Anticorrupción pide en su primer escrito de acusación 57 años de cárcel para Villarejo

Es una trama menor, pero las penas que se piden son de gran envergadura. La Fiscalía solicita 57 años de cárcel para el comisario jubilado José Manuel Villarejo por el espionaje a favor del despacho de abogados Herrero y Asociados, la primera de la treintena de piezas del macrosumario de corrupción policial lista para llevarse a juicio. El ministerio público reclama, además, 52 años de cárcel para el también comisario Enrique García Castaño, con quien Villarejo supuestamente estableció un “consorcio criminal” para lucrarse con la venta de información reservada a la que tenían acceso como policías.

Los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano registraron este miércoles en la Audiencia Nacional el primer escrito de acusación de una pieza del caso Villarejo. Se trata del llamado proyecto Iron, sobre la contratación, entre junio de 2013 y abril de 2014, de los servicios extraoficiales del comisario José Manuel Villarejo por parte del despacho de abogados Herrero y Asociados para conocer los secretos de un bufete rival, Balder IP formado por antiguos socios de aquel. Herrero y Asociados sospechaba que Balder IP se había apropiado de información de clientes para captarlos y, según la Fiscalía, contrató la investigación confidencial de Villarejo por 325.000 euros más otros 300.000 como “prima de éxito”.

Según los investigadores, la trama obtuvo ilegalmente “informaciones y datos de carácter reservado —tráfico de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria...—” de Balder IP. Unas operaciones irregulares que los miembros de Herrero contrataron a “sabiendas” de que Villarejo aprovecharía su condición de comisario en activo para resolverles la “crisis empresarial”.

Con los datos suministrados ilegalmente por la trama policial, los abogados Rafael Redondo y David Macías redactaron una denuncia por sustracción de datos informáticos y secretos de empresa contra los socios del despacho Balder IP. Esta denuncia, supervisada por Villarejo, se interpuso en la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía “con la finalidad de que se acordara la detención” de los denunciados y fueran imputados en una causa penal. De este modo, se buscaba “destruir la reputación” de los rivales de Herrero y Asociados. Finalmente, el despacho madrileño abonó 302.500 euros en al menos siete facturas a diferentes sociedades del grupo Cenyt, el entramado de empresas del comisario jubilado, en prisión provisional desde noviembre de 2017.

El escrito de acusación de la Fiscalía, de 57 páginas y al que tuvo acceso este periódico, califica al grupo Cenyt, encabezado por Villarejo, de “organización criminal”. Los fiscales sitúan en la cúspide del entramado junto al comisario jubilado a su abogado y supuesto testaferro, Rafael Redondo, para quien solicitan 51 años y nueve meses de prisión en esta pieza, y a Gemma Alcalá, esposa de Villarejo y titular de sus principales sociedades, que se enfrenta a una petición de 46 años y nueve meses de cárcel. El informe de Anticorrupción cita delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil continuada.

La Fiscalía destaca el papel en la trama del comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, quien, según el escrito, se prevalía de “forma permanente” de su “privilegiada posición” en la Policía Nacional para poner a disposición de Villarejo “su capacidad de obtención de información” para el cuerpo de seguridad. El “consorcio criminal” entre Villarejo y García Castaño, se remonta, según la Fiscalía, al año 2005, y en virtud de este, el primero entregaba 3.000 euros mensuales al segundo por sus informaciones. Además, le pagaba el alquiler de su vivienda habitual en Madrid a razón de 16.000 euros al año.

García Castaño se encontraba al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), la división de la lucha antiterrorista encargada de obtener información mediante distintas técnicas policiales. Anticorrupción destaca en su escrito que García Castaño suministraba la información reservada directamente a Villarejo o a sus colaboradores Rafael Redondo y Antonio Bonilla.

Subordinados de García Castaño en la UCAO, como Constancio Riaño o Javier Fernández; o el jefe de la Delegación de la Agencia Tributaria en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, Antonio Chaparro, también facilitaron a Villarejo información de sus bases de datos oficiales de acceso restringido, afirma el escrito. Según la Fiscalía, “no consta” que estos colaboradores de segunda fila percibieran remuneración pero sí que sabían que Villarejo y García Castaño hacían negocio con ello. Todos ellos se sentarán en el banquillo junto a varios miembros del bufete Herrero & Asociados (Francisco Carpintero, Mario Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno). El despacho de abogados está también procesado, en este caso como persona jurídica.

La petición de pena del fiscal es muy superior a la que han hecho las dos acusaciones. La representación de las víctimas del espionaje empresarial pide para el comisario 18 años de cárcel, mientras que la acusación popular, que ejerce Podemos, solicita 13 años.