El único juicio en El Salvador por la matanza de los jesuitas, “una manipulación de la justicia”

Los cuerpos sin vida aún yacían sobre el patio de la Universidad Centroamericana de El Salvador, la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Un montón de corresponsales, con la presencia incrédula del arzobispo Arturo Rivera y Damas, observaron los cadáveres de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, una trabajadora doméstica y su hija. Horas antes habían sido brutalmente asesinados por el Ejército. No fue hasta las 9.10, unas siete horas después de las ejecuciones, que dos investigadores del Estado llegaron para tomar pruebas. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó, en 1999, que todo fue parte de un proceso judicial “manipulado”, y que este lunes, 30 años después, verá una luz a 8.600 kilómetros de San Salvador, en la Audiencia Nacional en Madrid.

El informe cuenta con las investigaciones hechas por la Comisión de la Verdad de El Salvador, un ente que se creó en el marco de los acuerdos de paz que se firmaron entre el Gobierno y la guerrilla en 1992. El documento recoge minuciosamente cómo el proceso judicial que se inició en 1991 contra nueve soldados estuvo plagado de irregularidades que ponen en predicamento la sentencia. En enero de 1992, un juez del país centroamericano dictó 30 años de prisión contra el coronel Guillermo Alfredo Benavides y el teniente Yusshy Mendoza, ambos pertenecientes al batallón ultraderechista Atlacatl. En marzo de 1993, estos dos fueron amnistiados gracias a una ley aprobada por el Parlamento salvadoreño.

Durante el juicio, según reza en el informe, una de las pruebas más importantes para entender quién dio la orden de acribillar a los sacerdotes nunca pudo ser puesta a disposición judicial. Los dos inculpados formaban parte de la Escuela Militar y el libro de registro, que daba constancia de los movimientos que hubo esa madrugada, fue quemado. Su contenido nunca se pudo conocer. Otra de las múltiples irregularidades constatadas en el documento es que Rodolfo Antonio Parker Soto, el asesor jurídico de la comisión militar que se encargó de las primeras investigaciones, alteró las declaraciones de los testigos que involucraban a oficiales del alto mando en el crimen. Estos hechos, de acuerdo con la CIDH, explican en buena medida por qué en aquel proceso ninguno de los militares identificados como autores intelectuales fueron procesados ante el juzgado.

Tanto la CIDH como la Comisión de la Verdad identificaron a cinco militares como los encargados en dictar la orden. Entre ellos, el excoronel Inocente Orlando Montano, que entonces ocupaba el cargo de viceministro de Seguridad y que figura en el juicio de la Audiencia Nacional como presunto autor intelectual. El crimen se dio en un contexto de violencia exacerbada en el país centroamericano, sumido en una guerra civil (1980-1992) que se cobró más de 75.000 vidas. En esos momentos de extrema tensión, el propio Montano había cargado públicamente contra el teólogo jesuita de origen vasco, Ignacio Ellacuría (uno de los asesinados) a quien vinculaba falsamente con el terrorismo de la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Otro cabo suelto es el de las renuncias de dos fiscales de la parte acusadora, Sidney Blanco y Henry Campos. Ambos han sido más que explícitos en sus razones: la Fiscalía buscó por todos los medios que las sentencias fuesen única y exclusivamente contra autores materiales, pero no los intelectuales. Es por eso que dentro de sus conclusiones, la CIDH le requirió al Estado salvadoreño que reiniciase un proceso justo y con garantías.

Hasta el momento, poco y nada. Las décadas han pasado y el caso en el país centroamericano continúa varado —pese a que en 2016 el Supremo haya calificado como inconstitucional la ley de amnistía que sacó de la cárcel a los únicos dos condenados—. El juicio iniciado en la Audiencia Nacional contra el excoronel Inocente Orlando Montano (los cargos contra Yusshy Mendoza han sido retirados) es una luz al final de un largo túnel de irregularidades que han evitado que se haga justicia.