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El Constitucional admitirá el próximo 6 de mayo los recursos del ‘procés’ en un pleno telemático

La convocatoria se retrasó ante el temor de polémicas sobre la celebración de deliberaciones no presenciales de los magistrados

José María Brunet
Llegada de los presos del 'proces' al Parlament, el pasado mes de enero.
Llegada de los presos del 'proces' al Parlament, el pasado mes de enero.A. G. (Reuters)

Tras varios días de dudas y debates internos, el Tribunal Constitucional ha decidido celebrar el próximo día 6 de mayo un pleno telemático en el que admitirá a trámite los recursos presentados contra la sentencia del procés. La decisión se ha tomado ante las reiteradas quejas de los condenados en esta causa penal y por la necesidad de negar con los hechos las impresiones de que en el actual contexto de emergencia sanitaria el tribunal había entrado en un paréntesis de imprevisible duración.

La realidad es que el trabajo de base para impedir la parálisis del Constitucional ha venido realizándose desde el inicio del estado de alarma. Pero a partir de ese momento no ha habido plenos y, por tanto, no se han tomado decisiones sobre ninguno de los principales recursos pendientes. Así es tanto en relación con los recursos de amparo contra la sentencia del procés –que ahora quedarán avocados a pleno para todos los pasos posteriores– como en otros importantes asuntos pendientes. Entre ellos, la ley de Seguridad Ciudadana –que deberá resolver sobre las expulsiones de inmigrantes en caliente, entre otras cuestiones- o el código tributario catalán, una de las estructuras de estado que impulsaron los partidos independentistas.

Lo que ha aconsejado la desconvocatoria de plenos en el Constitucional ha sido fundamentalmente la prevención ante la posibilidad de contagios. Pero desde el principio existió la alternativa de llevar a cabo reuniones telemáticas. El propio presidente del tribunal, Juan José González Rivas, y un sector de magistrados fueron renuentes ante esta opción, no tanto por razones técnicas como por las limitaciones que el propio Constitucional se ha impuesto ante la posibilidad de avalar la toma de decisiones por vías no presenciales en algunas instituciones.

La negativa a validar deliberaciones no presenciales fue particularmente rotunda en la resolución de recursos de los mismos presos del procés, cuando pretendieron que algunos de ellos –Jordi Turull y Jordi Sànchez, después de intentarlo también Carles Puigdemont desde Bélgica- se sometieran al debate de investidura en el Parlament defendiendo su candidatura por videoconferencia. Un debate en el Constitucional tiene unos propósitos y naturaleza distintas, pero se temió que la opción de un pleno telemático diera lugar a nuevas comparaciones y polémicas. Y se temió también que esta circunstancia pudiera dar algún juego en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando la sentencia del procés sea recurrida ante esta instancia de la justicia europea, que será la que diga la última palabra en este largo procedimiento judicial.

De ahí las vacilaciones sobre cuál sería el mejor modo de desbloquear la actividad del Constitucional susceptible de proyección exterior. Con un factor añadido, y es que ni en la ley que rige el funcionamiento del tribunal ni en sus normas de desarrollo hay precepto alguno que habilite para plenos no presenciales. Tampoco los prohíbe, pero sentar el precedente era delicado. De modo que inicialmente se optó por encargar a un grupo de letrados del Constitucional la preparación de las propuestas de resolución sobre los recursos del procés, y esperar acontecimientos sobre la evolución de la pandemia, a la espera de que pudiera levantarse pronto el estado de alarma.

En esta fase se el presidente del tribunal desconvocó el pleno previsto para el próximo 21 de abril, y los abogados del procés pusieron el grito en el cielo, denunciando dilaciones indebidas en el procedimiento. Estas quejas contribuyeron a despejar las dudas del Constitucional sobre la conveniencia de celebrar un pleno telemático, que tendrá finalmente lugar el próximo 6 de mayo. El objetivo será admitir a a trámite tales impugnaciones y denegar las medidas cautelarísimas solicitadas por las defensas para que las condenas impuestas a los presos del procés sean suspendidas mientras dure la alerta sanitaria, o incluso hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto, a la espera de que entonces sean anuladas.

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Es probable que en este próximo pleno se rechace asimismo la recusación que Oriol Junqueras y Raül Romeva han presentado contra todos los magistrados del Constitucional. Paradógicamente, dicho rechazo obraría en el propio beneficio de ambos, puesto que de otro modo sus recursos de amparo quedarían paralizados. La ley prevé que nada pueda avanzar en un proceso cuando se formula una recusación hasta que este incidente haya sido resuelto. Si la iniciativa de Junqueras y Romeva no fuera rechazada de plano, y se tramitara, resultaría que los amparos pedidos por el resto de condenados por el procés iniciarían su camino en el Constitucional, mientras que esos dos recursos quedarían nuevamente paralizados. En todo caso, esta hipótesis es remota, porque lo previsto es que la recusación sea rechazada de plano.

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