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La excúpula de UGT en Andalucía, al banquillo por un supuesto fraude de 40 millones

Un juez abre juicio oral contra 15 excargos y empresarios por desviar subvenciones de la Junta y declara al sindicato responsable civil

Fernández Sevilla, tras presentar su dimisión en la sede regional de UGT, en noviembre de 2013.
Fernández Sevilla, tras presentar su dimisión en la sede regional de UGT, en noviembre de 2013.PACO PUENTES

La excúpula del sindicato UGT en Andalucía se sentará en el banquillo de los acusados por un supuesto fraude de 40 millones de euros, dinero que recibió como subvenciones desde la Junta andaluza entre 2009 y 2013 para la formación, pero que destinó a sus gastos corrientes. El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla ha abierto juicio oral contra el ex secretario general de UGT Francisco Fernández Sevilla, otros cuatro excargos del sindicato y 10 empresarios.

El magistrado Juan José García Vélez ha fijado una fianza de 40 millones para los acusados y ha designado a UGT como responsable civil subsidiario, por lo que en caso de una hipotética condena el sindicato debería afrontar la fianza si los acusados se declararan insolventes, lo que supondría un gravísimo agujero en las finanzas de UGT. El sindicato afronta un horizonte económico muy complejo, ya que en vía administrativa la Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos) le exige la devolución de 18 millones por las ayudas en formación que UGT recibió en 2007.

El juez, en un auto dictado el 13 de marzo pero que ha trascendido este miércoles, acusa a los 15 procesados de fraude continuado de subvenciones en concurso con otro delito de falsedad en documento mercantil, para los que la Fiscalía Anticorrupción pide en total 26 años de cárcel y 200 millones en multas. Los 15 procesados están citados en el juzgado de instrucción entre los próximos 15 y 17 de junio para comparecer ante el magistrado, antes de que se celebre la vista oral en la Audiencia de Sevilla en los próximos años.

El abogado de UGT en Andalucía, Germán Fernández, ha alegado que el sindicato no considera justificado el proceso penal: “El perito que por encargo del juez ha trabajado cuatro años no habla de una cantidad defraudada ni de que exista un fraude a lo largo de su informe, y sin embargo está en el auto judicial. Estamos ante cuestiones administrativas sin contenido penal, no se ha defraudado”. UGT no se personó como parte en el procedimiento hasta el pasado diciembre, cuando el juez fijó la responsabilidad civil del sindicato, tras lo que presentó un recurso de reforma ante el juez, que ha sido desestimado. La secretaria general del sindicato en esta comunidad, Carmen Castilla, rechazó valorar la resolución judicial que sienta en el banquillo a su predecesor en el cargo.

La investigación surgió hace siete años tras varias denuncias internas por la utilización de facturas falsas, lo que provocó la detención de 16 personas por parte de la Guardia Civil. El histórico exdirigente de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, fue acusado pero finalmente no se sentará en el banquillo al sufrir una enfermedad. Los cuatro miembros anteriores del sindicato son Fernández Sevilla, sucesor de Pastrana, el ex secretario general de Administración de UGT Andalucía Federico Fresneda, la ex secretaria de Gestión Económica María Charpín, la ex responsable del departamento de Compras, Dolores Sánchez y el consejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea.

Asimismo afrontan el banquillo 10 empresarios que actuaron como proveedores del sindicato a través de las firmas que representaban, entre ellas agencias de viajes e imprentas, a las que el juez les exige una fianza de cuatro millones en total.

El magistrado expuso en su auto de procesamiento cómo supuestamente defraudó UGT el dinero destinado a la formación de desempleados: “Existieron procedimientos concertados entre los responsables de UGT y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”. Para lograrlo, las empresas actuaron como proveedores que dieron al sindicato “la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato”, según el juez. Este desvío de fondos se hacía mediante la técnica del rappel, el bote y la cesión de locales del sindicato a una sociedad mercantil de UGT, Soralpe, que luego alquilaba las aulas sin generar un gasto.

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