La crisis tensiona el Estado autonómico

La penúltima Conferencia de Presidentes fue la más dura de las cuatro celebradas telemáticamente desde que estalló la crisis del coronavirus, según relatan distintas fuentes que participaron. Aunque el formato no propicia el debate, porque Pedro Sánchez abre y cierra y los 17 presidentes autonómicos no tienen posibilidad de réplica, la cita estuvo cargada de tensión. El lehendakari, Íñigo Urkullu, tenía un gran enfado por las formas unilaterales del Gobierno a la hora de comunicar a las autonomías la paralización económica, y la madrileña Isabel Díaz Ayuso, al frente del territorio más desbordado y punta de lanza del PP, insistió en la confrontación leyendo un listado de exigencias para su comunidad. Los reproches volaron de ida y vuelta: el presidente aludió por su parte al problema en las residencias de ancianos —de competencia autonómica— en lo que algunos interpretaron como un aviso: “Enseñó los dientes”, relata una fuente que participó.

El cansancio y la presión hacen mella entre los jefes de Gobierno que afrontan la mayor crisis desde la Guerra Civil. El sistema español, con las competencias en Sanidad transferidas a las comunidades autónomas, obliga a un mayor esfuerzo de coordinación. No está siendo fácil. La respuesta a la emergencia sanitaria desde el punto de vista institucional ha aflorado dos tipos de críticas: por un lado, la supuesta existencia de 17 sistemas sanitarios batallando por separado contra el virus y un Ministerio de Sanidad vaciado de competencias, y, por el otro, un mando único gubernamental ineficaz.

EL PAÍS desveló que las comunidades no trasladan enfermos entre ellas, a pesar de que el foco del virus golpea de forma mucho más virulenta a unos territorios que a otros, y algunos Gobiernos autonómicos, como el catalán o el madrileño, no dudaron en acusar al central de requisarles material para sus sanitarios. Hay deslealtades y choques entre Administraciones —el conflicto está muy enconado entre el Gobierno de Ayuso y el de Sánchez—, además de críticas de inoperancia al Ministerio de Sanidad. “Es un ministerio pequeño y está anquilosado. El ejemplo es que no ha podido hacerse cargo de contratar el material sanitario, y ha tenido que asumir esa tarea el Ministerio de Hacienda”, se queja el mando de una comunidad autónoma.

Con esta fotografía, una pregunta se abre paso: ¿es el Estado de las autonomías una rémora para afrontar la pandemia? “La descoordinación ha sido mínima”, contesta Guillermo Fernández Vara, presidente socialista de Extremadura. “Esta misma semana muchos pacientes extremeños están siendo tratados en Madrid. Nosotros les hemos mandado por nuestra parte algunos recursos”, defiende. “Los problemas de coordinación en un momento determinado no están rompiendo la solidaridad. Nadie está negando la ayuda a los otros, no hay una frontera de egoísmo”, apostilla su compañero de partido y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

La colaboración entre Administraciones está funcionando a tres niveles: el ministro Salvador Illa se relaciona con los consejeros autonómicos de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud; el delegado del Gobierno en cada autonomía lo hace con el consejero de protección civil y los alcaldes; y, por último, los presidentes autonómicos se dirigen a los ministros de Sanidad y Hacienda y otros miembros del Gobierno. “Hoy he llamado a tres ministros y no puedo decir que alguien no me coja el teléfono”, apunta un presidente del PP. Los jefes de Gobierno autonómicos también se llaman entre ellos, casi a diario.

Las tensiones entre un sistema sanitario unitario o descentralizado existen desde que se aprobó la legislación que implanta este modelo, la Ley General de Sanidad de 1986. El debate fue entonces si copiar en España el National Health Service británico o desarrollar otro, más conforme a la realidad autonómica de la Constitución Española. “Hubo discusión, sobre todo porque los sanitarios de la izquierda veían el sistema sanitario británico como un tótem”, recuerda Pedro Pablo Mansilla, jefe de gabinete de Ernest Lluch, el ministro de Sanidad que aprobó la ley, y secretario de redacción de la norma. “Se optó por este sistema porque no había otra solución desde el punto de vista constitucional. La realidad jurídica se imponía”, rememora el ex alto cargo socialista.

