El Poder Judicial pide “respeto” a la independencia judicial tras los ataques de Podemos por su imputación

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este miércoles emitir un comunicado para reclamar “respeto” a la independencia judicial después de que Podemos haya arremetido en la última semana contra al magistrado Juan José Escalonilla, que ha imputado a la formación política en un caso de supuesta malversación de fondos. Esta iniciativa no es la primera que tiene por objeto reprochar su actitud a miembros de la formación de izquierdas. El Consejo ya emitió en enero y en abril sendas notas donde calificaba de “inapropiado” el tono y el mensaje del vicepresidente segundo del Gobierno y líder del partido, Pablo Iglesias, que había cuestionado varias resoluciones judiciales.

“La comisión permanente del CGPJ quiere hacer un recordatorio de que el respeto a la independencia del Poder Judicial, expresión de la división de poderes, es un elemento clave del Estado de Derecho y de la propia democracia. La confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y magistrados es la mejor garantía para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos”, ha afirmado el Consejo en un breve texto, donde no menciona explícitamente a Podemos. Aunque, según confirman fuentes del organismo, esta nota se encuentra relacionada con los últimos ataques de la formación a las investigaciones judiciales.

Tras conocerse la decisión de Escalonilla de imputar a Podemos y a varios miembros de su cúpula, distintos dirigentes del partido salieron en público a cuestionar las actuaciones del magistrado. El portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, fue uno de los más beligerantes: “El juez llama a declarar hasta al apuntador y pide hasta la documentación de la vacuna del perro del primo tercero de Pablo Iglesias sin ninguna prueba, más que la declaración de uno que escuchó y sospecha cosas”, afirmó. El diputado Rafa Mayoral, salpicado en la causa, también dijo que el juez “hace cosas raras”. Mientras tanto, Podemos ha acusado al instructor de abrir una “causa general” contra ellos y ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que anule sus decisiones.

Iglesias se ha mostrado más comedido y se ha limitado a publicar una serie de mensajes en las redes sociales sobre el asunto. “Podemos está a disposición de las autoridades judiciales para que nos requieran toda la documentación e información que consideren. La financiación de Podemos ha sido investigada repetidamente y jamás se ha hallado un indicio de delito”, indicó, antes de considerar que la causa se basa en acusaciones sin fundamente y que quedará en nada: “Pero el juicio mediático, a la hora de instalar relatos, pesa siempre más que el final de los procedimientos judiciales”.

El acuerdo aprobado este miércoles para emitir el comunicado ha contado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Han votado en contra los vocales Álvaro Cuesta —que ha anunciado la formulación de un voto particular—, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda.

En enero, el Consejo ya emitió una primera nota para exigir “responsabilidad institucional” después de que Iglesias dijera que la prueba de que la “judicialización” del procés fue un error es que “muchos tribunales europeos” han “quitado la razón” a jueces españoles, y que eso ha supuesto una “humillación” para España. En abril, publicó una segunda después de que el vicepresidente, tras conocer la condena de la diputada de Unidos Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra, escribiese en Twitter: “Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren), pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”. “No solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serian impunes a la acción de la justicia”, respondió el CGPJ.