El Gobierno mueve ficha y ofrece 5.000 millones a los Ayuntamientos
Hacienda intenta convencer a la FEMP para que el lunes apruebe su última propuesta para usar sus ahorros
Todo se decide el lunes. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) decidió este viernes aplazar por enésima vez la votación sobre los planes de Hacienda acerca de cómo dar salida a los más de 14.000 millones que los Ayuntamientos han ahorrado en la última década. La decisión del presidente del organismo, Abel Caballero, pone en evidencia lo que ya se sabía de puertas adentro: era imposible lograr un acuerdo y la FEMP se encaminaba a un fracaso tras 30 años de consensos. Hacienda ha presentado una nueva propuesta que cede, en parte, a las exigencias de los alcaldes: les entregará 5.000 millones a fondo perdido.
Hacienda contraatacó con una oferta de última hora ante la férrea oposición planteada por los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Unidas Podemos, y las constantes críticas de PP y Ciudadanos. A pesar de ese esfuerzo, el ministerio que dirige María Jesús Montero fue incapaz de amarrar los votos necesarios. Con 12 representantes del PSOE en una junta con 25 asientos, hubiera bastado con el sí del socio minoritario del Gobierno. No fue posible: el grupo de IU-Unidas Podemos-Comuns había exigido al Ejecutivo que mejorase la propuesta, y la negociación hasta la madrugada con el alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura (de Izquierda Unida), no fructificó a tiempo. Montero terminó cediendo, pero el borrador llegó demasiado tarde como para incluirlo en el orden del día, y la FEMP optó por aplazar nuevamente la votación.
El anterior proyecto, calificado en su día por Caballero —alcalde socialista de Vigo— como “una concesión histórica” al municipalismo de parte del Gobierno, aglutinó el rechazo del PP, Cs, Junts e IU. Solo recibió el apoyo del PSOE, cuyos alcaldes fueron fieles a la disciplina del partido.
El municipalismo ha reclamado a Hacienda históricamente la posibilidad de utilizar sus remanentes, que los alcaldes no pueden tocar en virtud de una ley del Ejecutivo de Mariano Rajoy y de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Hacienda siempre sostuvo que el impedimento era básicamente legal, e ideó una fórmula creativa para sortearlo: pedirle a los municipios que le entreguen, como un préstamo, sus ahorros, para después devolverles un tercio de ese dinero entre 2020 y 2021, y el resto en 10 años a partir de 2022. Pero no hubo consenso. Hacienda se vio obligada a mejorar su oferta: tomará el dinero como préstamo y les reintegrará el 100% de esos fondos a lo largo de una década, pero además sumará 5.000 millones de euros para los ayuntamientos y a fondo perdido. A pesar de esa mejora, esa propuesta tampoco convence al PP y a Ciudadanos.
Fuentes de Hacienda insistían el viernes en que este mecanismo —pedir los ahorros como un préstamo y devolverlos posteriormente, con el plus de los 5.000 millones— es la única opción viable. Y las mismas fuentes recordaron que fue el PP quien puso en su día el candado a esos recursos. A Jorge Azcón, portavoz popular en la junta de gobierno de la FEMP, no le vale el argumentario del departamento de Montero: “La ley del PP que tanto critica el PSOE es justo la legislación que ha conseguido que existan estos fondos”. “Es evidente que se deben hacer ajustes: el contexto ha cambiado”, agregó.
Municipios sin ahorros
Hasta para entregar el borrador hubo problemas. Tras la fallida reunión del viernes, Abel Caballero anunció que el ministerio entregaría el texto a lo largo de la mañana, pero no llegó. Los alcaldes tendrán el documento este sábado. Aun así, la nueva propuesta incluye una letra pequeña que puede provocar un nuevo rechazo: el fondo de los 5.000 millones que propone el Gobierno solo se destinará a los Ayuntamientos que hayan entregado sus ahorros. En otras palabras: si un municipio no tiene remanentes no podría recibir parte de ese dinero. Los integrantes del grupo popular consideran “inaceptable” esta parte del plan.
La situación de los cerca de 300 Ayuntamientos que no cuentan con remanentes es uno de los puntos espinosos de la negociación. Grandes ciudades como Zaragoza (PP) y Granada (Ciudadanos) quedarían fuera del reparto, al no disponer de ahorros. Sus alcaldes, el aragonés Jorge Azcón y el andaluz Luis Salvador son, precisamente, las voces más beligerantes en cuanto a los últimos borradores del Gobierno. Pero no están solos. Izquierda Unida también pide que el fondo sea para todos los municipios, sin importar si estos tienen o no remanentes.
El aplazamiento de la votación en la junta de gobierno y el nuevo documento de Hacienda proporcionan un poco de oxígeno tras varios días de negociaciones frenéticas. Los grupos políticos analizarán a fondo durante el fin de semana las nuevas consideraciones de Hacienda para decidir el futuro del proyecto el próximo lunes. El resultado final sigue en el aire.
El candado de la ley Montoro y la austeridad
Ocho años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que se aprobó la actual ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, también conocida como ley Montoro. El Ejecutivo de Mariano Rajoy dio luz verde a esa ley al poco tiempo de su llegada a La Moncloa en una época marcada por la austeridad: España seguía sufriendo los coletazos de la crisis económica de 2008 y se vio obligada a solicitar un rescate a Bruselas por hasta 100.000 millones de euros, de los que al final gastó poco más de 40.000 millones.
El entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, formuló una legislación que estaba encaminada a que las Administraciones controlaran el déficit público. Para ello, estableció mecanismos para reducir el agujero fiscal y tratar de rebajar la deuda pública. Entre ellos, que las entidades locales no pudiesen acceder a los distintos superávits que fuesen acumulando a lo largo de los años.
Otro impedimento legal, y que ahora aflora por las negociaciones entre el Gobierno de Sánchez y la Federación Española de Municipios y Provincias, fue la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, pactada por socialistas y populares. En esta modificación se acordó que todas las entidades públicas se mantengan bajo el principio de estabilidad presupuestaria.
El Ejecutivo de Rajoy levantó el pie de la austeridad a partir de 2014; tras la mayor subida de impuestos de la democracia —en 2012, pese a las promesas electorales en sentido contrario—, Montoro aprobó varias rebajas fiscales a pesar de que por aquel entonces la economía crecía por encima del 3%. Pero el fin de la austeridad no llegó hasta los ayuntamientos, que desde entonces han embalsado ahorros por importe de 14.000 millones.
