la crisis del coronavirus

El Congreso estrena su “nueva normalidad”

El Parlamento recupera tras tres meses su labor legislativa y debe gestionar la ingente tarea de la comisión de reconstrucción en un clima de confrontación

La portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, a la entrada del hemiciclo la semana pasada.
La portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, a la entrada del hemiciclo la semana pasada.Chema Moya / EL PAÍS

El Congreso de los Diputados retoma esta semana, después de tres meses al ralentí por la pandemia de la covid-19, su plena actividad no solo de control al Gobierno sino de debate de proyectos de ley y proposiciones de la oposición. La presencia física en el Parlamento seguirá siendo mínima en esta fase 1 en Madrid, con solo el 10% de los parlamentarios, pero irá en aumento a partir de la semana que viene. Pero los planes de desescalada no afectarán al tono político del país. El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, pidió este domingo a los suyos que no entren en la provocación porque los ciudadanos no quieren crispación, pero la confrontación seguirá y será “firme e indómita”, como anuncia la oposición. El mayor reto del Congreso, en la entrada a su “nueva normalidad”, se fija en la tarea ingente de la comisión de reconstrucción tras la pandemia: que debe resolver en un mes 104 comparecencias y estudiarse 286 documentos para llegar a alguna conclusión que sea aceptable para la mayoría.

En el Gobierno y en la dirección del Congreso están satisfechos con la labor realizada por el Parlamento en estos casi tres meses desde que el 10 de marzo la Junta de Portavoces suspendiese el pleno de aquella semana tras la decisión de Vox de poner a su grupo en cuarentena por la infección de coronavirus de su diputado Javier Ortega Smith. Dos días después la Junta anuló los siguientes plenos y dejó el Parlamento bajó mínimos solo para convalidar decretos de estado de alarma y permitió la celebración de las comisiones de Sanidad para que el ministro, Salvador Illa, fuese informando, en 10 sesiones y más de 30 comparecencias, de los pasos planteados durante la crisis.

La oposición de derechas y hasta partidos aliados desde la investidura o en diversas votaciones con el Ejecutivo han protestado por la falta de información en el Congreso de parte del Gobierno.

En el Ejecutivo y en la Cámara presumen con sus números de que la actividad ha sido incluso “superior a periodos normales de funcionamiento”. El calendario de este periodo de sesiones se fijó el 28 de enero y se modificó el 18 de febrero, antes del estallido de la pandemia, con ocho plenos: luego han sido 10. En todos participó el presidente para defender en ocasiones de manera acumulada las cinco prórrogas, preguntas de control y una para informar de los Consejos europeos de febrero y marzo.

En esta etapa se han convalidado 15 reales decretos ley, siempre con la participación de algún miembro del Ejecutivo y 12 tramitados como proyectos de ley, y en el registro, que ha permanecido abierto, se han facilitado con algunas limitaciones 13 proyectos de ley, 14 proposiciones de ley de los distintos grupos, un centenar de proposiciones no de ley en pleno, más de 500 en las comisiones y unas 8.000 preguntas de la oposición. Cifras que oficialmente superan las iniciativas presentadas en esas mismas fechas otros años.

Los grandes números no ocultan que el debate parlamentario y la labor legislativa han estado muy limitados, al ceñirse solo a la crisis del coronavirus y no permitirse la discusión de proposiciones de ley y mociones porque su votación debe ser presencial y no telemática, según el reglamento, al poderse modificar sus textos tras los debates con enmiendas. Esa restricción es la que se acaba esta semana, en la que en el orden del día del pleno del miércoles y el jueves hay junto a la prórroga del estado de alarma y 16 preguntas de control (otra vez seis contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska), tres interpelaciones urgentes (sobre transportes, seguridad e industria), la primera ratificación tras la crisis de un convenio internacional (sobre el Brexit), un debate sobre la ley del Impuesto de Servicios Digitales (la tasa Google) y la toma en consideración de una proposición de ley de Vox sobre la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad. Será un debate largo y áspero, seguro. Y no será el último.

El presidente Sánchez defiende que su partido no debe caer en la provocación de la que reniegan los ciudadanos, pero no equipara las culpas del desagradable clima político. Las carga sobre todo en la oposición del PP y Vox.

En la dirección del grupo parlamentario del PP no reniegan de su estrategia de disputa “racional e indómita, no domesticable ni sumisa” contra el Gobierno y en particular contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Al contrario. Anuncian que seguirán en esa línea. La portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, se siente respaldada por sus intervenciones nada “dóciles” y en su entorno vaticinan más: “A los demócratas no nos van a dar lecciones los que no lo son e Iglesias no tiene ningún tipo de superioridad moral sino todo lo contrario”. Álvarez de Toledo mantiene, y así se lo expresó en una charla privada a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, que decir que Iglesias es hijo de un terrorista de la FRAP no es ningún insulto y que lo soltó cuando el líder de Podemos aludió al dato cierto de que ella era hija de un marqués. Las mismas fuentes rebaten que “la crispación sea algo malo ni nuevo sino un recurso recurrente y normal para un partido de la oposición que tiene que hacer crítica firme y presentar un proyecto alternativo”.

Muy similar será la posición que mantendrá Vox en la Cámara. Tanto que el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha salido estos días en defensa de la “valiente” Álvarez de Toledo contra las críticas en el PP como las de Alberto Núñez Feijóo y apuntando a Iglesias: “Lo que no se puede es ser un matón y esperar que los adversarios siempre se amilanen”. En su defensa del tono tan beligerante de su partido, Espinosa llega incluso a citar al líder antiapartheid sudafricano Desmond Tutu, a quien escuchó decir hace 21 años durante una charla en un máster MBA en Chicago: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

El único ámbito que parecía a salvo de esas luchas partidarias era la comisión de reconstrucción económica y social del país, seguramente porque se fijó la ambiciosa meta no de investigar el pasado sino de proponer conclusiones de futuro muy mayoritarias en apenas un mes de trabajo. El PP, además, optó ahí por nominar como caras más visibles a las experimentadas exministras Ana Pastor y Elvira Rodríguez y se notó. Sus intervenciones no han contenido ni un insulto y apenas críticas. La mayoría pactó de entrada reducir las 308 comparecencias sugeridas al comienzo a solo 41 ante el plenario y 63 en los cuatro grupos de trabajo, pero han reclamado 286 peticiones de densa documentación, informes y tratados con todo tipo de estadísticas. El reto era tan enorme que los diputados parecían centrados en ofrecer otra imagen de su labor. Hasta que un minuto de acalorado combate entre Iglesias y Vox lo estropeó todo otra.

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