La Ertzaintza vincula “indicios de criminalidad” en la gestión del vertedero de Zaldibar con su derrumbe
El sumario judicial abierto por la causa recoge posibles delitos contra el medio ambiente y contra los derechos de los trabajadores
La investigación de la Ertzaintza sobre el colapso del vertedero de Zaldibar (Bizkaia), del que se han cumplido cuatro meses sin conseguir rescatar a dos trabajadores sepultados bajo toneladas de residuos, ha constatado “indicios de criminalidad” en cómo se gestionaba la instalación. La policía vasca ha incluido estas consideraciones en el sumario judicial abierto en el juzgado de Durango, que ha adelantado el grupo Vocento, por lo sucedido aquel 6 de febrero. De este modo, las acusaciones de “actuaciones irregulares” en la escombrera comprometen a la empresa que lo administraba, Verter Recycling 2002.
La Ertzaintza ha apreciado dichos “indicios de criminalidad” en torno a dos posibles delitos. Por un lado, uno contra el medio ambiente y los recursos naturales, por suponer un riesgo “grave” para el entorno natural y para “la salud de las personas”. Asimismo, un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores. El sumario plasma también que en el sector se conocía a la escombrera derrumbada como “el agujero”, por la cantidad de basuras que les llegaban y porque no se revisaban.
Esta mala gestión, de corroborarse, vulneraría la Autorización Ambiental Integrada que el Gobierno Vasco otorgó a Verter Recycling en 2007 y que se renovó en 2013. Los investigadores han determinado que, conforme a la información de “fuentes abiertas”, el depósito de basuras eliminaba residuos para los que no estaba autorizado. Las pruebas de la Ertzaintza establecen también que la empresa almacenó amianto, un material nocivo, desde antes de obtener la licencia para trabajarlo en 2017. La presencia de amianto en el alud, de la que no se tenía constancia en el primer momento de las labores de rescate, paralizó las intervenciones para proteger a los encargados de la búsqueda, que ya habían iniciado la operación sin las medidas pertinentes.
El Gobierno vasco, particularmente a través de su área de Medio Ambiente, ha insistido durante estas semanas en que la empresa posee la responsabilidad de lo ocurrido. El deslizamiento que arrastró a Joaquín Beltrán y a Alberto Sololuze también llamó la atención de la Comisión Europea, que ha pedido información sobre lo ocurrido y las “importantes deficiencias” apreciadas en el vertedero de Zaldibar. Las concentraciones y reivindicaciones populares se han repetido durante los más de cuatro meses que llevan desaparecidas estas dos personas mientras las labores de estabilización del lugar y de búsqueda continúan sin avances significativos sobre el hallazgo.
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