El cambio de política penitenciaria ha beneficiado ya al 23% de los 211 presos de ETA

El cambio de la política penitenciaria puesto en marcha por Pedro Sánchez tras la disolución de ETA en 2018 se ha plasmado hasta ahora en el acercamiento de 41 etarras a cárceles más próximas al País Vasco y la concesión de siete semilibertades. En total, 48 presos de la banda han visto mejorada su situación, lo que supone el 22,7% de los 211 encarcelados en España. La medida también se ha aplicado a dos reclusos de los GRAPO. Francia, que también flexibilizó su política penitenciaria aquel año, tiene en las dos prisiones más próximas a España, las de Mont-de-Marsan y Lannemezan, a 23 de sus 35 presos de la banda, el 66%.

Los primeros acercamientos de presos etarras se produjeron en agosto de 2018 y beneficiaron a la pareja formada por Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, condenados por los intentos de asesinato del exconsejero de Interior Juan María Atutxa (PNV) y del dirigente del PP vasco Carlos Iturgaiz. Ambos etarras se habían desvinculado hacía tiempo de la banda y fueron trasladados a la prisión de Basauri (Bizkaia). Los dos últimos, los de Garikoitz Arruarte y Gorka Lupiáñez, se conocieron ayer, y se producen 12 días después de que Interior decidiera una medida similar para otros cuatro presos de la banda terrorista.

Arruarte, detenido en 2003 tras el intento de atentado con bomba contra el tren Intercity que unía San Sebastián con Madrid en la Nochebuena de aquel año, será trasladado desde el Centro Penitenciario de Almería a la prisión de Soria después de que la junta de tratamiento (órgano interno de las cárceles formado por profesionales penitenciarios) propusiera su pase desde el primer grado -el más duro- al segundo, en el que está la mayoría de los presos en España. Según fuentes penitenciarias, en la decisión se ha tenido en cuenta su buen comportamiento en prisión y que firmó un escrito rechazando la violencia. A finales de 2023 extinguirá su condena.

En el caso de Lupiáñez, el traslado le va a llevar desde el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) al de Logroño, una de las cárceles que está recibiendo mayor número de presos de ETA beneficiados por la nueva política penitenciaria. En prisión desde diciembre de 2011, debía haber sido excarcelado en octubre de 2019 tras extinguir una primera condena, pero permaneció en prisión preventiva por otros delitos no juzgados. Tras una nueva condena por detención ilegal, robo y tenencia de explosivos, la junta de tratamiento ha propuesto ahora que sea clasificado en segundo grado (clasificación que ya le concedió el juez de vigilancia penitenciaria en su anterior condena) y su traslado a una prisión cercana a su entorno familiar. Lupiáñez también ha mostrado buen comportamiento en prisión, donde ha conseguido un destino laboral. En los últimos años había escrito varias cartas reconociendo el daño y el dolor causado.

Estos son, de hecho, dos de los criterios que las juntas de tratamiento están teniendo en cuenta para proponer un acercamiento, junto al hecho de que el preso haya cumplido la mayor parte de la pena y haya aceptado la legalidad penitenciaria al pedir formalmente una mejora de su régimen de vida en prisión. Esto último, que hasta julio de 2017 casi ningún etarra hacía por expresa directriz de la banda, lo han solicitado ya cerca de 120 presos.

Interior también ha acercado a varios presos etarras gravemente enfermos, aunque no cumplieran estos requisitos. Cuando Sánchez anunció el fin de la política de dispersión ya detalló que la salud sería, junto a la edad, uno de los criterios que se utilizarían para decidir qué presos eran acercados. El último ha sido el dirigente etarra Julián Achurra, Pototo, cuyo traslado desde la cárcel de Puerto I (Cádiz) a la de Aranjuez (Madrid) fue anunciado hace dos semanas tras sufrir un ictus.

El ministro Fernando Grande-Marlaska ha insistido durante estos dos años en que los acercamientos están amparados por la ley para facilitar la reinserción. Antes de cada traslado, Grande-Marlaska informa personalmente a las asociaciones de víctimas. El PP se ha opuesto, a pesar de que los gobiernos de Rajoy facilitaron en sus casi siete años que 28 presos consiguieran regímenes penitenciarios más livianos, incluidas 11 semilibertades. Con José María Aznar de presidente, y tras el anuncio de los contactos con ETA de finales de 1998, el PP ya había acercado a 135 presos etarras.

El PNV también ha criticado la actual política, pero en su caso por verla insuficiente. Ayer, Iñigo Urkullu planteó acercar a todos los reclusos a cárceles próximas a su lugar de residencia. En enero, su Ejecutivo ya pidió el traslado de todos los presos etarras a prisiones vascas aunque no hubieran renegado de la violencia. El Gobierno de Sánchez lo ha rechazado de plano.

Los 211 reclusos de la organización terrorista que permanecen actualmente en cárceles españolas (a los que hay que sumar los 35 recluidos en Francia) son una cifra muy alejada de los 559 (más otros 114 en cárceles en el extranjero) que había cuando la organización terrorista anunció en octubre de 2011 “el cese definitivo de la violencia” o de los 243 (más 53 en Francia y uno en Portugal) que permanecían encarcelados al anunciar la banda su disolución en 2018. Al final del año previsiblemente quedarán en prisión 200 presos, ya que está previsto que una docena abandonen la cárcel tras cumplir sus condenas.

Este goteo de excarcelaciones continuará en los siguientes cuatro años con la puesta en libertad de otro medio centenar de presos, según las estimaciones que hace Sare, una plataforma ciudadana de apoyo a los presos vascos. Pasados esos años, esta organización augura que las puestas en libertad se frenarán, ya que muchos reclusos de ETA fueron juzgados tras la reforma del Código Penal de 2003 que elevó el cumplimiento efectivo de la pena de los 30 a los 40 años.