Barones del PSOE y el PP pedirán más control y coordinación a Sánchez con los rebrotes

La próxima conferencia de presidentes y la primera presencial desde que comenzó la pandemia del coronavirus se celebrará el próximo 31 de julio en La Rioja, según han confirmado fuentes autonómicas y del Ejecutivo. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, realizó en la tarde de este jueves una ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos para comunicarles la fecha y el lugar. La agenda de asuntos a abordar aún está por cerrar, aunque el Ejecutivo pretende centrarse de partida en explicar el contenido y sentido de los fondos europeos para la reconstrucción tras la emergencia sanitaria pactados esta semana en Bruselas. Los mandatarios autonómicos también tienen bastante claro los temas que quieren discutir: el reparto de los 16.000 millones del fondo nacional previsto con el mismo objetivo y algún tipo de coordinación central ante esta etapa de rebrotes que se está registrando con la pandemia.

El 14 de junio, en la última conferencia de presidentes autonómicos telemática, el jefe de Gobierno adelantó a los mandatarios de las 17 autonomías que quería tener una cita presencial antes del verano. La promesa quedó luego relegada ante la relevancia de la negociación extenuante en Bruselas del fondo de reconstrucción, pero algunos barones regionales se la recordaron esta semana, como Emiliano García Page, Juan Manuel Moreno o Miguel Ángel Revilla. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, realizó en la tarde de este jueves una ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos para comunicarles ya la fecha, el lugar y para que se reservasen ese día.

La ministra habló o dejó el recado a todos los presidentes y no recibió ninguna respuesta negativa. Solo los de Navarra y Asturias tenían esa jornada otros compromisos que al parecer podrían acomodar. El lehendakari Iñigo Urkullu sí precisó más tarde públicamente que no tenía previsto acudir porque no había sido convocado antes la comisión mixta del concierto económico vasco.

La agenda de asuntos a abordar en esa cita aún está por cerrar pero suele ser bastante flexible, aunque el Ejecutivo pretende centrarse en explicar el contenido y sentido de los fondos europeos para la reconstrucción tras la emergencia sanitaria. La mayoría de los presidentes autonómicos tienen bastante claro los temas que quieren discutir: el reparto de los 16.000 millones del fondo nacional previsto para la reactivación del país y algún tipo de coordinación ante esta etapa de rebrotes veraniegos que se está registrando con la pandemia.

El milenario Monasterio de San Millán de la Cogolla, declarado patriominio de la humanidad, ya acogió otra cumbre autonómica similar en octubre de 1992, en un acto que sirvió de homenaje a todas las lenguas del Estado. La de este 31 de julio será la séptima conferencia de presidentes presencial (en estas semanas de estado de alarma ha habido 14 telemáticas) y la anterior, aunque debían ser anuales, se produjo en 2017.

El presidente llegará a esa cumbre tras haber debatido el miércoles en el Congreso las consecuencias del fondo europeo en otra sesión que se prevé bronca, especialmente con la oposición de derechas. El Gobierno quiere implicar a las autonomías en el éxito de la cuantía del fondo para España (140.000 millones), que será un elemento básico para los próximos presupuestos del Estado, aún por negociar y en los que se persigue una alianza política amplia. Las comunidades, sin embargo, ya han empezado a discutir esta semana sobre los criterios de reparto del fondo español directo para las autonomías, asignado en 16.000 millones y del que Madrid y Cataluña se llevarán la mayor parte al ser las más afectadas.

Desde las Presidencias de las comunidades de Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía o Castilla y León se indicó, además, que les gustaría que se tratase también, y así lo expondrán, que el Gobierno central y el Ministerio de Sanidad asumieran ante los rebrotes de estos últimos días una labor de mayor coordinación y control.

Algunos presidentes han mostrado su discrepancia y el presidente catalán, Quim Torra, ha avanzado incluso que reclamaría más de 30.000 millones para Cataluña. Andalucía, gobernada ahora por el PP y Ciudadanos, ha avisado por su parte de que no aceptará menos que otras regiones y ha anticipado dos temas fundamentales en su negociación: una mayor coordinación entre todas las autonomías de cara a la estrategia frente a la covid-19, con la máxima fluidez de información entre todos, y lo que entienden como un reparto más justo y equitativo de los fondos, respetando el criterio de la Unión Europea sobre población, tasa de paro y PIB per cápita.

Madrid y Cataluña, que han sido las zonas más afectadas por el coronavirus, se llevan las partidas más grandes de ese fondo. El presidente catalán ha enviado una carta a esta tarde a Sánchez en la que le pide habilitar un mecanismo de participación telemático. Torra argumenta que la situación de la pandemia en Cataluña “dificulta y desaconseja la movilidad”, informa Camilo S. Baquero. También le solicita que haya un trabajo previo de preparación de los equipos económicos, con lo que el líder catalán quiere evitar que sea una reunión de meros anuncios y haya un pacto anterior respecto al reparto.

En Castilla-La Mancha, su presidente, el socialista Emiliano García Page, también ha criticado que ante esta situación de brotes y rebrotes el Ministerio de Sanidad y el Ejecutivo central no pueden jugar solo un mero papel de comentaristas y han demandado que entre el control total del estado de alarma y el escenario actual debería haber alguna función intermedia sin necesidad de recurrir a reales decretos que tuvieran que ser convalidados por el Congreso.

Page ha celebrado en rueda de prensa este mismo viernes la convocatoria de la reunión en La Rioja pero ha defendido la necesidad de que también en agosto haya “coordinación” entre el Estado y las autonomías: “No se puede permitir abordar una evolución de la pandemia en el mes de agosto rebajando ningún tipo de elemento de coordinación”. Y agregó: “Las decisiones sustanciales de movilidad en el conjunto del país, las que afectan a limitación de derechos o las de salud pública, son responsabilidad del Ministerio de Sanidad y no debería tener la intención de ser comentarista y que las comunidades autónomas sean las que gestionan el día a día”.