Refugiada en una cámara frigorífica

Un grupo de solicitantes de asilo liberados en Madrid tras vivir varios meses hacinados en un restaurante relatan los abusos a los que les sometió su casera

De izquierda a derecha, Luis Evelyn, un barbero colombiano que huyó de su país por miedo a ser asesinado; Félix Candelo, que también salió de Colombia por la violencia; y Maiker Jesús Rodríguez, un ingeniero venezolano de 30 años. Los tres forman parte del grupo hacinado en un restaurante de Madrid a cambio de precios desorbitados.
De izquierda a derecha, Luis Evelyn, un barbero colombiano que huyó de su país por miedo a ser asesinado; Félix Candelo, que también salió de Colombia por la violencia; y Maiker Jesús Rodríguez, un ingeniero venezolano de 30 años. Los tres forman parte del grupo hacinado en un restaurante de Madrid a cambio de precios desorbitados.Olmo Calvo

Mariana vivió 60 días dentro de la cámara frigorífica apagada de un restaurante. Su casera, Julia A. C., le cobró 150 euros al mes. Por adelantado. Acababa de llegar a España pidiendo asilo desde Colombia y necesitaba un sitio donde dormir. Llegó una madrugada del pasado diciembre, se tumbó abrazada a sus maletas y lloró toda la noche. “Doña Julia sabía medir la desesperación de cada uno de nosotros”, describe Mariana, una teleoperadora de 23 años.

Como Mariana, que pide que no se revele su verdadero nombre, vivían en ese local otras 20 personas, incluidos dos bebés. Julia, la casera, también. La mayoría de los inquilinos eran solicitantes de asilo de Colombia y Venezuela y, aunque el Estado está obligado a ofrecerles acogida si no tienen recursos, ninguno fue informado de ello. Pagaron hasta 400 euros al mes por dormir en colchones sacados de la basura que doña Julia colocaba en la barra del bar, bajo la campana extractora de la cocina, en la despensa, en el pasillo o en el comedor, separados por mamparas de tela y cartón. Mataban cucarachas por todas partes. Así, en espacios de un metro por metro y medio, enfrentaron las primeras semanas de la pandemia. Siete inquilinos y dos agentes reconstruyen ahora cómo el restaurante El Buen Gusto, en el madrileño barrio de San Blas, acabó por convertirse en un caso policial.

Imágenes del restaurante el día que los agentes liberaron a un grupo de más de 20 personas.

Hay vecinos que tienen un buen recuerdo de las mejores épocas de esa parcela, un asador con un agradable jardín. La explotación del local cambió varias veces de manos hasta caer, en 2017, en las de doña Julia, pero esta boliviana de 59 años nunca llegó a servir un menú. Usándolo como alojamiento ilegal, el hueco de la barra del bar le rendía 700 euros al mes; el del fondo del comedor, 250; la cámara frigorífica subió a 220; otros 400 por el camastro de la familia del piso de arriba… Había, además, ingresos extra. Cobraba por el wifi 10 euros y por el empadronamiento —un trámite gratuito—, 50 euros. En total, calculan sus inquilinos, doña Julia se embolsaba más de 8.000 euros al mes. Gastos, apenas los necesarios: tras ducharse ella apagaba el calentador para el resto y por la noche les cortaba la luz. “Soy más lista que el hambre”, “yo soy amiga del dinero”, “si no te gusta te vas”, solía repetirles como una cantinela. Las quejas se resolvían rápido: “En cualquier momento llamo a la policía para que te deporten”.

La policía finalmente apareció, pero para llevarse a doña Julia detenida. Un vecino alertó del movimiento en pleno confinamiento y los agentes de la Policía Nacional, tras comprobar la larga lista de personas que, inexplicablemente, la casera había conseguido empadronar en un local sin cédula de habitabilidad, tocaron a su puerta el pasado 21 de abril. Las condiciones impactaron a los policías. “La mujer les decía que estaba contagiada de coronavirus y les amenazaba con escupirles en el plato”, relata un agente.