Presidentes autonómicos de uno y otro signo se oponen a cualquier planteamiento recentralizador. “Sería un error. Gracias a las autonomías hay más profesionales, más tecnología y más infraestructuras”, argumenta Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, del PP. El castellanomanchego Emiliano García-Page coincide en que el sistema autonómico “ha sido un acelerador de infraestructuras y de recursos humanos”. “Si hubiera seguido en manos del Estado, la Sanidad tendría hoy un 40 % menos de recursos disponibles”, defiende. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, hay cinco hospitales más desde que en 2001 asumieron las transferencias, y su personal sanitario ha aumentado de 18.000 a más de 30.000, según datos del Gobierno regional.

A futuro, la reflexión de quienes están viviendo la crisis y de observadores externos es que hay que fortalecer los mecanismos de colaboración de los territorios con el Gobierno central. “Se debe reforzar el Ministerio de Sanidad”, propone Fernández Mañueco. El político que más tiempo ha estado al frente de esa cartera en democracia coincide en esta tesis: “Las comunidades han hecho lo posible por debilitar el liderazgo del ministerio desde hace 20 años por una visión de sus competencias mal entendida”, razona Julián García Vargas. El sucesor de Ernest Lluch aporta además dos propuestas: que el Consejo Interterritorial, donde están representados todos los Gobiernos regionales, “tenga carácter ejecutivo en grandes cuestiones por mayoría cualificada”, y que el Instituto de Salud Carlos III se potencie al estilo del Instituto Robert Koch alemán. En el fondo: avanzar hacia mecanismos más federales.

La emergencia sanitaria ha traído también una consecuencia inesperada. Por primera vez desde hace casi una década, el lehendakari y el president catalán han participado en las conferencias de presidentes en pie de igualdad con todos los demás. Una anomalía esperanzadora en un Estado con un conflicto territorial latente. Urkullu y Torra ofrecen lealtad y solidaridad en las reuniones, según varios participantes, que cuentan que el presidente catalán se muestra incluso fraternal, instando a todos a que cuiden de sus familias y ofreciendo su ayuda a quien la necesite. García-Page valora esta clave con optimismo: “Por primera vez todas las comunidades estamos ahí sin distinción, como gestores en el mismo nivel. Esto influirá en la lógica política después de la crisis”.

GASTAR MÁS PARA UN SISTEMA PUNTERO

El debate sobre si un Estado jacobino o descentralizado afronta mejor una emergencia sanitaria no debe eclipsar una realidad que supera cualquier organización territorial: los recursos. Los datos son claros: España se situó en 2017 por debajo de la media de la Unión Europea en porcentaje del PIB destinado a gasto en sanidad, con un 8,9% frente al 9,9% de la UE, según las cifras de Eurostat. Francia y Alemania están a la cabeza de la UE en gasto sanitario (11,3% en ambos países). “De aquí saldremos con un replanteamiento de prioridades. El sistema sanitario español necesita más inversión pública”, plantea Emiliano García-Page, presidente de Castilla La- Mancha.

La discusión sobre la inversión en Sanidad apenas ha ocupado gran parte del debate público hasta ahora, centrado en la búsqueda de responsables de actuación ante la pandemia. “Entre los países desarrollados hay Estados modernos y otros que se han quedado anticuados. Corea del Sur ha tenido una respuesta moderna, con un confinamiento tecnológico”, apunta Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. “España debe definir qué sistema sanitario debe tener. Hay que gastar más si se quiere un sistema puntero. Para eso, hará falta destinar algunos impuestos solo a la Sanidad”, apunta Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura.

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