La batalla legal para evitar que salga de prisión el autor de la matanza de Atocha

La Fundación Abogados de Atocha y los compañeros de las víctimas han iniciado una batalla legal para evitar que Carlos García Juliá, uno de los autores de la masacre cometida en plena Transición, logre salir de prisión el próximo 19 de noviembre después de que se recalculase la pena que le quedaba por cumplir. Según informan miembros de este colectivo, se han dirigido ya a la Audiencia Nacional y a la Audiencia Provincial de Ciudad Real para frenar la salida del asesino, que permaneció fugado de la justicia durante más de 25 años y que, tras su captura en Brasil en diciembre de 2018, fue extraditado a España. En un primer momento, se preveía que aún debía pasar más de 10 años (3.854 días) entre rejas, pero el pasado mayo se adelantó su salida al próximo otoño tras computarle varios beneficios penitenciarios que había consolidado antes de su huida en la década de los noventa.

Los impulsores de esta batalla legal han abierto dos vías. Por una parte, se han personado en la Audiencia Nacional y han pedido la nulidad de las actuaciones allí adoptadas. Según explica la Fundación, el órgano judicial ha tomado durante años una multitud de decisiones —incluido, los intentos de captura y extradición de García Juliá— sin informarles de nada, “pese a que éramos parte en dicho sumario desde un principio”. El colectivo alega que se ha incumplido, además, el Estatuto de las Víctimas de 2015, “puesto que todas esas resoluciones tomadas por la sala afectaban a la libertad definitiva del penado”. Sobre todo, insisten, la que permitirá ahora su excarcelación.

En un primer momento, tras la captura del asesino en Brasil, la Audiencia Nacional calculó que García Juliá debería estar en la cárcel hasta 2030. Pero, entonces, su abogado cambió de estrategia procesal y consiguió sacar el debate de este órgano judicial —que lo había condenado en 1980 a 193 años de cárcel—, trasladándolo a la Audiencia Provincial de Ciudad Real, donde tenía una condena posterior. “Vimos que se había anulado la estimación inicial y se había trasladado la competencia a Ciudad Real, sin que tuvieran en la [Audiencia Nacional] ni siquiera la sentencia dictada por la Audiencia Provincial”, explica la letrada Cristina Almeida, una de las abogadas que representó a la acusación en el juicio por la matanza. De todo ello, apostilla, nunca se les informó.

La Fundación detalla que el autor de la matanza se ha beneficiado de una condena que le impusieron por intentar fugarse de la cárcel de Ciudad Real en 1979, cuando esperaba a que se celebrara el juicio. En ese intento de fuga, añade el colectivo, “utilizó dos cuchillos; forcejeó con varios funcionarios, llegando a herir levemente a uno de ellos; le quitaron la pistola a otro; y retuvieron al director y a su familia” por la fuerza.

La Fundación se ha personado también en la Audiencia Provincial, donde la Fiscalía no se ha opuesto a la salida de García Juliá en noviembre. “Hemos presentado una impugnación a la liquidación de condena. Se le aplican todo tipo de redenciones ordinarias y extraordinarias en su expediente, cuando el reglamento penitenciario de la época prohíbe expresamente redimir penas por trabajo a quien haya intentado quebrantar la condena”, explica el colectivo, que también destaca que la defensa del asesino se ha opuesto a que se les considere parte del proceso.

García Juliá —habitual de los actos de Blas Piñar, antiguo líder de Fuerza Nueva— irrumpió en la noche del 24 de enero de 1977 en el despacho laboralista de Atocha, vinculado a Comisiones Obreras (CC OO). Iba con dos compañeros, José Fernández Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada. Mataron a tiros a los abogados Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides y Francisco Javier Sauquillo; al estudiante de derecho Serafín Holgado; y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Otras cuatro personas sufrieron gravísimas heridas: Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Miguel Sarabia y María Dolores González.

La Audiencia Nacional condenó a 193 años de cárcel a los dos primeros. Lerdo de Tejada logró escapar en 1979 a Latinoamérica, aprovechando un permiso penitenciario, y su delito prescribió en 1997. Hoy podría pasearse libremente por España, según fuentes jurídicas. En los noventa, lo consiguió también García Juliá que, a partir del 19 de noviembre, si no se frena la decisión de la Audiencia Provincial, quedará libre. Saldrá justo un día antes del 20-N.