Doña Julia quizá no era “más lista que el hambre”, como les decía a sus inquilinos, pero sus presas eran muy vulnerables: dos familias inmigrantes sin techo; Ernesto, un rider venezolano que tenía que enviar todo el dinero que ganaba a sus padres y no podía permitirse alquilar un piso; Álvaro, Félix y Luis, tres colombianos desplazados por la violencia, con sus últimos ahorros... “Estaban muy desubicados, sin trabajo, y se agarraron a esto. Era gente humilde en un país extraño”, explican los investigadores. Mariana, desde la cámara frigorífica y después desde otro minúsculo habitáculo, fue quizá quien más se enfrentó a doña Julia, cansada de los abusos. “Ella me odiaba. Me quitó la llave del baño, me desaparecía dinero y me rompía los vestidos. Me anunció a los hombres de la casa como si fuese prostituta”, recuerda la joven colombiana. “Dormir en la nevera era escalofriante. Yo caí en una depresión tremenda. Al principio tenía mis ahorros, pero se me fueron yendo en comida y nadie me alquilaba”.

Una convivencia entre amenazas y conjuros

La convivencia estaba sometida al control de la casera, que pasaba una parte del día conjurando hechizos de brujería contra sus huéspedes. Ni podían encender la luz de noche, ni escuchar música en el móvil, ni siquiera juntarse entre ellos. “Aquí no habéis venido a hacer amigos”, les decía. La relación se tensó en marzo, cuando varios de sus inquilinos, ya sin ahorros, se vieron en mitad de la pandemia con total restricción de movimientos. Doña Julia se empeñó en echarlos —“yo no estoy aquí para ayudar a nadie”, cuentan que les dijo—. Les cortó el wifi, impidiéndoles que se comunicaran con sus familias, y recurrió a un par de escuderos rumanos que presumían de su historial delictivo para amedrentarlos.

Doña Julia, que según la policía tiene antecedentes por coacciones en un caso parecido, no cayó sola. Los agentes también detuvieron al dueño del restaurante, que es secretario general de un Ayuntamiento madrileño. Él aseguró a los agentes que no sabía nada de lo que ocurría en su local. Cobraba un alquiler de 1.000 euros en mano y nada más. Pero don Gerardo, como le conocían los inquilinos, apareció en el restaurante al menos tres veces. Tocado con un sombrero blanco, se sentaba en un mugriento sofá de cuadros frente a la barra del bar donde dormían dos colombianos tras una sábana. Doña Julia le servía café y charlaban de piernas cruzadas, mientras la vida de 21 personas discurría alrededor. “Mi participación fue 0. Fue un incumplimiento por parte de la inquilina porque yo no sabía que alquilaba. Alguna vez vi a alguien, pero pensé que era gente que estaba allí para hacer reparaciones. ¿Cómo voy a meterme yo, con mi posición, en semejante asunto?”, cuestiona el propietario a EL PAÍS. Ni los dos principales investigadores del caso ni los siete inquilinos entrevistados por este periódico le creen.

Mariana cuenta ahora su historia en un centro para solicitantes de asilo. Aparece desafiante en el marco de la puerta fumando un cigarrillo de vapor, pero tarda cinco minutos en derrumbarse. Huyó de Colombia dejando a su hijo de siete años a cargo de su abuela y acaban de llamarla para contarle que no está bien cuidado. “Mi hijo no está seguro allá. Anda en unas condiciones horribles. Mi abuela me ha traicionado. No soporto verlo así”, solloza. “Necesito que pase este caos para traerlo, pero sufre neumonía y me da miedo arriesgarlo. Estoy desesperada”. Asegura que se marchó para evitar que la asesinaran. Vivía al lado de un punto de venta de drogas y tuvo problemas con los traficantes. Un día, al volver del trabajo la atacaron por la espalda. “Me pegaron entre tres. Me arrancaron un trozo de piel de la cabeza con los dientes”, recuerda. Mariana denunció la agresión y firmó su sentencia de muerte. “Decretaron una orden de alejamiento, pero era solo un papel, allá nadie obedece eso. Me perseguían hasta en el colegio de mi hijo”.

La historia de doña Julia no acaba con su detención. La mujer volvió al restaurante, quitó el precinto policial y arrambló con las pertenencias que sus inquilinos no tuvieron tiempo de llevarse. Les quitó ropa, zapatos y todo lo que encontró de valor, denuncian ellos. Volvió a ser detenida. Maiker Jesús Rodriguez, un ingeniero civil venezolano de 30 años, perdió sus bolsas de viaje, pero solo reclama su tableta: “Tuve una hija que murió hace dos años y allí estaban las únicas fotos que tengo de ella. Lloraba con ellas a mi muchacha. No quiero plata, quiero que esa mujer me devuelva mis únicos recuerdos”.

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