Hacienda confirma irregularidades en otras 12 adjudicaciones al empresario de las campañas de Aguirre

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, un nuevo informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre irregularidades en contratos de la Comunidad de Madrid durante los ejecutivos de Esperanza Aguirre. Son 12 licitaciones para elaborar merchandising por 120.000 euros que la Agencia Madrileña para la Emigración (AME) adjudicó a cuatro empresas del publicista Daniel Horacio Mercado, organizador de numerosos actos de las campañas electorales del PP madrileño para las autonómicas de 2003, 2007 y 2011 en las que Aguirre encadenó tres mayorías absolutas.

El nuevo informe se suma a otros análisis periciales de la IGAE (organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) recientemente incorporados al caso Púnica y en los que se incide en la supuesta ilegalidad de adjudicaciones de la Comunidad de Madrid. En uno de ellos, adelantado por EL PAÍS el sábado, Hacienda certificaba la “manifiesta ilegalidad” de la cláusula del 1% que los ejecutivos de Aguirre habían incluido en las licitaciones de obras y servicios de 46 hospitales y centros de salud, y que en parte sirvió para desviar fondos a la caja b del PP madrileño. Los expertos de Hacienda concluían que la cláusula supuso para las arcas públicas un perjuicio directo de 2,2 millones de euros, al que sumaban otro millón en facturas pagadas por trabajos nunca justificados.

En este nuevo informe, la Intervención analiza 14 contratos adjudicados por la Agencia Madrileña para la Emigración a las empresas de Mercado entre abril de 2008 y octubre de 2009, y concluye que en 12 de ellos se incumplió la ley de contratos de sector público. 11 se utilizaron para fraccionar de manera irregular tres contratos mayores y, de este modo, poder adjudicarlos a dedo sin necesidad de solicitar ofertas a tres empresas no vinculadas entre sí. Hacienda cree que en tres de ellos, además, “no se realizaron las prestaciones” contratadas, en su caso plegar tarjetas y cartas, ensobrarlas y cerrar los sobres.

El informe plantea idéntica sospecha sobre el último contrato analizado, por el que la AME pagó 18.000 euros a una empresa de Mercado para la elaboración de un plan estratégico de comunicación para este organismo. La Intervención destaca que en el expediente aparecen la memoria, la factura, la orden de pago y varios documentos internos de la AME, pero no el supuesto plan de comunicación. Hacienda destaca que el propio Ejecutivo regional admitió en septiembre que este documento, el único que acredita la realización de la prestación, no estaba en los archivos de la Agencia.

La IGAE señala como presunta responsable a la entonces directora de la Agencia, Victoria Cristóbal Araujo, que accedió al cargo en febrero de 2008, solo dos meses antes de que se iniciaran las supuestas irregularidades. Victoria Cristóbal ―exasesora de prensa de Aguirre en la primera campaña de esta a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que fue nombrada directora de la AME por intercesión de Francisco Granados― acudió a declarar a la Audiencia Nacional como imputada en el caso Púnica el pasado septiembre. Entonces aportó al juez diversa documentación y elementos de merchandising para demostrar que los trabajos contratados se realizaron.

En aquella comparecencia, la exalto cargo también tuvo que responder sobre la decisión de la agencia que dirigía de crear una Casa de Madrid en Argentina. La imputada afirmó que fue Aguirre quien se lo encargó. La inauguración de este centro en Buenos Aires sirvió supuestamente para desviar 230.648 euros a las arcas del PP madrileño tras la adjudicación del contrato también a las empresas del Mercado. Victoria Cristóbal aseguró al juez que Mercado era amigo íntimo del expresidente madrileño Ignacio González, también investigado en la causa, y que jugaban juntos al pádel los fines de semana.

En el sumario también figura un informe de la Guardia Civil sobre el automóvil Mercedes Benz que Victoria Cristóbal tiene en propiedad desde 2006 en los agentes concluyen que los 30.500 euros que costó no salieron de sus cuentas, sino que presuntamente los pagó un empresario de Valdemoro, Ramiro Cid, ya imputado en la causa. Los investigadores apuntaban que el automóvil fue, en realidad, una “contraprestación” del constructor a Granados por sus supuestos favores urbanísticos y que este lo había puesto a nombre de Victoria Cristóbal, a la que la Guardia Civil califica de “persona de su confianza”.

En aquel informe, los agentes destacaban como un indicio más del sospechoso origen del Mercedes una conversación telefónica mantenida entre Victoria Cristóbal y Granados en 2 de julio de 2014, cuatro meses antes de la detención del primero. En la misma, además de constatarse la estrecha relación entre ellos, se hablaba de un “piso” y un “coche” supuestamente regalados a ella por el presunto cabecilla de la trama. Victoria Cristóbal se quejaba de que el expresidente José María Aznar la quería echar de la fundación FAES, donde ella colaboraba, por temor a que saliera un escándalo “muy gordo de ella” supuestamente en referencia a estos regalos.