Los alcaldes díscolos cargan contra el “inmovilismo” de Hacienda

Si entre los planes de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estaba apaciguar la revuelta de los alcaldes, su comparecencia en el Congreso solo ha logrado lo contrario. El descontento entre los regidores se mantiene intacto. Distintos ediles consultados, que forman parte del bloque municipalista opositor al decreto del Gobierno, que permitiría a los Ayuntamientos utilizar sus remanentes, admitieron que la intervención de este lunes no les sorprendió, pero criticaron el “inmovilismo” del Ejecutivo por no rectificar con su proyecto, destinado a ser rechazado en el Hemiciclo por una aplastante mayoría: a día de hoy, solo el PSOE apoya el texto.

Para la rebelión de los alcaldes, que ya suma a 31 y de 13 partidos distintos, la respuesta de Montero era de esperarse pero no se entiende. En sus distintas intervenciones, la ministra de Hacienda dejó en claro que el acuerdo alcanzado a inicios de agosto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) —aprobado por el PSOE y con el voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero— es la mejor alternativa que hay. El regidor popular de Zaragoza, quien ha sido el que ha encabezado el bloque opositor, lamenta que el Ejecutivo “no quiera hacer nada sabiendo que se va a estrellar”. En términos más coloquiales se refirió el primer edil de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández, del BNG: “No la entiendo [a la ministra], no tiene los votos y sigue sin querer negociar. Es alucinante”.

El acuerdo, que alcanzó Hacienda con la FEMP a inicios de agosto y tras varios aplazamientos de la votación y con cuatro distintos borradores, fue publicado en el BOE el 5 de agosto. En él, se permite que los Consistorios utilicen sus ahorros en los bancos (cerca de 14.000 millones) para afrontar los estragos económicos de la pandemia —no los pueden utilizar sin caer en déficit debido a las limitaciones legales que tienen debido a una ley de 2012 aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en el contexto de la crisis—. Sin embargo, hay algunos puntos que han generado rechazo desde el PP hasta partidos como PNV, ERC, BNG y algunos sectores de Unidas Podemos.

Distintos ediles coinciden en que la comparecencia, sumada a la presión de parte de los Ayuntamientos, debería orillar a Hacienda para que tome en cuenta sus peticiones. José Manuel Bermúdez, regidor de Santa Cruz de Tenerife (de Coalición Canaria) reprocha que Montero no haya admitido la necesidad de retirar el decreto: “No se nos puede decir o lo tomas o lo dejas. Hacienda debe sentarse a negociar”. La alcaldesa de Santander, la popular Gema Igual, también lamentó la posición defendida por Hacienda en el Congreso: “Es una tropelía, un ninguneo a la administración más cercana a los ciudadanos”.

La ministra de Hacienda hizo algunas concesiones ante los grupos parlamentarios, por ejemplo, se comprometió a eximir a los Consistorios de la regla de gasto para 2021. También dijo que si el fondo de 5.000 millones que el Gobierno ingresará a los municipios que entregaron sus ahorros al Estado —y que este deberá devolverles en un plazo de 10 años— no gusta, este mecanismo no se pondrá en marcha hasta que haya un acuerdo. Pero esto ha sido visto como un “globo sonda” por parte de algunos de los regidores consultados. Azcón recalca: “Nosotros lo que queremos es el diálogo. No es necesario que el decreto caiga en el Congreso, deben escuchar a la mayoría de partidos y alcaldes que no está de acuerdo”.

A las 9.00 de este martes, 31 alcaldes, entre ellos de ciudades gobernadas por partidos socios del Gobierno central, o por aliados de la investidura, como Barcelona (BComú) y Valencia (Compromís), se volverán a reunir telemáticamente. En esta nueva cumbre, los ediles discutirán qué hacer ante la respuesta de Hacienda a sus partidos. Previsiblemente, se pondrá sobre la mesa un plan alternativo que rescate los pocos puntos en donde hay consenso entre los Consistorios díscolos y Hacienda. La exigencia de los ediles será que este acuerdo de mínimos sea aprobado en una semana en un real decreto exprés.