El Gobierno cierra la puerta a la regularización urgente de todos los inmigrantes que pide Podemos

El Gobierno cierra la puerta a la regularización masiva y urgente de inmigrantes residentes en España que promueve Unidas Podemos. El grupo de Pablo Iglesias presentó este viernes en el Congreso una proposición no de ley para reclamar esa regularización, que se ha hecho durante la pandemia en países como Portugal o Italia, pero la portavoz del Gobierno de coalición, María Jesús Montero, dejó muy claro que el asunto no está encima de la mesa. “No se ha producido un debate sobre esa regularización ni en este Consejo de Ministros ni en anteriores”, señaló Montero.

Fuentes del Ejecutivo descartan que haya acuerdo en el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos para que se produzca una regularización masiva de inmigrantes, como pide la formación que lidera Pablo Iglesias. En el momento en que se anunciaron las regularizaciones en Italia y, en especial, en Portugal –el país vecino, presidido también por un socialdemócrata: Antonio Costa– sí hubo un debate dentro de la coalición, en el que Unidas Podemos defendió esta posibilidad, según fuentes del Ejecutivo. Incluso ministros elegidos en la cuota del PSOE como José Luis Escrivá defendieron internamente algún tipo de fórmula cuando se discutió cómo resolver el problema de la mano de obra en el campo con las fronteras cerradas, según estas fuentes. Pero el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el de Agricultura, Luis Planas, descartaron de plano esta regularización masiva, que ha quedado fuera de la agenda del Ejecutivo.

Grande Marlaska mantuvo su posición habitual sobre la política migratoria, más restrictiva que la de otros ministros, y Planas señaló que con el decreto que hizo el Gobierno para incorporar jóvenes extranjeros y renovar autorizaciones de trabajo de temporeros inmigrantes era suficiente para cubrir las necesidades del campo. Fuentes del Ejecutivo también aclaran que las regularizaciones en Portugal e Italia han sido pequeñas, parciales. En España, según un reciente informe de la Universidad Carlos III y la Fundación PorCausa, se estima que a finales de 2019 había entre 390.000 y 470.000 personas en situación irregular. Esto supone entre un 11% y un 13% del total de inmigrantes extracomunitarios. Contrariamente a lo que señalan los discursos políticos de la extrema derecha, el 80% de estos vienen de América y menos de un 10% de África. La última gran regularización se produjo en 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa.

Precisamente al ver que este asunto no avanzaba en el seno del Gobierno, Unidas Podemos lo lleva ahora al Congreso, para marcar perfil propio en un tema que sabe que no hay consenso, como ha sucedido antes con el impuesto a las grandes fortunas o con las investigaciones sobre la fortuna del rey emérito. Unidas Podemos, ERC, Junts, BNG, Más País, CUP, Compromís y EH Bildu, firmantes de la proposición no de ley, piden una “regularización urgente, permanente y sin condiciones” de todas las personas inmigrantes que residan en España y exigen al Ejecutivo que se abra un proceso para otorgar el permiso de residencia y trabajo a todos aquellos que lo hubieran solicitado hasta la declaración del estado de alarma.

Varios grupos de izquierda han presionado al Ejecutivo con este asunto en las últimas semanas, y la respuesta siempre ha sido la misma: no habrá regularización masiva. En el Senado, el 19 de mayo, el ministro Escrivá señaló que es el marco europeo el que impide que España lo haga. Cuando le preguntaron por qué lo habían podido hacer entonces Italia y Portugal, Escrivá indicó que en estos dos países se trata de regularizaciones temporales y que la iniciativa de Portugal fue posible porque allí los inmigrantes no tienen acceso a la sanidad pública, al contrario que en España, mientras que en Italia se centró en los trabajadores del campo y del servicio doméstico. “Hemos examinado esta situación en España y no se dan las circunstancias”, aseguró Escrivá.

La política migratoria es uno de los asuntos que más separan a los dos socios del Gobierno de coalición. Antes de que la pandemia centrara cualquier debate, en los primeros pasos del Ejecutivo en el mes de febrero, el endurecimiento del discurso migratorio del ministro Grande-Marlaska ya provocó los primeros roces entre las dos formaciones.

Con esta proposición, Unidas Podemos mantiene su estrategia de marcar perfil propio frente al PSOE y de desmarcarse en este tema, aunque desde su posición como parte del Gobierno siempre remitan al acuerdo programático firmando entre ambos partidos. En el aspecto migratorio, la redacción del texto común no ahonda en medidas concretas y se basa en que el Ejecutivo se comprometerá a promover una política de inmigración “justa y solidaria” que respete “los derechos humanos”.

Planes de reforma

La política migratoria del Ejecutivo no pasa por la regularización, pero sí por flexibilizar las exigencias para vivir y trabajar en España. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es un firme defensor de simplificar las normas y adaptar los flujos migratorios al mercado laboral. Entre sus prioridades está modificar la ley de extranjería, “un régimen disperso y complejo”, aunque para ello necesitará consenso dentro y fuera del Gobierno. La pandemia ha retrasado sus planes reformistas, pero ha sido precisamente durante estos meses cuando su departamento ha estado más activo en la elaboración de instrucciones, algunas inéditas, que benefician a miles de inmigrantes.

Desde marzo, la Secretaría de Estado de Migraciones ha facilitado las autorizaciones de trabajo a los menores extranjeros mayores de 16 años y ha impulsado la incorporación de los jóvenes inmigrantes extutelados al campo permitiendo que después de las campañas se incorporen a otros sectores. La pandemia también impulsó un plan que se quedó a medias, pero que aceleró la concesión de cerca de 500 autorizaciones de trabajo y la homologación de títulos a personal sanitario que esperaba hace meses una respuesta. En el cajón se quedó sin embargo la iniciativa de reclutar a miles doctores y enfermeras extranjeros que, a pesar de vivir regularmente en España y querer prestar su ayuda en la lucha contra el virus, no tenían permiso para trabajar en España.

Este mes, finalmente, tres recientes instrucciones han rebajado las exigencias económicas de tres trámites clave para que los inmigrantes a la espera de sus papeles no se viesen perjudicados por una caída de sus ingresos debido a la crisis del coronavirus. La medida facilita la renovación y concesión de permisos y la reagrupación familiar, pero no se aplica a nuevas solicitudes. La secretaria de Estado, Hana Jalloul, ya se mostró en una entrevista con ‘Eldiario.es’ más partidaria de estudiar el impacto y eficacia de estas medidas, que considera que ofrecen más seguridad jurídica a largo plazo, que de la regularización. “Nuestra línea de trabajo va a seguir siendo la del diseño de una política migratoria que asegura itinerarios de inclusión sociolaboral”, añade una portavoz.