En busca de justicia 30 años después: comienza la vista en la Audiencia Nacional por la matanza de jesuitas en El Salvador

Tras una batalla de más de 30 años, este lunes se sentarán finalmente en el banquillo de la Audiencia Nacional el excoronel Inocente Orlando Montano, exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, y uno de sus subordinados, acusados de participar en el “diseño” y “ejecución” de la matanza de los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, perpetrada en 1989 y entre cuyas víctimas se encontraban cinco españoles. Uno de ellos, el teólogo Ignacio Ellacuría. La Fiscalía pide una condena de 150 años de cárcel para el primero, y 5 para el segundo.

“Para nosotros, celebrar este juicio es un paso muy importante”, se sincera José María Tojeira, compañero de las víctimas y posterior rector de la UCA. “El proceso en España siempre ha tenido mucha repercusión en El Salvador y ha servido para reimpulsar aquí la causa contra otros presuntos autores intelectuales del asesinato, que actualmente se encuentra prácticamente parada”, relata el jesuita por teléfono, apenas un día antes de que arranque en la Audiencia Nacional la vista oral contra dos acusados por la matanza de hace tres décadas.

La Fiscalía y la Asociación Pro Derechos Humanos de España centran su acusación en el excoronel Montano, que entonces ocupaba el cargo de viceministro de Seguridad. Según el ministerio público, este reconocido miembro de La Tandona, una promoción de oficiales ultraderechistas que ocupó puestos clave en el Ejército, formó parte del grupo de autoridades que decidió y ordenó que los militares irrumpieran durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana, donde tirotearon a seis sacerdotes jesuitas —los españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno; y el salvadoreño Joaquín López— y a la mujer e hija del guardián de la universidad, Elba y Celina Ramos. Son “los mártires de la UCA”, como los ha bautizado el propio centro docente, que recibió en 1990 el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades por “su denodada defensa de la libertad” y “el diálogo”. “Supremos valores, en cuya defensa ha dado heroico testimonio el claustro de sus profesores”, destacó el jurado.

Montano, encarcelado en España desde 2017 después de que Estados Unidos lo entregara tras una ardua pelea judicial, fue señalado como uno de los autores intelectuales. El ahora septuagenario destacaba por sus arremetidas contra Ellacuría y sus compañeros, a los que acusaba de conexiones con “terroristas”. Como dijo el juez Manuel García-Castellón cuando lo envió a prisión a la espera de que se celebrase el juicio, el coronel utilizó la emisora de radio oficial del Estado para lanzar amenazas de muerte solo unos días antes del asesinato múltiple. Además, era miembro de “una estructura al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública con ejecuciones civiles y desapariciones forzosas”, añade la Fiscalía. A la investigación se han incorporado archivos desclasificados del Departamento de Estado, la CIA y el Departamento de Defensa de EE UU.

Ellacuría, nacido en Portugalete (Bizkaia) en 1930, se había convertido en una figura muy incómoda para el Gobierno y en la bestia negra de los grupos de ultraderecha que operaban en el país en plena guerra. Este comprometido teólogo de la liberación apostaba por el diálogo para lograr la paz entre la guerrilla revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el régimen.

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“Requiere un gran coraje vivir en un país donde las armas de la muerte estallan con desesperada frecuencia en la más amenazadora de las proximidades”, denunciaba el jesuita unos días antes de su muerte, durante un viaje a España. “Estoy abrumado por el hecho terrorista. Estoy dispuesto a trabajar por la promoción de los derechos humanos. [...] Quisiera apoyar todo esfuerzo razonable para que prosiga el diálogo/negociación de la manera más efectiva posible”, escribía en una carta fechada en Salamanca el 9 de noviembre de 1989 y dirigida al ministro de la Presidencia, el coronel Juan Antonio Martínez Varela, donde le anunciaba su vuelta a El Salvador el día 13.

José María Tojeira cree que el juicio —en el que también se encuentra acusado Rene Yushsy Mendoza, un antiguo teniente del ejército salvadoreño y miembro del batallón Atlacatl, ejecutor de los asesinatos— servirá para reimpulsar la causa abierta en El Salvador contra otros cinco supuestos autores intelectuales de la matanza. “Aquí siempre ha habido muchas reticencias a investigar. Pero en 2016 logramos, gracias también a la presión internacional, que se declarara inconstitucional la ley de amnistía que lo impedía. Eso permitió reabrir la causa, que ahora mismo se encuentra casi parada”, apunta el jesuita, que añade: “Ha pasado mucho tiempo. Nosotros no tenemos problema de que, después de los juicios, se les puedan dar medidas de gracia por la edad. Creemos en la verdad y en la justicia para que no se repitan estos crímenes. Y también en el perdón”.