Los barones del PP suavizan las críticas al Gobierno a una semana del final de la alarma

Las críticas y demandas de los barones del PP se redujeron este domingo al mínimo en la última conferencia de presidentes hasta finales de julio. Los líderes territoriales populares suavizaron sus posiciones pese a su preocupación por el control de la movilidad a partir del 21 de junio, cuando finaliza el estado de alarma. El PP votó contra su prolongación en las dos últimas prórrogas. Con independencia de las diferencias, agradecieron la labor de Pedro Sánchez. Se desmarcaron así de la estrategia de confrontación por la que Pablo Casado ha optado en el Congreso.

Uno de los efectos secundarios de la desescalada y el consiguiente aumento de la responsabilidad de las comunidades en la salida de la crisis causada por el coronavirus es la modulación de los reproches al Gobierno. Las acusaciones y tiranteces en lo álgido de la emergencia sanitaria, a principios de abril, con un millar de decesos diarios, han dado paso a un tono mucho más sosegado a una semana del final del estado de alarma.

Las muestras de reconocimiento de los barones del PP en la decimocuarta conferencia de presidentes evidenciaron el cambio de actitud. El caso más paradigmático fue el de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid, que ha aprovechado esas reuniones para confrontar directamente con Sánchez y descargar la responsabilidad de la gestión de los hospitales y geriátricos en La Moncloa, reconoció que la cumbre es “una buena iniciativa del Gobierno para conocer de primera mano el trabajo de todas las regiones y mejorar el diálogo”. “Trabajando de manera conjunta es más fácil sortear los problemas”, expuso. La rebaja del tono de la dirigente del PP coincide con la crisis de las residencias de mayores en la Comunidad. Su gestión ha enturbiado aún más la relación con Ciudadanos, su socio de Gobierno.

La reunión sirvió para constatar la relajación generalizada de los barones del PP y también de los más reivindicativos del PSOE. Toda España se encontrará desde este lunes en la fase 3 salvo Madrid, parte de Cataluña y las provincias de Castilla y León más próximas a la capital. Galicia, la única autonomía donde los populares gobiernan con mayoría absoluta, se convertirá en el territorio más avanzado: será la primera que pasa a la llamada nueva normalidad. Una decisión que beneficia al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a menos de un mes de las elecciones gallegas. Las fuentes gubernamentales consultadas lo ponen como ejemplo frente a las críticas de la derecha al Gobierno “socialcomunista”. Otro factor que creen que ha influido en la relación con los líderes territoriales del PP es que el Ejecutivo les ha consultado el contenido del real decreto, pendiente de aprobar en el Congreso, que regulará las medidas para combatir el coronavirus una vez finalice el estado de alarma.

Feijóo fue el primero de los presidentes del PP en destacar “el trabajo realizado estos meses” con el Gobierno “y, más allá de las diferencias, la fructífera cooperación mantenida”. El andaluz Juan Manuel Moreno dedicó similares términos al trabajo del presidente del Ejecutivo, a todos sus homólogos y al equipo del Ministerio de Sanidad por el esfuerzo realizado al margen de aciertos o errores. “He aprendido de todos”, sentenció. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, alabó la celebración de unos “encuentros o desencuentros” que han demostrado que “el diálogo es imprescindible”. Sánchez remarcó “el esfuerzo” tanto del Gobierno como de las comunidades autónomas “por trabajar hombro con hombro en circunstancias tan difíciles”. Un lenguaje muy alejado del que dejó la última sesión de control en el Congreso: Sánchez acusó a Casado de usar el virus para intentar derribar al Ejecutivo y la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, a la vicepresidenta Carmen Calvo de difundir bulos para tapar su gestión ante la pandemia. El presidente cántabro, el regionalista Miguel Ángel Revilla, fue el que mejor resumió el ambiente en la conferencia de este domingo: “Ojalá el Congreso se pareciese en algo”, dijo, según fuentes presentes.

Diferentes barones explicitaron el temor a un rebrote severo una vez se levante la restricción de movimientos. Feijóo lamentó que se vaya a “permitir de golpe la circulación por todo el Estado” el 21 de junio. Su compañero de partido Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, reclamó “instrumentos jurídicos intermedios”. López Miras consideró “incoherente” la movilidad entre comunidades que están en distintas fases de la desescalada. Cada vez que se hicieron alusiones de este tipo en la cumbre, todas las miradas se concentraban en Madrid, señalaron distintos presidentes. El extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, apostó por “un cuadro de mando único y estatal” que monitorice y actualice los datos sanitarios en cada territorio.

Tras recordar que fue el PP quien votó en contra de la extensión del estado de alarma —lo hizo por primera vez el 20 de mayo— Sánchez remitió al decreto ley que regulará las medidas para combatir el coronavirus. El Consejo Interterritorial que reúne al ministro de Sanidad y los consejeros autonómicos será el “principal foro” donde se seguirá la evolución de la epidemia. También habrá reuniones bilaterales con las comunidades. “No rechazo que en un futuro tengamos que necesitar el estado de alarma, pero no es mi intención y espero que no sea así”, concluyó.

Torra, única voz discordante de la conferencia de presidentes

La nota discordante de la decimocuarta conferencia de presidentes volvió a ser Quim Torra. El president, que pidió el avance de toda Cataluña a la fase 3, afirmó, según distintas fuentes presentes en la conferencia, que la cumbre “no ha servido para un debate en profundidad”. “Más bien ha sido un monólogo”, espetó. El dirigente de Junts per Catalunya también reprochó “la gestión centralista” de la emergencia sanitaria. Y reclamó 15.000 millones de euros para cubrir los gastos de la crisis. Un informe de la Generalitat refuta a Torra y su teoría de la “asfixia económica” durante la pandemia. El documento reconoce que Cataluña ha recibido un adelanto de 1.117 millones por la liquidación del sistema de financiación y calcula el gasto extra de la Generalitat por la crisis durante marzo y abril en 584 millones.

Sánchez optó por subrayar que “por primera vez en muchos años se celebran conferencias de presidentes en las que están presentes todos”. A la de 2017, la última que se había convocado, no asistieron ni el lehendakari Iñigo Urkullu, ni el entonces president, Carles Puigdemont. “Hay una demanda. Vote lo que vote cada cual, a partidos independentistas, recentralizadores, de izquierdas, de derechas, nacionalistas, en fin, de todos los colores, ahora mismo hay una ciudadanía que lo que demanda, ansía, es unidad por parte de todas las fuerzas políticas”, apuntó Sánchez.

La próxima conferencia de presidentes se celebrará de forma presencial a finales de julio. Antes, el día 12, serán las elecciones vascas y gallegas. Sánchez quiere que sea monográfica y sirva para abordar la reconstrucción social y económica de España “entre todos”.