El Defensor del Pueblo pide cambios legislativos para proteger a los trabajadores extranjeros

El Defensor del Pueblo quiere reformas en el Reglamento de la Ley de Extranjería para facilitar la inclusión social y laboral de los trabajadores extranjeros, un colectivo fundamental para el crecimiento económico del país. Los inmigrantes son un 15% de los trabajadores, están empleados en servicios tan cruciales como la agricultura o el cuidado de niños y ancianos, pero mantener sus papeles, cambiar de trabajo o de sector les supone una exigente gincana burocrática. En el informe anual de la institución, Francisco Fernández Marugán propone cambios que den mayor seguridad laboral no solo a los tres millones de trabajadores extranjeros sino a los que potencialmente podrían incorporarse al mercado laboral. Con una España envejecida, los inmigrantes son el 70% de los nuevos activos del mercado laboral desde 2006, señala.

Fernández Marugán presenta sus recomendaciones junto a un extenso documento de más de 100 páginas, basado en datos y estudios diversos y, sobre todo, en el trabajo del economista Ramón Mahía un investigador del impacto de la inmigración en la economía. “La inmigración ha sido, es ―y será― una oportunidad e incluso una necesidad desde el punto de vista económico”, concluye el defensor. "Pero los vínculos positivos entre inmigración y economía no son automáticos sino que requieren un marco jurídico completo y bien diseñado en materia de extranjería”, advierte. La propuesta llega con un economista, José Luis Escrivá, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ya ha mostrado su intención de flexibilizar las normas para integrar a más inmigrantes al mercado laboral para garantizar el sistema de bienestar y las pensiones.

El Defensor plantea reducir algunas exigencias del reglamento de la Ley de Extranjería que serían difíciles de cumplir hasta para un español. Es el caso de un trabajador extranjero que quiera regularizarse gracias a una oportunidad de empleo y debe presentar un contrato de una duración mínima de un año. Este es un requisito muy exigente si se tiene en cuenta que los inmigrantes ocupan los trabajos más precarios y que un 41% de los trabajadores extranjeros obtiene contratos temporales, frente al 25% de los españoles, según datos del INE recogidos en el informe. El Defensor propone tomar en cuenta la realidad del mercado laboral y reducir esa duración contractual a seis meses.

Las cuidadoras de niños y ancianos cuentan con especial atención del Defensor. A pesar de su importante papel, las empleadas domésticas enfrentan, además de la irregularidad, trabas para conseguir y mantener sus papeles o poder traer a sus hijos a España. Las mujeres extranjeras suponen un 60% del total de los empleados domésticos registrados oficialmente en España y su papel será cada vez más importante. “Para España, las previsiones de la tasa de dependencia [la proporción de personas dependientes sobre la población en edad de trabajar] son alarmantes”, advierte Fernández Marugán. Según la proyección planteada en el informe, la tasa actual de dependencia (54%) se incrementaría hasta el 62 % en los próximos 15 años, y seguiría subiendo, alcanzando el valor máximo del 84 % hacia 2050. El Defensor propone reducir las exigencias económicas que deben cumplir las madres que quieren reagrupar a sus hijos y también recomienda flexibilizar el Reglamento para adaptarlo a una situación común en este colectivo: la muerte de su empleador. La norma dificulta que la trabajadora pueda ser dada de alta por otra persona, y mantener así sus papeles, si fallece quien la contrató.

La captación de talento a medio y largo plazo exige también cambios legislativos, advierte el Defensor. Según datos recogidos por el INE en un estudio sobre la situación de los inmigrantes en el mercado laboral, la mitad de los trabajadores nacidos en el extranjero (51%) afirman que su nivel de estudios, experiencia o capacitación les permitirían desarrollar tareas de mayor cualificación que las que desempeñan actualmente. En algunos casos el Reglamento no facilita, por ejemplo, que un extranjero que espera la homologación de su título universitario trabajando en un sector ajeno al suyo pueda cambiar de actividad.

Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y que la reducción de la fuerza laboral debilita el potencial de crecimiento de la economía, el Defensor también demanda cambios en la normativa que rige las autorizaciones de residencia y trabajo de los menores extranjeros no acompañados. La Secretaría de Estado de Migraciones ya dictó instrucciones en marzo para conceder automáticamente una autorización de trabajo a los menores extranjeros no acompañados a partir de los 16 años, pero a juicio del defensor aún puede avanzarse más en la inclusión de este colectivo, sobre todo cuando cumple la mayoría de edad. Por último, Fernández Marugán demanda modificaciones con el fin de restringir los supuestos en los que un menor de edad nacido en España, hijo de un residente legal, pueda encontrarse en situación de irregularidad.