El Congreso llamará a Rajoy y Casado por la trama del espionaje a Bárcenas

PSOE, UP y los grupos independentistas sacarán adelante una comisión de investigación

Mariano Rajoy y Pablo Casado, el pasado diciembre en un acto en Madrid. / SANTI BURGOS
Mariano Rajoy y Pablo Casado, el pasado diciembre en un acto en Madrid. / SANTI BURGOS

Pablo Casado y toda la cúpula del PP de la era Rajoy, empezando por el expresidente, pasarán por la comisión de investigación en el Congreso, que se extenderá durante tres meses y eleva la presión política sobre los populares al máximo nivel. El PSOE y Unidas Podemos, además de media docena de partidos minoritarios, activaron este jueves esa comisión para depurar responsabilidades relacionadas con el espionaje al extesorero Luis Bárcenas, destinado a boicotear una investigación judicial valiéndose de fondos reservados y de las cloacas del Estado, según la justicia.

La operación Kitchen entronca directamente con Gürtel y la destrucción de pruebas relacionada con la presunta financiación ilegal del PP. Los socialistas y Podemos justificaron su solicitud a la Mesa del Congreso para que se pueda investigar “la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior y otras instituciones del Estado con la finalidad de favorecer intereses del PP, perseguir ilícitamente a personas y anular pruebas inculpatorias de ese partido en casos de corrupción”. Varios grupos nacionalistas y Más País presentaron un argumentario parecido para sentar las bases de la solicitud de comisión. Los partidos reclaman comparecencias al más alto nivel: el expresidente Mariano Rajoy; el líder del PP, Pablo Casado; la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz están llamados a asistir a las sesiones con la finalidad de arrojar luz sobre la presunta caja B del PP, además de la trama parapolicial que, a juzgar por las declaraciones incluidas en el sumario, podrían conocer tanto Rajoy como Fernández Díaz.

Al periplo judicial que le espera al PP se le suma así la más que probable tensión política asociada a esa comisión, que se extenderá a lo largo de tres meses prorrogables. El Congreso debatirá ese turbio asunto durante al menos 90 días. Todos los convocados a una comisión de investigación parlamentaria están obligados a comparecer; en caso contrario incurren en delito de desobediencia. Preguntado al respecto por este diario, Rajoy prefirió evitar aclarar si acudirá o no al Congreso, y si conocía o no la trama: “No me haga preguntas porque no las voy a escuchar y así usted no podrá decir que no le he respondido; este no es el momento”, informa Mábel Galaz.

Los informes de Anticorrupción apuntan directamente a Cospedal y a Fernández Díaz, aunque el partido trató de que solo resultara incriminado el número dos de Interior, Francisco Martínez, para quien fue un error “confiar en miserables como Rajoy, Fernández Díaz y Cospedal”, según el auto. Los partidos consideran que hay “contundentes indicios” de una “trama parapolicial” pagada con fondos reservados para obtener “material comprometedor para altos dirigentes del PP”. Anticorrupción atribuye a Cospedal —que dejó la política tras conocerse que tuvo trato con el comisario jubilado José Manuel Villarejo— “interés personal” en la desaparición de las pruebas.

Casado ha tratado de quedarse al margen: “Yo era diputado por Ávila”. Según la Audiencia Nacional, el caso se extendió entre 2013 y 2015; Anticorrupción amplía ese periodo hasta noviembre de 2016. Casado empezó a trabajar en el equipo de comunicación de Rajoy en 2013, y entró en la ejecutiva del partido a mediados de 2015. Los partidos que promueven la comisión quieren tener la oportunidad de interrogarle, aunque no parece haber nada, en principio, que pueda involucrarle. Podemos subrayó este jueves que Casado se aupó a la presidencia del PP en julio de 2018 con el apoyo de Cospedal en la segunda vuelta, aunque lo cierto es que prescindió de inmediato de todo el equipo de Rajoy, incluida Cospedal.

A su partido le toca terminar de depurar responsabilidades tanto en sede judicial como en sede parlamentaria. Pero no está claro cuál va a ser su papel: cuestionada sobre si los populares cooperarán en esa comisión, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, echó balones fuera. “A mí lo que me llama la atención es que cuando hoy hemos conocido informaciones en relación a la corrupción de un partido como Podemos, que forma parte del Gobierno, su abogado defensor haya sido el PSOE y que no se haya aprobado una comisión de investigación sobre la financiación ilegal de Podemos”, zanjó, informa Diego Estebanez.

Sobre la firma

Anabel Díez

Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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