La empresa del vertedero de Zaldibar tilda de “ilegal” el arresto de su propietario y dos directivos

La empresa que gestionaba el vertedero derrumbado de Zaldibar, que el 6 de febrero colapsó y atrapó a dos trabajadores que aún no han aparecido, ha denunciado que la detención de este martes del propietario de la entidad y de dos altos cargos “es contraria a derecho” e “ilegal”. Verter Recycling 2002 esgrime que la orden obedece a una “decisión policial” y no de la magistrada del juzgado de Durango que investiga los hechos y que la propia Policía ha confirmado este extremo. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha corroborado que es una “operación puramente policial”, en contra de lo que informaron fuentes del departamento de Seguridad del Ejecutivo autonómico, que lo achacaban a una iniciativa judicial. Los arrestados son el dueño del vertedero, José Ignacio Barinaga, el ingeniero jefe, Juan Etxebarria, y la responsable legal y sobrina de Barinaga, Arrate Bilbao. Fuentes cercanas a las familias de los desaparecidos afirman que la declaración está prevista para este jueves, algo que ha confirmado la responsable de Seguridad, Estefanía Beltrán de Hereida; hasta entonces permanecen en la comisaría de Eibar (Gipuzkoa), donde fueron detenidos.

La compañía ha censurado que desconoce si existe información que justifique la detención e insiste en que durante los más de cinco meses transcurridos desde que el alud de deshechos arrolló a Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze la empresa ha tenido “disposición por colaborar”. A su entender, según el comunicado difundido, “los representantes de la propiedad y gestores de la empresa han mantenido una actitud de total colaboración con las autoridades y estamentos judiciales” para conocer el porqué de la tragedia.

Verter Recycling 2002 añade también en el escrito que consideran “desproporcionada” una actuación que “tiene como finalidad la toma de declaración de las personas detenidas”, algo que les resulta extraño porque según ellos siempre han estado disponibles, pero que nunca se les había emplazado a ello ni por parte de las autoridades judiciales ni policiales. La empresa indica asimismo que, dado que el procedimiento judicial se encuentra en la fase preliminar de diligencias previas para descubrir los motivos del derrumbe, considera actuaciones como esta “totalmente injustificadas hasta que no existan datos y hechos contrastados”.

El colapso de la escombrera ha provocado la apertura de causas para determinar si en esta ladera de Zaldibar se produjeron delitos medioambientales, en referencia al deslizamiento de los terrenos, y contra la salud de los trabajadores, pues se trabaja con indicios de que los materiales acumulados no estaban adecuadamente separados y había residuos peligrosos, como el amianto, no controlados. El pasado junio, la Ertzaintza constató “indicios de criminalidad” en la gestión de la instalación de Zaldibar. La policía vasca incluyó estas consideraciones en el sumario judicial abierto en el juzgado de Durango, que adelantó el grupo Vocento, por lo sucedido aquel 6 de febrero.

La Comisión Europea también anunció, el pasado mayo, que examinará la cadena de errores que rodeó la desaparición de los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. La Comisión detalló entonces que podían haberse quebrantado normativas como la del acceso al público a la información medioambiental para prevenir o limitar los daños provocados en caso de amenaza inminente para la salud humana o el medio ambiente. También recordó que las reglas europeas pueden obligar al operador del vertedero a reparar los terrenos dañados hasta devolverlos a su estado anterior.