realizaba el juez Pablo Ruz, antecesor de De la Mata en el juzgado central 5.

Dentro de las actuaciones de investigación, García-Castellón tiene aún pendiente volver a llamar a declarar a Francisco Martínez. El ex número dos de Interior con Jorge Fernández Díaz fue citado el 24 de enero, pero en aquella ocasión, cuando el sumario se encontraba todavía bajo secreto, se acogió a su derecho a no declarar. García-Castellón todavía no ha fijado una fecha para ese interrogatorio esperado por todos y temido por no pocos dentro del PP. De momento, la gravedad de las revelaciones ya ha llevado a los dirigentes actuales del partido a virar la doctrina asentada de mirar hacia otro lado en las causas judiciales que les afectan y asumir que esta vez es diferente.