El cese del ‘número tres’ aumenta la tensión en la Guardia Civil

El seísmo provocado por el cese fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos sigue generando réplicas. Tras la renuncia del número dos del cuerpo, el ya ex director adjunto operativo (DAO) Laurentino Ceña, ahora sale de su puesto al frente del Mando de Operaciones (MOP) el general Fernando Santafé, considerado el número tres del instituto armado. Fuentes del cuerpo aseguran que la razón es que “Santafé no está conforme con la propuesta del ministro Fernando Grande-Marlaska para nombrar nuevo DAO al general Pablo Salas, por considerar que no se ha respetado la norma no escrita de la antigüedad, y que le habría convertido a él en el primer candidato para ese puesto”. Posteriormente ha acordado su “cese pactado” con el ministro, según fuentes de Interior, que aseguran que la decisión de su salida estaba tomada “mucho antes” y que tenían prevista hacerla pública “el próximo 2 de junio”, junto al nombramiento del nuevo DAO. “La dimisión de Ceña, que iba a jubilarse en una semana, ha precipitado todo”, aseguran las mismas fuentes. Desde la dirección general de la Guardia Civil recuerdan que “no siempre se ha respetado ese principio tácito de antigüedad en los nombramientos”.

La concatenación de ceses, renuncias y movimientos ha generado una de las situaciones más críticas en la historia de la Guardia Civil y ha convertido al ministro del Interior en el foco de duras críticas por parte de la oposición, que ha pedido su dimisión. Marlaska justificó el cese de Pérez de los Cobos como un cambio “normal” en "la constitución de un nuevo equipo”, aunque se produce justo después de que se conociera un informe elaborado por una Unidad de la Policía Judicial de la comandancia de Madrid —que hasta ahora dirigía el coronel— sobre la autorización de actos multitudinarios, como la manifestación del 8-M, en los días previos a decretarse el estado de alarma por la covid-19. El documento fue enviado a la juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga por una presunta prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la celebración de esas manifestaciones.

Fuentes de Interior incluyen el relevo de Santafé en el marco de ese nuevo plan: “El nuevo impulso que desde el Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Guardia Civil se le quiere dar a la Guardia Civil ante los retos de la seguridad del siglo XXI”, explican en una nota.

Su sustituto será Félix Bláquez, hasta ahora Autoridad Nacional de Coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes. Al igual que Salas, hasta ahora general de división, tendrá que ser previamente ascendido a teniente general. Por su parte, Santafé “será propuesto para ocupar un nuevo destino en la Dirección del Centro Universitario de la Guardia Civil. Mientras se produce este nombramiento, el general Santafé estará encuadrado administrativamente en el Ministerio del Interior, en una plaza acorde a su categoría”, señala la nota de Interior.

En una Dirección General de la Guardia Civil incendiada por estos acontecimientos, se suceden las presiones internas para que dimita la directora general, María Gámez, que apenas lleva unos meses en el cargo que por primera vez ostenta una mujer, “por no defender al coronel Pérez de los Cobos”, señalan fuentes del instituto armado próximas a esa dirección general. Sin embargo, desde esa misma dirección general se asegura que la directora “no ha recibido, ni formal ni informalmente ninguna presión para abandonar su puesto” y que en la mañana de este miércoles “mantuvo una reunión telemática con los generales y participó en el minuto de silencio por las víctimas del coronavirus”.

En la Guardia Civil llueve sobre mojado. Las actuales tensiones vinieron precedidas, hace solo tres semanas, de roces entre la directora general y el generalato, según fuentes del instituto armado. Después de meses de permanecer congelados los ascensos a general, se dio luz verde al nombramiento de cinco nuevos generales: dos de división y tres de brigada. La elección corresponde al Gobierno, pero el Consejo General de la Guardia Civil, integrado por todos los generales en activo del cuerpo, debe informar los ascensos; es decir, debe presentar una clasificación de los candidatos por orden de preferencia tras evaluar su idoneidad profesional.

Esta lista se entrega a la directora de la Guardia Civil que, tras añadirle su propio informe, la eleva a la ministra de Defensa que, una vez que ha escuchado al ministro del Interior, presenta los ascensos al Consejo de Ministros.

Esa es la teoría, sin embargo en este caso se comunicó a los generales que los ascensos ya estaban decididos antes de que presentaran su informe, lo que generó un fuerte malestar, según fuentes del instituto armado. Finalmente, los nombramientos se aprobaron en el Consejo de Ministros del 19 de mayo e incluyeron algún nombre que ni siquiera figuraba en las listas discutidas por el Consejo Superior de la Guardia Civil por pertenecer a promociones que se consideraban ya amortizadas, aunque cumplía todos los requisitos legales.

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