El virus fuerza la digitalización de los trámites para extranjeros

La pandemia ha empujado al Gobierno a digitalizar la gestión de las oficinas de extranjería, un embudo burocrático por el que entran unos 15.000 expedientes por semana y que lleva años dando problemas. La resolución de las solicitudes en algunas provincias se demora bastante más de los tres meses estipulados por ley y el mal funcionamiento del sistema de citas previas ha abonado un mercado paralelo de intermediarios en el que los extranjeros acaban pagando decenas de euros para lograr que les atiendan. La suspensión de los trámites presenciales tras la declaración del decreto de alarma era un mazazo para un colectivo sometido a la burocracia y que estaba obligado a solicitar y renovar prácticamente todos sus papeles en persona, pero el virus ha forzado una modernización del sistema que llevaba años pendiente.

Por las oficinas de extranjería pasaron el año pasado más de 760.000 personas solicitar un visado de estudios, renovar su permiso de residencia, solicitar una autorización de trabajo y otros trámites imprescindibles para la vida de los extranjeros en España. Hasta comienzos de este año, según datos facilitados por el Ministerio de Política Territorial, apenas las renovaciones (un 36% del total de los expedientes) podían tramitarse vía telemática lo que obligaba a cientos de miles de personas a pedir una cita que podrían tardar meses en conseguir, peregrinar hasta las oficinas y, en algunos casos, guardar largas colas. Ahora, casi tres meses de confinamiento después, se puede gestionar telemáticamente casi un 80% de los trámites. “La pandemia ha sido el impulso definitivo que llevábamos años esperando”, coinciden varios abogados de extranjería consultados.

La paralización de la actividad presencial ha acelerado también la posibilidad de que los abogados tramiten telemáticamente las solicitudes de sus clientes, una propuesta que el Consejo General de la Abogacía puso encima de la mesa hace ya cinco años. Hasta ahora solo gestores administrativos y graduados sociales podían hacerlo. El pasado 13 de mayo el sistema comenzó por fin a funcionar y ya son más de 10.000 los letrados dados de alta en la plataforma que les da acceso a la gestión telemática. Los abogados son una pieza fundamental del proceso, no solo por las exigencias burocráticas de cualquiera de los expedientes de extranjería, sino porque el proceso telemático aún exige al interesado un certificado digital, un trámite engorroso y fuera del alcance de los inmigrantes en situación irregular.

El cierre de las oficinas tras el confinamiento también ha dado un empujón a los expedientes que se acumulaban en los cajones. La entrada de solicitudes cayó al 30% y los funcionarios acabaron resolviendo cerca de 120.000 demandas pendientes, aunque aún quedan otras 58.579. El análisis de los datos entregados por Política Territorial revela particularidades de algunas oficinas, como la de Madrid, una de las que más quejas acumulaba por la gestión de citas y expedientes. Según esos números, actualizados a 5 de junio, Madrid solo recibió desde el 16 de marzo 6.874 solicitudes y acabó resolviendo más de 30.000, una muestra del volumen de solicitudes acumuladas. La oficina de la capital también registró en el sistema más de 20.000 nuevos expedientes, otro dato que revela la cantidad de papeleo –la mayoría anterior a la emergencia sanitaria– que ni siquiera habían empezado a tramitarse. En sus cajones aún hay más de 14.000 peticiones.

El paulatino retorno a la normalidad ha devuelto la actividad a las oficinas de Extranjería y aún está por ver si la modernización en la presentación de las solicitudes se traduce también en una agilización de las resoluciones. De momento, al pedir cita en la oficina en Madrid vuelve a repetirse el mensaje con el que chocan los extranjeros hace meses y que les obliga a plantarse frente al ordenador a horas intempestivas a la espera de un golpe de suerte: “En este momento no hay citas disponibles”.

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