Alicante condena el alzamiento franquista pero no enarbolará la bandera republicana

El pleno del ayuntamiento de Alicante aprobó a última hora del jueves una condena unánime al alzamiento militar de 1936 pero rechazó que la bandera republicana ondee en el edificio consistorial el próximo 14 de abril para conmemorar la proclamación de la II República. Ambas iniciativas estaban incluidas en una declaración institucional impulsada por Guanyar Alacant, (coalición de Podemos y EU) que pedía también la implicación municipal en la organización de actividades conmemorativas y divulgativas de esta efeméride.

Las discrepancias entre los socios de gobierno, un tripartito de izquierdas formado por PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís, provocó  que los tres puntos se debatiesen y votasen por separado. El primero, el de la condena de la sublevación militar del 36, suscitó el apoyo unánime de todos los grupos municipales. Incluido el PP, que ha propiciado recientemente con un recurso en los juzgados la recuperación de las denominaciones franquistas en 46 calles de la ciudad que habían sido sustituidas por el Consistorio en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. El portavoz de los populares Luis Barcala condenó el "nefasto golpe de estado de Franco y compañía".

El segundo punto de la propuesta, en cambio, fue rechazado de forma mayoritaria. Solo los cinco concejales de Guanyar han votado a favor de que la bandera republicana pueda ondear en la fachada consistorial el próximo 14 de abril, "no junto a las banderas oficiales, pero sí en un lugar visible", como precisó el vicealcalde y líder de esta coalición, Miguel Ángel Pavón. Tanto el PP como Ciudadanos y los dos concejales no adscritos, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte, han votado en contra. En la bancada del equipo de gobierno, lo mismo hicieron los seis ediles socialistas, con el alcalde Gabriel Echávarri a la cabeza, mientras que los tres regidores de Compromís se abstuvieron.

Echávarri justificó el voto contrario de su grupo en la ilegalidad de la medida, opinión que comparte el secretario municipal. Además, en su opinión, la insignia tricolor responde a un "momento histórico del Estado español" superado por la Transición. "Nuestros abuelos se tuvieron que exiliar por defenderla y sus hijos, nuestros padres, quizás con gran dolor pero con una grandísima responsabilidad, decidieron ceder en eso para que nosotros, los nietos, pudiésemos vivir en paz", ha puntualizado. "¿Por qué tengo que deshonrar ahora a nuestros padres para honrar a nuestros abuelos", se ha preguntaba el alcalde.

Por su parte, Barcala reprochó a Pavón que pretenda "excluir a todos los demás" y hacer suya la II República, cuando forma parte de la historia común. El líder de los populares alabó la Constitución de 1931 porque "proyectó hacia el futuro una España rural y atrasada", pero dijo que esa carta de derechos fue superada por la de 1978 y entiende que hay que "dejar al margen de cualquier cuestión ideológica los balcones del ayuntamiento".

Finalmente, el tercer punto de la declaración institucional de Guanyar, referido a la organización de actividades "encaminadas a la rehabilitación política y cívica" de las víctimas de la represión franquista, como el poeta oriolano Miguel Hernández, también fue rechazada después de que los socialistas y los dos concejales tránsfugas se abstuviesen, PP y C's votasen en contra y solo Guanyar y Compromís la respaldasen.

El pleno debatió este jueves otras declaraciones institucionales. Aprobó, por ejemplo, con los 14 votos del tripartito, pedir al Gobierno central que levante las restricciones presupuestarias impuestas al ayuntamiento y se adherido a la propuesta que lanzó en febrero las Cortes Valencianas que exige inversiones en la Comunidad proporcionales a su población.

La coporación alicantina va a tramitar ante Unicef la declaración de ciudad amiga de la infancia y ha expresado su apoyo a los actos que se celebren para conmemorar el decenio internacional de los afodescendientes. Por otro lado, el alcalde ha anunciado que se va a constituir "una comisión o expediente de investigación" para determinar si el empresario Enrique Ortiz invirtió los 4,2 millones de euros en reformas a los que se comprometió cuando el ayuntamiento le vendió el estadio José Rico Pérez, que está a punto de adjudicarse ahora el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) tras una subasta judicial. "Iremos a la Fiscalía si hay hechos delictivos cometidos por funcionarios que no hayan prescrito para recuperar el dinero", ha advertido Echávarri.