Un juzgado obliga a Cádiz a retirar la bandera LGTBI de la fachada del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Cádiz deberá retirar la bandera del colectivo LGTBI que ondea en el Consistorio, según el auto dictado este viernes por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de la ciudad. El pronunciamiento se ha producido después de que la asociación Abogados Cristianos denunciase al municipio por izar la enseña, un acto que consideraban que colisionaba contra el pronunciamiento del Tribunal Supremo que impide la presencia de banderas no oficiales en las fachadas de edificios públicos. El Consistorio aún no ha arriado la insignia y asegura que antes analizará el auto con sus servicios jurídicos.

El auto del juzgado gaditano hace suyo buena parte del argumento expuesto por la Sala de lo Contencioso del TS que, el pasado 26 de mayo en recurso de casación, fijó como doctrina que no es legal “la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de edificios y espacios públicos”, tal y como argumenta la jueza Carmen Beardo en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. En el caso de Cádiz, Beardo le recuerda al Ayuntamiento que la enseña del colectivo LGTBI no tiene carácter de oficialidad ni “puede atribuírsele la representatividad de todo un pueblo o nación”.

El Consistorio izó la insignia arcoíris en un cuarto mástil temporal y separado de las tres banderas oficiales —la de España, la de Andalucía y el Pendón de Cádiz— el pasado lunes, de cara a los actos de la Semana del Orgullo. Igualmente lo elevó en otro gran mástil ubicado en la plaza de Sevilla en el que el Ayuntamiento coloca diferentes símbolos, oficiales o no. Apenas dos días después, la asociación Abogados Cristianos presentó una querella por prevaricación contra el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’. En dicha actuación, la entidad solicitó además la medida cautelarísima de retirar el símbolo ubicado en la fachada consistorial, a la que ahora la titular del Contencioso Administrativo ha accedido.

“Estas denuncias demuestran que el discurso del odio sigue vigente. Ante eso no podemos permanecer indiferente y no queda más que posicionarnos a favor de la inclusión, la diversidad y la libertad”, ha asegurado este viernes la concejala de Feminismos y LGTBIQ+ del Ayuntamiento, Lorena Garrón en un comunicado. Pese a que la jueza Beardo le ordena la retirada y aclara que contra su pronunciamiento no cabe recurso —solo alegaciones en el plazo de tres días—, el Ayuntamiento aún no ha quitado la enseña y, desde el Consistorio aseguran que los servicios jurídicos municipales ya están analizando el auto, antes de tomar una decisión.

Aunque González aún no se ha pronunciado sobre la decisión judicial, este jueves defendió la permanencia de la enseña LGTBI tras la querella de la asociación. “Se ha querellado contra mí por izar esa bandera, a mí me merece la pena el disgusto de volver a pasar por los juzgados, otras personas fueron encarceladas, torturadas, violadas y defenestradas, simplemente por ser diferentes, lo mío no es nada comparado con lo que ellas y ellos sufrieron”, defendió el regidor en una publicación en su cuenta de Facebook.

Otras administraciones públicas de España que también tienen sus fachadas exornadas en estos días con los colores arcoíris han manifestado su intención de mantenerlos, como es el caso de Cáceres, informa Marcos Lema. En el Ayuntamiento de Zaragoza han colocado este mismo viernes una banderola sobre el balcón y aseguran que no tienen constancia de recurso alguno, según informa Juan Carlos Espinosa. En Valladolid han tomado la misma postura, además de afanarse en aclarar que, en su caso, tampoco es bandera, sino pancarta. El único representante de Vox en el Consistorio, Javier García Bartolomé, ha solicitado que se retire de manera “inmediata” porque “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente”, informa Juan Navarro.

Protesta para el lunes

La decisión judicial tendrá contestación popular en forma de una concentración de protesta convocada por tres asociaciones gaditanas para el próximo lunes a las siete de la tarde. El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento ya ha anunciado que se sumará al acto de protesta y ha pedido a “grupos políticos y al resto de la ciudad a que se sume”. “Que se hayan molestado por una bandera que simboliza la diversidad y la libertad de un colectivo históricamente oprimido demuestra que queda mucho camino por recorrer”, ha denunciado Garrón.

No es la primera vez que el Consistorio de Cádiz se ve envuelto en un lío de banderas con los juzgados de por medio. Tanto en 2016 como en 2017 fue obligada por los tribunales a retirar la enseña republicana, pese a que en la segunda ocasión lo intentó izándola en un mástil exento cerca del monumento de las Puertas de Tierra. En aquellas ocasiones fue la Subdelegación del Gobierno —entonces en manos del PP— la que denunció la colocación de estos símbolos. Ahora, con esta nueva decisión se complica aún más la exhibición de enseñas —como la bandera trans— de otros colectivos que también se colocaban en el cuarto mástil del Consistorio.