La trinidad electoral de Cataluña

Waterloo, el Tribunal Supremo y Quim Torra, en una suerte de extraño consorcio trinitario, serán quienes decidan cuándo se celebrarán las próximas elecciones en Cataluña. Esta tesis se ha convertido en doctrina oficial en Esquerra Republicana, a quienes las encuestas dan como vencedores en los próximos comicios a celebrar tal vez en octubre —como hasta hace unos días se pensaba—, quizás en noviembre —como se opina mayoritariamente ahora—, o, como máximo, en diciembre.

La explicación que dan los republicanos es sencilla. Por Waterloo se refieren al peso indudable que en la decisión de convocar a las urnas tendrá Carles Puigdemont, cabeza de lista eterno y principal activo político de Junts. El Supremo es quien el 17 de septiembre revisará la condena que inhabilita por desobediencia a Quim Torra. Por último, es el president quien tiene el botón rojo de la convocatoria y el que en los últimos meses ha estado marcando perfil propio para no pasar a la historia como un simple vicario de Puigdemont realquilado en las dependencias del Palau.

El 29 de enero, Quim Torra proclamaba de manera solemne el final anticipado de una legislatura que “ya no tiene más recorrido político”, y anunciaba elecciones cuando se aprobaran los Presupuestos. “Ningún Gobierno puede funcionar sin unidad, sin una estrategia común y compartida, sin lealtad entre los socios”, concluyó en un puyazo a Esquerra Republicana.

El 19 de abril, Torra compareció ante los corresponsales extranjeros y aseguró que con la pandemia “nadie entendería que hubiera elecciones y ni siquiera que pusiera una fecha”. “Estamos focalizados en esta gravísima situación”, concluyó. Otro aplazamiento de los comicios que Torra no desaprovechó para criticar a sus socios de Esquerra por su gestión sanitaria o de las residencias de ancianos. Hace unos días, Junts intentó que el Parlament destituyera al director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo (propuesto por Esquerra), por la dimisión de Mònica Terribas, responsable del programa de máxima audiencia de la cadena pública y periodista apreciada por el puigdemontismo. Otra evidencia de que los socios comparten cama en estado de vigilia permanente y con el cuchillo bajo la almohada.

Por si fuera poco, la revocación de la semilibertad a los presos independentistas del procés pone en tela de juicio la estrategia negociadora de ERC con el Gobierno central frente a la pureza que predica Waterloo. “Parece que la Fiscalía le haga la campaña a Junts”, se quejan los republicanos, quienes continúan sus contactos discretos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Mientras, Junts recorta distancias electorales con ERC con continuas referencias a la “represión” y con Torra negándose a asistir a reuniones multilaterales como la Conferencia de Presidentes autonómicos del viernes en La Rioja.

Esa cadena de desacuerdos ha hecho que todos los partidos tengan la maquinaria electoral a punto. Socialistas, Ciudadanos, comunes y republicanos están preparados a la espera de fecha. “Hace dos semanas hubiera dicho que las elecciones se celebrarían el 4 de octubre, pero ahora apuesto por el 15 de noviembre”, asegura un dirigente del PSC. Entre los líderes de Junts hay quien, como Jordi Sànchez, sugiere proponer a los socios de Esquerra la investidura de un nuevo presidente que agote la legislatura si el Supremo confirma la inhabilitación de Torra. Los republicanos, en plena separación de bienes, no están dispuestos a esta aventura que necesitaría contar también con los anticapitalistas de la CUP. Demasiada filigrana para una carambola. Y es que el partido de Puigdemont necesita, como un Boeing 747, una larga pista para despegar. Junts está en proceso de formación: hasta el 9 de agosto no elegirá a su presidente y su dirección ejecutiva y deberá esperar al 3 de octubre para aprobar su estrategia política e ideológica, una compleja tarea para el que aspira a ser el catch-all party [el partido atrápalotodo] del independentismo. Y la receta no le va mal, pues cada vez recorta más distancias con ERC: mientras la intención directa de voto es favorable a los republicanos, la última encuesta del CIS catalán arroja un casi empate.

Y ello a pesar de que los afines a Puigdemont violaran los estatutos del PDeCAT para hacerse con las siglas de Junts. Es una incógnita saber qué sucederá en el centro-derecha catalán. Si el partido fundado por Artur Mas acepta un pacto con la formación de Puigdemont, que le ha robado la marca electoral, puede perder muchas plumas. La implosión del PDeCAT podría ser aprovechada por el Partit Nacionalista de Catalunya. La irrupción parlamentaria del PNC —partido disidente del unilateralismo de Puigdemont y que apuesta por la legalidad— podría complicar la papeleta a Junts. El PDeCAT, por su parte, está amenazado judicialmente como heredero del caso 3%, las comisiones que alterando concursos iban presuntamente a parar las arcas de Convergència.

En este complejo panorama, Puigdemont ha sembrado dudas sobre si va a presentarse como cabeza de lista. “No las tiene todas consigo y primero quiere saber si hay agua suficiente en la piscina”, aseguran los posconvergentes. Junts quiere revalidar su triunfo sobre ERC. Todo ello provoca pugnas por el segundo puesto tras el líder de Waterloo. Hay incluso quien afirma que la diputada Laura Borràs —investigada por el Supremo por trocear contratos— quiere volver a ser consejera del Gobierno catalán para que el caso vaya al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y así ganar tiempo para hacer tándem electoral con Puigdemont.

Por ahora, una de las pocas cosas que parecen claras es que Torra no quiere que el Supremo sea quien convoque las elecciones. Y para ello espera el momento propagandístico oportuno. La incógnita se despejará a partir del 17 de septiembre. La solución al bucle es otra cosa.