La pandemia tensa las costuras del sistema de asilo

Cruzar Madrid de norte a sur en autobús en pleno confinamiento sin tarjeta de transporte y sin dinero le llevó más de tres horas. Caminó algunos kilómetros arrastrando dos bolsas con sus cosas, un señor le pagó uno de los billetes y otro conductor la dejó viajar gratis al ver su angustia. Aquella noche del 19 de abril, Patricia, una costurera colombiana de 51 años, se plantó por fin frente a la puerta de un centro de acogida para solicitantes de asilo. O la dejaban entrar o dormiría en la calle. Desde su casa, también desesperada, estaba Merche Negro, una vecina del barrio de Arganzuela que marcó casi todos los contactos de su agenda de periodista para lograr que abriesen la puerta a la mujer. “Me sentí muy desprotegida. Si no hubiese sido por ella no sé qué habría pasado conmigo”, agradece la costurera que pide no revelar su verdadero nombre por miedo a ser reconocida por quienes la amenazaban en su país.

Patricia se saltó el cauce habitual porque llevaba desde el 27 de febrero dando tumbos por Madrid. Como solicitante de asilo tenía derecho a ser acogida por la red estatal, pero los centros estaban llenos y ella completamente perdida en un país que en pocos días se encerraría en casa durante casi tres meses. La acogió primero una desconocida que el primer día quiso ponerla a trabajar de camarera en un puticlub. Espantada de aquello acabó en casa de otra señora que le daba alojamiento a cambio de tenerla todo el día limpiando, cocinando y cuidando de un niño. “Le aguanté humillaciones durante un mes y 20 días”, recuerda. Hasta que no pudo más. Había llamado ya a todas las organizaciones sociales que le indicó un párroco. Ocho llamadas y ocho respuestas iguales: “No hay plazas, tendrás que esperar”.

La pandemia bloqueó la situación de miles de solicitantes de asilo que huyendo de sus países buscan protección en España. Los trámites se suspendieron, los recursos de acogida municipales y estatales estaban al límite, los teléfonos comunicaban y el laberinto habitual para obtener información se llenó de puntos ciegos. “La pandemia ha sido un factor clave para empeorar la situación de estas personas”, ha asegurado este viernes la directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, en la presentación de su informe anual con motivo del Día Mundial del Refugiado que se conmemora este sábado.

Quedarse sin techo ya era una realidad para ellos antes de la emergencia sanitaria –una encuesta del centro de estudios CIDOB con 300 solicitantes de asilo en Cataluña ha concluido que un 27% de ellos habían dormido en la calle–, y el estado de alarma agravó su precariedad.

“La pandemia atrasó todo mi proceso. Había mucha desinformación, no me respondían al teléfono. Pasé algunos días sin comer, solo bebiendo agua porque no sabía qué hacer”, cuenta una auxiliar de enfermería colombiana de 40 años desplazada por las amenazas de la guerrilla. También en el caso de esta mujer, alojada en casa de una señora que conoció en el avión, fue la vecina de Arganzuela quien se movilizó para que entrase en el sistema de acogida. “Ha sido fundamental la ayuda mutua de familia y amigos así como la labor de algunos ayuntamientos y, sobre todo, de redes sociales y vecinales”, escribe la investigadora del CIDOB Blanca Garcés en un reciente artículo titulado El asilo confinado.

Un sistema congelado

En 2019 más de 118.000 personas pidieron asilo en España y este año, aunque el cierre de fronteras ha bloqueado las llegadas durante casi tres meses, ya son 40.000. España es el país con más peticiones de la Unión Europea y tiene un perfil muy diferente al de los países de su entorno que acogen sobre todo a sirios y afganos: aquí los venezolanos y colombianos suman el 65% de los expedientes.

El estudio de los casos ha seguido su curso de forma telemática, pero durante el confinamiento España no garantizó la entrada de nuevas solicitudes de asilo. “A pesar de que la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) ofreció unas instrucciones para realizar entrevistas online, esta opción no ha sido contemplada en España, porque los recursos y la propia dinámica del proceso, en el que la policía juega un papel clave, no lo permitía”, destaca el informe sobre el impacto de la pandemia elaborado por CEAR en colaboración con el laboratorio de ideas Instrategies.

La emergencia sanitaria tensó un sistema que lleva años mostrando sus costuras. En algunas provincias, como Alicante, Bilbao o San Sebastián la cita en comisaría para iniciar las solicitudes podía retrasarse más de un año, los casos tardan hasta dos años en resolverse y el sistema de acogida se ha visto superado para atender a los más vulnerables. España es, además, junto a Hungría, el país de la UE que concede menos protección a sus solicitantes, apenas un 5% de los casos obtienen el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria, las dos figuras que reconoce el Convenio de Ginebra para los Refugiados.

El Ministerio del Interior inició un plan de choque en 2018 para dotar de recursos a la Oficina de Asilo que llevaba con el mismo personal y sistema informático desde que se creó en 1992, pero en palabras de su directora Carmen López, “aún hace falta mucho esfuerzo” para responder a la demanda. España arrastra más de 130.000 expedientes pendientes de resolución (una cuarta parte de toda la UE) y mientras el resto de países de la UE aprovechó la caída drástica de solicitudes durante la pandemia para reducir el volumen de casos abiertos, el stock de España seguía creciendo, según un informe interno de la EASO elaborado en mayo. Esta semana, tras dos meses sin celebrarse, la comisión interministerial que propone la protección o denegación de cada caso se reunió para dar salida a más de 16.500 expedientes, más que en todo 2018. “Nos preocupa que estas comisiones rápidas y con un gran número de expedientes supongan un deterioro del estudio de cada caso”, advierte CEAR.

La vuelta a la normalidad supondrá nuevas llegadas, una carrera administrativa por recuperar el tiempo perdido y, tras la reactivación de los plazos, la salida de cientos de personas del sistema de acogida. Acnur pide ante la crisis que se avecina medios y previsión: “Es fundamental hacer una previsión de las necesidades de recursos humanos y presupuestarios para hacer frente a la situación actual y a futuras crisis”. La coordinadora del servicio jurídico de CEAR, Paloma Favieres coincide: “Se necesitan medios e instrucciones claras para retomar la actividad y no mermar la calidad de un procedimiento ya deficiente”.