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Ceuta averigua si tiene posibilidad jurídica de solicitar un estado de alarma al Gobierno

La ciudad no se plantea formalizar la solicitud por ahora, pero ha pedido un informe por “si llegado al caso hubiera que solicitarlo”

Jesús A. Cañas
Viajeros acceden a la zona de embarque del puerto de Ceuta que conecta la ciudad autónoma en ferri con la península. EFE/Reduan
Viajeros acceden a la zona de embarque del puerto de Ceuta que conecta la ciudad autónoma en ferri con la península. EFE/ReduanReduan (EFE)

Ceuta recoge el guante del Gobierno de España. Apenas 24 horas después de que el presidente Pedro Sánchez ofreciese a las comunidades autónomas solicitar el estado de alarma para luchar contra expansión del coronavirus, la ciudad autónoma ha pedido un informe jurídico para averiguar si en su caso sería posible reclamarlo. La ciudad no se plantea, por ahora, esta solicitud, pero ha realizado la consulta por si, “llegado el caso, hubiera que solicitarlo”, según aseguran fuentes cercanas a la presidencia de la ciudad, dirigida por el popular Juan Vivas.

El Gobierno de Ceuta ha pedido a la Secretaría General de la Asamblea de la institución que le resuelva la duda, según ha avanzado Europa Press. La localidad pretende averiguar si su estatus como ciudad autónoma —diferente al de las comunidades autónomas— le habilita para recurrir al estado de alarma que Sánchez ofreció a las autonomías para evitar la expansión de este segundo pico de la pandemia.

“Es un por si acaso”, abundan fuentes municipales a EL PAÍS, que insisten que no se plantean por ahora recurrir a un estado excepcional que se extendería en un territorio de apenas 19 kilómetros cuadrados. La ciudad autónoma acumula 68 positivos por covid-19, lo que supone un incremento de diez casos en las últimas 24 horas y coloca a Ceuta en niveles de contagios similares al pasado 14 de abril. La mayor parte de los enfermos tienen síntomas leves y se encuentran en aislamiento domiciliario, pero al Gobierno ceutí no se le escapa que la “velocidad de contagios es muy rápida estas dos semanas”. Además, las mismas fuentes barajan la posibilidad de que dicho incremento siga en ascenso con el fin de las vacaciones, ya que muchos de sus 85.000 habitantes las pasan en la península.

Ceuta y Melilla accedieron a la independencia como ciudad autónoma, tras el Estatuto de Autonomía de 1995. Eso hace que ambas tengan un estatus administrativo y legal híbrido, a medio camino entre un ayuntamiento y una comunidad autónoma que les hace no tener tantas competencias como las otras regiones. Es el caso de la gestión sanitaria o la educativa, que dependen directamente de instituciones del Gobierno central. La situación intermedia de ambas ciudades es una cuestión que aún se dirime en resoluciones judiciales, como la sentencia que en 2017 consideró que Ceuta debía nombrar a sus consejeros limitándose a la Ley de los ayuntamientos, no de las autonomías.

Y ese no es el único origen de la duda en la ciudad ceutí. La Ley Orgánica 4/1981 que regula el Estado de alarma se aprobó 14 años antes de que Ceuta y Melilla adquiriesen su actual estatus y solo se refiere a los presidentes de las comunidades autónomas como competentes para “solicitar al Gobierno la declaración de estado de alarma”.

Pese a que en Melilla la situación es más compleja que en Ceuta y ya suma los 131 casos activos de coronavirus —en el último día sus casos han ascendido con 13 positivos—, esta ciudad ha descartado por ahora solicitar el estado de alarma, informa Laura J. Varo. El presidente de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), se ha alineado con la mayor parte de los presidentes de las comunidades autónomas españolas, que han desestimado recurrir por ahora a este instrumento excepcional planteado por Sánchez. Ceuta tampoco lo solicitará por ahora, pero en su caso ya miran de reojo al estado de alarma por si fuera preciso: “Hay que tenerlo presente”.

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Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

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