El PSOE logra suavizar una moción en el Senado para que los Ayuntamientos empleen sus ahorros en la crisis

El PSOE ha evitado este miércoles en el Senado que el incendio político con los alcaldes fuera a más tras rebajar de manera sustancial una moción del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) para destinar los 18.000 millones en superávit y remanentes de los Ayuntamientos a atajar los efectos económicos y sociales del coronavirus. El Gobierno resiste desde hace semanas las presiones de los regidores, incluidos los del PSOE. Pero la tensión acumulada saltó en la reunión de la ejecutiva federal socialista del pasado lunes: Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y responsable de Vigo, y Óscar Puente, alcalde de Valladolid y uno de los grandes apoyos a Pedro Sánchez en las primarias de 2017, trasladaron al presidente del Gobierno el malestar municipal. Un mar de fondo transversal que no distingue entre partidos. Sánchez les respondió que ese no era el órgano para abordarlo y les emplazó a resolverlo con el Ministerio de Hacienda.

Los alcaldes del PSOE y del PP mantuvieron su presión en la Junta de Gobierno de la FEMP del martes. Incluso acordaron que esta institución presente al Congreso enmiendas al proyecto de ley del ingreso mínimo vital para garantizar “la suficiencia de recursos transferibles” para su gestión. En este contexto, la moción del PRC pasó a convertirse en un quebradero de cabeza para el Ejecutivo. Después de horas de negociaciones, el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, acordó el martes por la noche con los regionalistas cántabros una enmienda transaccional que suaviza sus exigencias iniciales y contó con la firma del PP, PNV, Ciudadanos, el grupo mixto y el de Izquierda Confederal. No lo suscribieron Junts per Catalunya, ERC ni EH Bildu. “Hemos hecho una importante cesión pero la ligamos a un acuerdo mayoritario. Estaremos vigilantes, si el Gobierno no cumple con lo que se firma, seremos los primeros en denunciarlo”, afirmó el senador del PRC José MIguel Fernández.

En el texto alternativo negociado el Senado insta al Ejecutivo a “consensuar la revisión del modelo de financiación autonómica y local, con mínimos comunes”, para dotar a las comunidades autónomas y entes locales de los recursos necesarios “para atender con suficiencia sus competencias y garantizar así la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía con independencia de donde vivan”. Al mismo tiempo el Gobierno obtiene el apoyo de los partidos firmantes para “seguir reclamando en la Unión Europea la elaboración de un Plan de Choque Europeo para impulsar una política de recuperación económica en los países miembros de la UE, con una acción coordinada de recursos”. España aspira a recibir 140.000 de los 750.000 millones del Fondo de Reconstrucción Europeo. La gran incógnita son las condiciones: si serán mediante transferencias directas o fondos reembolsables. Es decir, que se tendrían que devolver. El PSOE acusa al PP de haberse alineado con los países más reacios a las transferencias, encabezados por Holanda.

En la enmienda transaccional la Cámara Alta insta a La Moncloa “a buscar un mecanismo” para permitir que los Ayuntamientos, diputaciones y entidades similares con remanente de tesorería al cierre del ejercicio presupuestario anual puedan destinar parte del mismo a las actuaciones e inversiones necesarias “sin comprometer financieramente los objetivos financieros de los ejercicios subsiguientes, estudiando los cambios normativos que fueran precisos”. En la moción original, el PRC pretendía “la modificación urgente de la legislación” para utilizar los ahorros. También reclamaba que se autorizase a los alcaldes “a modificar su techo de gasto en relación con los ingresos reales que tengan durante un año”. Una petición que con los cambios acordados ya no se menciona.

“La moción queda algo descafeinada”, reconoció Fernando Priego, senador del PP, que le pidió “sensibilidad” a Sánchez. “No se puede jugar con los remanentes, y menos consentir que se nos amenace con su incautación para ponerlos a disposición del Gobierno”. Alfonso Moscoso, del PSOE, subrayó que el Ejecutivo “ha destacado su apoyo a los ayuntamientos y se ha comprometido a dotarlos de las leyes que necesitan”. El senador andaluz recordó que la ley de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto vigentes las aprobó Mariano Rajoy con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. Jordi Martí (ERC) no disimuló su “desilusión”. “No hay ninguna medida concreta. Este texto le va muy bien al Gobierno porque gana tiempo”, concluyó.

Por otra parte, todos los grupos, excepto Vox respaldaron un texto común contra el racismo y la xenofobia a raíz de la muerte de George Floyd en Estados Unidos. La extrema derecha vetó en junio una declaración institucional contra el racismo y en favor del movimiento Black Lives Matter. El partido de Santiago Abascal ha impedido en el Senado otras tres declaraciones de la Cámara Alta: contra la LGTBIfobia en el deporte, a favor de las víctimas de los incendios en la isla de Gran Canaria y en favor del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.