Un juez ordena retirar la bandera republicana izada en Cádiz

De nada le ha servido al Ayuntamiento de Cádiz izar la bandera republicana lejos del Consistorio para impedir que presidiera un edificio público. Tampoco parece haber servido la argumentación dada a los juzgados por el Consistorio que preside José María González Kichi (Podemos). El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de la ciudad andaluza ha estimado la medida cautelar pedida por el Gobierno central y ha ordenado al Ayuntamiento la retirada de la enseña tricolor, mientras toma una decisión sobre la idoneidad o no de su izado en la plaza de la Constitución, frente al monumento de las Puertas de Tierra y punto de entrada al casco histórico de la ciudad.

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Antes de este mediodía, el Ayuntamiento de Cádiz ya había retirado la enseña. Sin embargo, no ha dudado en mostrar su disconformidad con que les “obliguen a retirar la bandera sin que [desde el Juzgado] se hayan pronunciado sobre la causa principal”, según ha explicado el Consistorio en un comunicado. “Esta orden es una demostración empírica de que el Partido Popular a través de su Subdelegación utiliza todas las Administraciones que tiene a mano para intentar reprimir el derecho a la memoria”, añade.

La Delegación del Gobierno en Andalucía presentó la semana pasada un recurso contra el izado de la bandera republicana en la capital, realizado el pasado 4 de abril en el contexto de unas jornadas sobre Memoria Histórica que se celebran en la ciudad. Su amparo al Juzgado de lo Contencioso Administrativo llegaba después de pedir al Ayuntamiento que retirase la enseña y este negarse a ello. Ya en ese recurso, el Gobierno solicitaba que, mientras que se tomaba una decisión, los juzgados tomasen la medida cautelar de arriarla.

Sin embargo, en un primer momento, el Juzgado se limitó a solicitar al Consistorio sus alegaciones contra el recurso de la Delegación del Gobierno. En ellas, el equipo de gobierno esgrimió que “la colocación de esta bandera no incumple ningún artículo de la Constitución y su izada es totalmente legal”. El Ayuntamiento recordó que la bandera fue colocada dentro del contexto de distintos actos que se celebran en las II Jornadas por la Memoria. Además, la enseña “constituye un recuerdo de un determinado periodo histórico. El hecho de exhibirla no impone un determinado modelo político, es más, la actual legislación de memoria democrática insta y apoya su recuerdo”.

Desde el pasado 4 de abril, el Ayuntamiento ha tenido que reponer tanto el mástil como la propia bandera hasta en tres ocasiones. En los primeros días de su colocación, un viandante tiró el mástil sobre los jardines en los que se ubicaba. En una segunda ocasión, otra persona la desgarró y una tercera ocasión la descolgaron de su ubicación y la arrojaron en la entrada de la sede de la Subdelegación del Gobierno, ubicada a pocos pasos de donde estaba izada. El Consistorio avisó de que la Policía Local había abierto una investigación para averiguar la identidad de los atacantes y, para ello, solicitó a la Subdelegación la grabación de las cámaras de seguridad que rodean su sede.

Suspensión en Navarra

El delegado del Gobierno en Valencia, Juan Carlos Moragues, ha recordado por su lado este martes que su departamento informará a los tribunales de Justicia de cada ayuntamiento que ice la bandera republicana el próximo 14 de abril durante el aniversario de la proclamación de la Segunda República. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha resuelto también suspender el acuerdo del Parlamento foral de izar la bandera en la fachada de su sede, una posición criticada por EH Bildu.

El fallo, que puede ser recurrido, diferencia entre el uso que se puede hacer de las banderas el ámbito privado y en el público. "Sin que se trate de negar el derecho que tiene cualquier partido o grupo político, en su sede o en sus propias dependencias, al uso de la bandera que estime conveniente, cuando se trata de un edificio público no se puede hacer uso en el mismo, ni en el balcón principal, ni en cualquiera de sus fachadas o ventanas, se trate o no de un mástil o cualquier otro tipo de exhibición pública, de otra bandera que no sea la oficial", ha precisado.

El pasado día 6 el TSJN había rechazado la medida "cautelarísima" solicitada por la Abogacía del Estado para la suspensión urgente del acuerdo parlamentario ya que la ejecución "no era inmediata y por ello subrayó la sala subrayó la "inexistencia de especial urgencia". Además, dio un día de plazo al Parlamento para presentar sus alegaciones y así poder resolver el asunto, como ha hecho este martes anulando el acuerdo del Parlamento foral.

Conocida esta decisión, la Mesa y Junta de Portavoces fueron convocadas a una sesión extraordinaria en la que acordaron, con el voto en contra de UPN y PP, mantener su criterio de izar en la fachada de la Cámara este próximo viernes la bandera republicana, recurrir las medidas cautelares y personarse en el contencioso abierto por esta causa.