La Fiscalía pide archivar el ‘caso 8-M’ contra el delegado del Gobierno en Madrid

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido este lunes a la magistrada del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, que archive la investigación abierta contra el delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco, por permitir la celebración de manifestaciones en la región durante la fase de expansión del coronavirus —entre otras, la marcha feminista del 8 de marzo—. El ministerio público descarta, en un recurso enviado al Juzgado de Instrucción 51 de la capital, la responsabilidad penal del representante del Ejecutivo en un proceso que ha revolucionado la política nacional en las últimas semanas, con ataques a La Moncloa por supuestas injerencias después de que el Ministerio del Interior decidiese cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos a raíz de un informe enviado a la juez por guardias civiles bajo su mando.

A lo largo de un escrito de 23 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Fiscalía carga contra la propia decisión inicial de Rodríguez-Medel de abrir la causa el pasado 23 de marzo, tras recibir la denuncia de un abogado particular. El ministerio público incide en que, después de analizar todas las acusaciones vertidas, Franco no prevaricó. Ni por activa ni por pasiva. Y, es más, reprocha a la juez que le impute este supuesto delito por dar luz verde a las movilizaciones, pero no concrete “con claridad” qué resolución emitió el delegado del Gobierno “cuya ilegalidad haya que valorar”. La Fiscalía cree que resulta “palmario” que el mero hecho de recibir comunicación acerca de la futura celebración de una manifestación no implica que haya podido cometer prevaricación: "Pues recibir comunicación no equivale a dictar resolución”.

El fiscal recuerda, incluso, que este delito exige que el dictamen emitido “resulte no sólo ilícito, sino también arbitrario”. Y precisa que el delegado del Gobierno, además de no firmar ninguna resolución en ese sentido, tampoco “ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal”. Una línea argumental que amplía todavía más al descartar que Franco, con el objetivo de permitir las marchas, eludiera resolver cualquier resolución a la que estuviera “legalmente obligado”. El ministerio público recuerda, incluso, que las competencias en materia sanitarias correspondían a otras autoridades. “Por tanto, no resultaría razonable exigir al delegado del Gobierno que prohibiera unas manifestaciones por razones de orden sanitario cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo”, subraya en su recurso.

Con este documento, la Fiscalía se suma a la Abogacía del Estado, que ya pidió el archivo de la investigación hace unas semanas, en un escrito donde acusaba a la magistrada de abrir una “causa general” contra las autoridades. El órgano jurídico dependiente del Ejecutivo añadía entonces que, hasta el 14 de marzo, no hubo “ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas”. Por tanto, Franco no podía “prohibir el ejercicio de un derecho fundamental”.

Sin indicios

En su escrito hecho público este lunes, el ministerio público también aborda otra derivada de la investigación judicial: que el delegado en la Comunidad de Madrid hubiera recibido una orden del Gobierno para que no impidiera las movilizaciones. Pero, según la Fiscalía, esa tesis no se sostiene. No se apoya “en dato indiciario alguno”, recalca el recurso, donde se destaca que, ni siquiera después de las investigaciones ya practicadas por la juez, se ha encontrado alguna prueba que apunte en esa dirección: “Como difícilmente podría ser de otra manera, dada la atribución de competencias de la comunidad autónoma hasta la declaración del estado de alarma de fecha 14 de marzo de 2020”, apostilla el escrito, señalando al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP).

El ministerio público desmonta, en definitiva, la tesis vertida por la Guardia Civil en los informes que envió a la magistrada Rodríguez-Medel, donde se señalaba que no se debía haber permitido ninguna concentración desde el 5 de marzo y que las autoridades conocían los riesgos. Un documento con errores, especulaciones y recortes de prensa —al que ya dio respuesta la Abogacía del Estado, que dijo que no se sustentaba en datos “científicos”—, que contradice este lunes la Fiscalía. “Pretender que el investigado conocía que, con una actuación diferente a la realizada, habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil”.

Dardos del ministerio público

La Fiscalía lanza en su escrito otro dardo a la magistrada, a la que atribuye cierta “incoherencia” al abrir una causa contra el delegado del Gobierno en Madrid y, en cambio, no reenviar la denuncia al resto de comunidades para que se iniciaran investigaciones en cada una de las autonomías. De hecho, como recuerda el ministerio público, el abogado que impulsó el caso arremetía contra todos los delegados del Ejecutivo. “Dicho de otro modo: si la instructora encuentra indicios de criminalidad [contra Franco], concurriendo los mismos indicios contra el resto, lo correcto hubiera sido inhibirse respecto de cada uno de ellos. Sin embargo, pudiera haber ocurrido que los juzgados territorialmente competentes rechazaran de plano la denuncia, produciéndose la paradoja de que con esa denuncia inicial solo se encontrara imputado el delegado del Gobierno de Madrid”, sentencia el recurso.

Esta es la primera vez que la Fiscalía se pronuncia en esta causa, abierta el pasado 23 de marzo. El ministerio público consideraba desde el principio que el caso tenía poco recorrido jurídico, pero ha debatido en las últimas semanas si lo más idóneo era pedir ya el cierre de la investigación o, en cambio, no oponerse a que declaren Franco (citado el próximo miércoles) y los testigos ya citados por la juez y volver a evaluar su posición tras esas comparecencias. Finalmente, la Fiscalía ha optado por pedir el archivo ya.