Siete autonomías se oponen al desconfinamiento por provincias y el Gobierno se abre a revisarlo

Los Gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco y Galicia, de distinto signo político, rechazan el plan del Ejecutivo de usar el límite provincial a la hora de aplicar las diferentes fases de desconfinamiento. Proponen, en su lugar, que la estrategia se adapte a las áreas sanitarias de cada comunidad, porque estas son más precisas para monitorizar las necesidades de cada municipio. El Gobierno no descarta acceder a estas peticiones si las comunidades son capaces de garantizar, según ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que no haya movilidad entre estas áreas.

Antoni Trilla, epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona y miembro del comité asesor del Gobierno de Pedro Sánchez ha afirmado este miércoles en Catalunya Ràdio que ese plan responde a decisiones políticas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por José Luis Ábalos, y que deberían poder plantearse cambios a nivel local. El Gobierno más vehemente en la defensa de su modelo ha sido el catalán. “La coordinación es centralización y menosprecio a todo los que hemos argumentado. Cataluña vuelve a 1833”, tuiteó el president Quim Torra, refiriéndose al primer mapa que dividió España en provincias.

El ordenamiento territorial histórico que defiende el Ejecutivo catalán es el de las veguerías, establecido por ley autonómica en 2010. El tripartito formado por PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya aprobó la norma que introducía siete veguerías como modelo supracomarcal en detrimento de las diputaciones. Las regiones sanitarias de Cataluña coinciden con la demarcación de estas veguerías. “Es posible que la opción de optar por las delimitaciones provinciales por parte del Gobierno central obedezca a la voluntad de disponer de un criterio homogéneo para el conjunto del Estado”, opina Oriol Nel·lo, profesor de geografía de la Universitat Autónoma de Barcelona. Nel·lo, que subraya que esta cuestión debe ser valorada por epidemiólogos, añade que “en el ámbito catalán, las regiones sanitarias se corresponden, en términos generales, mejor que las provincias a los espacios de vida y a los patrones de movilidad cotidiana de la población”.

La Generalitat plantea, como otras comunidades autónomas que piden mayor singularidad, que se priorice el mapa de distritos sanitarios, argumentando que facilita una mejor radiografía de la situación. La diferencia es que la coalición entre Junts per Catalunya y ERC ve en la situación una nueva afrenta política. “Nunca han creído en el autogobierno, ya sea catalán o extremeño. Esto no es nuevo; en cada crisis han intentado laminar o revertir el Estado autonómico”, escribió en Twitter el director general de comunicación de la Generalitat.

El Ejecutivo vasco también criticó un proyecto que considera centralizador. “Me ha sorprendido la irrupción del pluriprovincialismo, porque pensábamos que teníamos en Madrid un Gobierno que defendía la plurinacionalidad”, afirmó el portavoz del ejecutivo vasco, Josu Erkoreka. Menos beligerante fue el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, que apostó por que la desescalada siga el patrón de los 24 departamentos de salud que rigen en su comunidad, pero incidió en que no se trataba de “una enmienda a la totalidad” ni una propuesta con “perspectiva identitaria”.

Otras administraciones socialistas que han pedido superar el plan por provincias son Aragón y Castilla-La Mancha. La consejera aragonesa de la Presidencia, Mayte Pérez, anunció que propondrán que el desconfinamiento se haga teniendo en cuanta la densidad demográfica de cada zona, ya que el actual documento no atiende a la “realidad territorial” de Aragón. Castilla-La Mancha pondrá sobre la mesa que se estudie distinguir entre zonas urbanas y rurales, ya que cuenta con provincias con diferencias muy marcadas entre ellas. Su consejero de Sanidad, Jesús Fernández, explicó que elaboran una propuesta para el desconfinamiento que “no diferenciará entre una provincia y otra porque posee un sistema sanitario que trabaja en red”. La Junta de Extremadura también había señalado la idoneidad de priorizar las áreas de salud, aunque fuentes de la presidencia de esta comunidad matizan que no presentarán discrepancias con el plan de Sánchez.

Castilla y León, gobernada por PP y Ciudadanos, reivindica que los planes de desescalada se apliquen en términos de zonas de salud más que en provincias. Es muy importante tener unidades más pequeñas a las de la provincia”, dijo la consejera de Sanidad, Verónica Casado. El presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó: “Seguimos pidiendo que el marco geográfico sea inferior a la provincia. Esperamos que el Gobierno acceda a bajar este límite por debajo de la provincia para no castigar al medio rural. En una comunidad con 95.000 kilómetros de extensión y población dispersa, la zona básica de salud nos permite controlar mejor todos los indicadores”.

Con información de Cristian Segura, Eva Saiz, Mikel Ormazabal, Juan Carlos Espinosa, Juan Navarro y Ferran Bono.

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