“Los centros de extranjeros se han vaciado por la pandemia y no ha habido una hecatombe”

El pasado 6 de mayo culminó el desalojo de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de España con la salida de la última persona que permanecía en el de Algeciras (Cádiz). El Ministerio del Interior, en línea con las demandas de las asociaciones de derechos humanos y la recomendación del Defensor del Pueblo, acabó vaciándolos ante la imposibilidad de expulsar a sus países a los internos. Lo que durante años no consiguieron los activistas que cuestionan el funcionamiento y la existencia de estas instituciones, lo logró la pandemia. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH) demanda que estos centros se mantengan clausurados. “Los centros extranjeros se han vaciado y no ha habido una hecatombe”, ha subrayado Carlos Arce, coordinador de Migraciones de la APDHA, durante la presentación de su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en la Frontera Sur. La entidad rechaza que se reabran incluso como alojamientos para aislar por cuestionas sanitarias a los migrantes que llegan de manera irregular a las costas españolas como han sugerido, entre otros, la Junta de Andalucía y el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta ante la incidencia de la covid-19.

En el documento se llama la atención sobre la coexistencia de CIE y Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) -que también se han vaciado durante el confinamiento- por entender que este sistema favorece “la discriminación entre migrantes que proceden del Magreb y los de origen subsahariano para agilizar los procesos de expulsión”. La APDHA denuncia un doble sistema de gestión migratoria que prima el ingreso de migrantes subsaharianos en los CATE y de marroquíes y argelinos, cuyo proceso de devolución es más sencillo, en los CIE para “incrementar su eficiencia”.

En la conferencia de presidentes autonómicos de hace 15 días, el andaluz, Juan Manuel Moreno, mostró a Pedro Sánchez su “preocupación por la inmigración ilegal” y llamó la atención sobre el “riesgo de contagio” que supone la llegada de personas desde el otro lado del Estrecho. “Cuando llega una patera a nuestras costas, los inmigrantes pueden estar hasta un máximo de 72 horas bajo control de la autoridad y, después, se hacen cargo de ellos diversas organizaciones no gubernamentales. Los CIE están actualmente cerrados”, indicó el dirigente del PP al jefe del Ejecutivo, según la nota facilitada por la Junta de Andalucía.

Para Arce, en la estela de otras ONG y colectivos sociales, utilizar los CIE o los CATE para aplicar los protocolos de atención sanitaria a los migrantes es un error. “Si muchos no cumplen con las condiciones sanitarias para la deportación, mucho menos pueden cumplirlas para garantizar su cuarentena”, ha señalado.

Desde la APDHA se ha llamado la atención sobre el riesgo de demonizar a los migrantes irregulares como focos de infección. “Solo el 3% de las llegadas desde el extranjero se produce a través de la Frontera Sur, habría que preguntarse cuáles son los protocolos que se aplican en el aeropuerto de Barajas o en los pasos fronterizos del norte que es por donde entra la mayoría del 97% restante”, ha advertido Arce. El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, a una pregunta en sede parlamentaria de Vox, explicó que en Andalucía se habían realizado 886 pruebas de covid a “extranjeros no registrados”: 37 positivos y 849 negativos. Solo el 4,17% estaba infectado, según esos datos.

La organización ha subrayado la oportunidad para cambiar las actuales políticas migratorias del Gobierno, basadas, de acuerdo con su informe, en una “subcontratación de la violencia en Marruecos”, ante el cambio en los flujos migratorios que el Covid puede producir. “Todo es muy volátil ahora mismo”, ha reconocido Rafael Lara, coordinador de Solidaridad Internacional de la APDHA. Las entradas irregulares en 2019 (7.742) han caído cerca de un 31% respecto a 2019, ante las restricciones de movimiento provocadas por la pandemia.

Según su análisis, la crisis económica en la que se va a ver inmersa Europa y España debería operar como un efecto disuasorio para los migrantes a la hora de emprender su ruta hacia este continente; pero la situación social en Marruecos, con la economía informal sin funcionamiento por la cuarentena, y la dependencia de la mano de obra inmigrante para las labores del campo que se ha evidenciado en nuestro país durante el confinamiento, pueden operar como foco de atracción. “El Gobierno puede optar por prácticas que respeten los derechos humanos o mantener la subcontratación de la represión en Marruecos”, ha advertido Arce.